La Generalitat ha desencadenado el malestar generalizado de las instituciones y administraciones con representación en Fira 2000 con el nombramiento a dedo de un nuevo director general, David Poudevida, hombre próximo a Oriol Junqueras y a Marta Rovira, situándolo al frente de este organismo encargado, entre otras cosas, de la ampliación del recinto ferial de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat. La decisión tomada para colocar a una persona de confianza de Esquerra Republicana liderando la entidad ha roto el consenso con que los socios de Fira 2000 tomaban sus decisiones.

Los ayuntamientos de Barcelona y de L'Hospitalet, la Diputación de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona y el Àrea Metropolitana de Barcelona, con una representatividad conjunta del 47,58% del accionariado de Fira 2000, votaron en contra de la designación de David Poudevida, exdelegado del Govern en Argentina, cargo que dejó en marzo de 2022. David Poudevida es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat de Barcelona y Executive MBA por el IESE Business School, y fue durante 14 años director de comunicación y marketing de los supermercados Bonpreu.

Desde mediados de 2022, el cargo de director general de Fira 2000 lo ocupaba Joaquim Ferrer, exsecretario de Empresa i Competitivitat y exalcalde de Vilassar de Mar, por la antigua CiU, entre 2007 y 2015. Acordada en su momento, la designación de Ferrer había contado con el apoyo de todo el consejo de administración y todas las partes avalan la gestión que ha realizado hasta ahora y que ha permitido iniciar la ampliación en L'Hospitalet, donde ya se está procediendo al movimiento de tierras. Las fuentes consultadas señalan que Ferrer hacía una gestión "transparente y eficiente", y que "no es el momento, ni son las formas" para relevarlo del cargo cuando hay que proceder a licitar la edificación de los nuevos pabellones feriales. El entonces conseller de Economia, Jaume Giró, fue el encargado de "encontrar a un hombre de consenso" como debe hacerse en todas "las instituciones donde están representadas las administraciones", explica el exconseller. "Debe prevalecer la meritocracia, no el clientelismo o el amiguismo, porque hay que buscar la persona en función de las responsabilidades de cada cargo", añade. El exconseller Giró, ahora miembro de la ejecutiva de Junts, manifiesta que en estos momentos Fira 2000 tiene que afrontar decisiones fundamentales para el futuro de Fira de Barcelona y que era primordial "encontrar un perfil consensuado y con capacidad y experiencia" en este tipo de cuestiones.

Las críticas de todos los actores implicados han surgido ante la imposición del candidato. Argumentan que, aunque se había pedido un debate pausado sobre el relevo en la dirección general, la Generalitat impuso su mayoría (52,42%) en la reunión del consejo de administración de la entidad, celebrada este martes. De hecho, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, pidió que se retirara del orden del día, para dar pie a abrir un debate ante una propuesta "de última hora".

Por su parte, la Generalitat argumenta que comunicó con antelación su idea y el nombre del candidato —parece que durante la celebración del salón del audiovisual ISE que se celebró hace dos semanas— y que se enmarca en el conjunto de cambios que lleva a cabo en todos los organismos que dependen del Govern, después de que Junts dejara el ejecutivo catalán.

Todas las fuentes consultadas por ON ECONOMIA aseguran que no se trata de "poner el veto" a una persona, sino de mantener "el espíritu de pacto" que siempre había determinado la gestión de una institución de país, como es Fira de Barcelona. Además, en un momento crucial para Fira 2000, que es la empresa encargada de todos los proyectos urbanísticos de Fira de Barcelona y, por lo tanto, tiene que llevar a cabo todo el proyecto para la ampliación del recinto ferial de Gran Via en L'Hospitalet, de más de 200 millones de euros, y que irá acompañado de la remodelación de los espacios de Fira en Montjuïc, con un proyecto de más de 100 millones de euros.

Tampoco han faltado las reticencias expresadas desde el tejido empresarial por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre. Entre los recelos por la situación que se ha creado y la unilateralidad demostrada por la Generalitat, la patronal se ha alineado con las críticas versadas por el resto de instituciones y entidades vinculadas a Fira 2000. Respecto a la falta de consenso, el presidente de Foment ha insistido en que la patronal acudió al Departament de Economia y a la dirección de Esquerra Republicana para advertir de la equivocación que cometerían si tomaban la decisión de forma unilateral y no contaban con el beneplácito de todas las partes.