​La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cuantificado en 23.000 los españoles cuyo patrimonio supera los 3 millones de euros y, por tanto, obligados a declarar por el nuevo impuesto temporal de solidaridad, conocido como el “impuesto a los ricos o de las grandes fortunas”. De ellos, unos 9.700, el 42% del total, residen en la Comunidad de Madrid, según los cálculos realizados por ON ECONOMIA. O dicho de otra forma, el 42% de las personas más ricas de España tiene su domicilio fiscal en ese territorio. Estos 9.700 contribuyentes, más otros 2.000 con residencia en Andalucía, unos 11.700 —la mitad de todos los españoles que superan los 3 millones— estarán obligados a pagar en su totalidad la cuota que les salga por el nuevo tributo. La otra mitad pagará tan solo una parte o incluso nada. El porqué de estas diferencias se debe a cómo se aplica en cada comunidad autónoma el actual impuesto de patrimonio, lo que permite que en unos territorios se pague más que en otras. O incluso que en Madrid y Andalucía no se pague nada porque así lo han establecido sus gobiernos autonómicos.

Además, para evitar que se tribute dos veces por el mismo concepto, el Gobierno ha establecido que lo que se haya desembolsado previamente por el impuesto de patrimonio se reste de la cuota que resulte en el nuevo impuesto de solidaridad. Lo que explica que la mitad de los 23.000 afectados pueda compensar con lo desembolsado por el impuesto de patrimonio la totalidad o parte de la cuota que les corresponda por el impuesto de solidaridad. Y la otra mitad -madrileños y andaluces-, que no pagan nada por el impuesto de patrimonio, tendrán que hacer frente a la totalidad de la cuota que les salga en el nuevo “impuesto a los ricos”.

Entre los 23.000 contribuyentes obligados a presentar su declaración por el nuevo tributo se diferencian tres bloques. El primero, especialmente afectado, deberá afrontar el desembolso íntegro de la cuota: se trata de los residentes en Madrid y Andalucía que este año 2022 (el impuesto se liquida en diciembre) tienen su cuota bonificada al 100%. Se sumarían en el próximo 2023 los murcianos si se cumple la promesa de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia. Son el grupo más numeroso, en torno a la mitad.

En Catalunya se abonará una parte

Un segundo grupo lo configuran los residentes de los territorios donde los tipos de gravamen en el impuesto de patrimonio, que determinan los gobiernos autonómicos, están por debajo de los fijados en la ley para el impuesto de patrimonio, idénticos a los tipos que la ministra Montero ha fijado para el nuevo impuesto de solidaridad. Así, puesto que sus tipos en el impuesto de patrimonio son inferiores a los que se usarán en el “impuesto a los ricos”, el dinero que abonan por el primero no será suficiente para compensar lo que han de pagar por el impuesto de solidaridad, lo que les obligará a ingresar la diferencia. En este grupo están los residentes de Galicia, Catalunya, Asturias, Cantabria y la Región de Murcia.

En el tercer grupo estarán los residentes de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares, la Comunidad valenciana y Extremadura que no deberán desembolsar nada por el nuevo impuesto de solidaridad, pues sus cuotas por patrimonio sobrepasan en todos los casos la que les corresponderá tributar por el nuevo “impuesto a los ricos”.

Cálculo a partir de distintas estadísticas

Las estadísticas que publica la Agencia Tributaria (AEAT) no segregan por territorios los 23.000 contribuyentes que sobrepasan los 3 millones de patrimonio lo que no permite, a simple vista, saber cuántos son los afectados por el nuevo impuesto que residen en Madrid y Andalucía. Sin embargo, existe una fórmula casando los datos de varias estadísticas de la AEAT para determinar, al menos, cuántos son los residentes en Madrid. José María Mollinedo, secretario de la asociación de subinspectores de Hacienda, Gestha, explica a este diario económico que es posible obtener el dato de la Comunidad de Madrid gracias a los contribuyentes bonificados por la exención autonómica, que la AEAT sí segmenta por tramos de patrimonio. Y, en la tributación del impuesto de patrimonio de 2019, los bonificados por la exención autonómica fueron 9.919.

Mollinedo advierte de que no todos estos contribuyentes bonificados son residentes de Madrid, aunque sí la gran mayoría ya que en 2019 (últimos datos disponibles para el análisis) era la única comunidad que tenía exención autonómica en la cuota. Posteriormente se sumaron Galicia, con un 25% de bonificación, y Andalucía que este 2022 aplicará por primera vez una bonificación del 100%, emulando a la Comunidad de Madrid. No obstante, hay una minoría de contribuyentes que residen fuera de Madrid que pueden disfrutar de una bonificación del 100% si están por debajo de determinados niveles de ingresos o por discapacidad. Aunque según se puede deducir de las estadísticas de la AEAT son tan solo el 2,2% del conjunto de contribuyentes que en 2019 disfrutaron de una bonificación completa. Así pues, de los 9.919 españoles que disfrutaron ese año de la exención autonómica, 9.700 son residentes de Madrid y los otros 220 de otros territorios.

Más impreciso es el cálculo de los andaluces que superan los 3 millones de euros y que, por tanto, estarán obligados a tributar en el impuesto y abonar la cuota resultante en su integridad. En 2019, los andaluces fueron algo más del 8,5% del total de españoles que declararon el impuesto de patrimonio, con una riqueza media declarada de 2,6 millones de euros. Por tanto, podrían sumar unos 2.000 los andaluces que superan los 3 millones de euros de patrimonio.

Diferencias entre los dos impuestos

La principal diferencia entre el actual impuesto de patrimonio y el nuevo de solidaridad es el nivel de patrimonio a partir del cual se está obligado a tributar. Pues bien, los límites del actual de patrimonio son muy inferiores, de 700.000 euros -500.000 en Catalunya- más 300.000 euros por la vivienda habitual. Con estos parámetros, en 2020 presentaron liquidación por el impuesto de patrimonio 219.000 españoles, con la salvedad de vascos y navarros que pagan su propio impuesto de patrimonio y no contabilizan en las estadísticas de la AEAT. Así, los 23.000 afectados por el nuevo impuesto suponen tan solo el 10,7% del actual impuesto de patrimonio.

Prisa por recaudar

El Gobierno de España tiene prisa por ingresar dinero del nuevo impuesto de solidaridad que nace con vocación de ser temporal. A tal fin, estará en el BOE este año para empezar a recaudar en 2023 con cargo al ejercicio fiscal de 2022. El nuevo tributo ha surgido de la pelea entre los territorios populares y el Gobierno de España que busca frenar la competencia fiscal entre territorios. Para conseguir tal objetivo, la nueva ley que regula el impuesto establece que se aplicará en todo el territorio nacional y no podrá ser transferido, aunque el Gobierno de España deberá negociar con vascos y navarros si finalmente se recauda en las dos comunidades con regímenes fiscales especiales.