Los países de la UE cuyo déficit público supere el 3% de su PIB, como sucede con España, estarán obligados a realizar ajustes presupuestarios más severos que los de los países que se sitúen por debajo de ese umbral y, en caso de incumplimiento persistente, se enfrentarán a multas cada seis meses que se acumularán hasta que adopten “medidas efectivas”. Por el contrario, los países que mantengan un déficit inferior al 3% y una deuda por debajo del 60% del PIB a medio plazo estarán exentos de presentar planes de ajuste fiscal.
Este tratamiento diferencial según el punto de partida de cada país es el aspecto esencial de la propuesta legislativa para la aprobación del nuevo marco fiscal europeo que la Comisión Europea ha presentado este miércoles tras meses de negociaciones políticas entre los Estados miembro a nivel político y cuatro años de suspensión de las reglas fiscales por la pandemia y por la guerra de Rusia en Ucrania. La propuesta de la Comisión debe ser ahora discutida y aprobada por el Consejo de Europa.
De acuerdo con la propuesta, aquellos países con una deuda pública superior al 60% del PIB o con un déficit anual por encima del 3% del PIB tendrán que presentar un plan de ajuste a cuatro años con las medidas detalladas para lograr reducirla de “forma plausible” o llevarla a niveles “prudentes” durante El horizonte de vida del plan. Además, se les impone un recorte anual de como mínimo el 0,5% del PIB hasta situarlo por debajo de la referencia del 3%. En el caso de España, eso supondría un recorte anual del déficit de 7.000 millones como mínimo. En 2022, el déficit público fue del 4,8% –1,8 puntos porcentuales de la referencia– y una deuda del 113,2% del PIB.
Bruselas admite que la reforma persigue adaptar el marco presupuestario de la UE a la “heterogénea” posición fiscal de los países, cuyas deudas se han disparado en los últimos años y también dejar espacio para que puedan acelerar las transiciones verde y digital. El nuevo marco pone el acento en una mayor flexibilidad para los Estados miembros, que elaborarán sus propios planes presupuestarios con un solo indicador como base: el gasto primario neto, que excluye los intereses de la deuda y las prestaciones por desempleo.
Estas trayectorias fiscales nacionales tendrán que estar basadas en una serie de recomendaciones “técnicas” que la Comisión Europea trasladará a cada país y abarcarán un periodo de cuatro años, ampliables a siete si el país se compromete a adoptar reformas estructurales o inversiones para la descarbonización y la digitalización de su economía. El seguimiento anual por parte de la Comisión será menos oneroso para los Estados, ya que en lugar de proponer recomendaciones anuales de política fiscal, la Comisión se centrará en el cumplimiento de los objetivos de gasto plurianuales. Los Estados miembro deberán presentar informes anuales centrados en la implementación en lugar de los programas anuales de estabilidad o convergencia y los programas nacionales de reforma.
Un ajuste no previsto en la propuesta inicial
El recorte anual obligatorio del 0,5% del déficit incluido en la propuesta que la Comisión ha presentado este miércoles no estaba previsto en su propuesta inicial y llega después de que algunos países pidiesen referencias numéricas concretas para garantizar los ajustes. Sin embargo, la Comisión no ha recogido la propuesta de Alemania, que pedía exigir rebajar la deuda un 1 % del PIB cada año y ha eliminado, como tenía previsto, la norma que obligaba a recortarla en un veinteavo de su volumen anualmente por considerarla “demasiado rígida y exigente”.
Eliminarla permitirá una “aplicación realista” de los expedientes basados en el exceso de deuda pública, “que hasta ahora existen en el marco, pero nunca habían sido aplicados”, según explicó el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa para presentar el nuevo marco normativo.
El Ejecutivo comunitario ha introducido además otras salvaguardas para asegurar que los países no retrasan los ajustes: la deuda no podrá ser más alta al final del plan que al inicio, no se podrán dejar los recortes para el final aunque se amplíe la senda a siete años y el aumento del gasto público sin contar prestaciones por desempleo e intereses de la deuda tendrá que mantenerse por debajo del crecimiento a medio plazo.
Multas por incumplimiento
Posibles “desviaciones” de las sendas fiscales pactadas por Bruselas derivarán en la apertura de un expediente por déficit excesivo y, en última instancia, en la imposición de multas por incumplimiento, que Bruselas ha modificado para que sean más automáticas y realistas, puesto que en los veinte años del pacto nunca se han llegado a aplicar. De esta forma, la nueva redacción prevé cada seis meses sanciones equivalentes al 0,05% del PIB que se irán acumulando hasta un máximo del 0,5% del PIB hasta que el país afectado demuestre que ha adoptado “medidas efectivas” para embridar sus cuentas públicas.
“También podemos imponer sanciones financieras y bajar su cuantía (con respecto a las reglas actuales) hará que sean más fáciles de imponer”, explicó Dombrovskis al respecto. La intención de los propios gobiernos europeos es negociar las propuestas legislativas en los próximos meses y lograr un acuerdo antes de que acabe el año para que el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento pueda entrar en vigor ya en 2024. De hecho, la Comisión urge al Parlamento Europeo y al Consejo que lleguen a un acuerdo sobre las propuestas legislativas presentadas este miércoles "lo antes posible".