El debate de ON ECONOMIA celebrado este lunes puso de manifiesto, además de las diferencias entre los partidos que aspiran a la presidencia de la Generalitat, algunos consensos que, aunque parecen poner de acuerdo a la mayoría de partidos, no arrancan porque nadie los aplica. Y el déficit de vivienda pública acumulado implica a Junts, PSC, En Comú Podem (antes Iniciativa) y Esquerra por los gobiernos de la Generalitat y a PP y PSOE por los centrales. Poner en el mercado de alquiler vivienda social y asequible es una medida en la que incluso el Sindicat de Llogateres y la patronal inmobiliaria pueden llegar a estar de acuerdo, pero aunque el Gobierno español, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona han ido anunciando medidas y los partidos prometen miles de pisos, nadie acaba de compensar el gran déficit de vivienda social y de alquiler que existe en Catalunya.
🗣️ 'Modelo económico, modelo de país', el debate de ON ECONOMIA
Catalunya tiene solo un 2% de vivienda pública sobre el total, muy lejos del 15% de media europea, y tan solo un 13% de la vivienda construida en Catalunya en la última década es de este tipo. Según un estudio del Institut Cerdà de finales de 2023, Catalunya acumula un déficit de 186.000 viviendas de alquiler asequible. El president Pere Aragonés prometió el pasado mes de marzo 10.000 pisos de alquiler social en tres años y Pedro Sánchez 20.000 en todo el estado el año pasado, mientras que la número 2 del PSC, Alícia Romero, en la línea con el candidato Salvador Illa, ha prometido la construcción de 50.000 viviendas sociales en Catalunya y 50.000 más movilizadas a partir de la recuperación de vivienda vacía y la rehabilitación de vivienda.
Tanto el popular Santi Rodríguez, como el portavoz económico de Junts, Josep Rull, como el de En Comú Podem, Joan Carles Gallego, han coincidido con la actual consellera y la socialista en la importancia de construir vivienda social. Tan solo la número 2 de la CUP, Laure Vega, ha defendido que "no es necesario construir vivienda social" porque "bastaría con que el Govern se hiciera con los 35.000 pisos de fondos de inversión comprados a bancos rescatados con dinero público".
La candidata socialista Alícia Romero ha criticado al Govern por la falta de acción en vivienda pública. "En 2021, Incasol construyó 1.100 viviendas y los Ayuntamientos 692. Ha habido una falta de inversión en vivienda”, ha defendido Romero, acusación contra la que se ha defendido la consellera de Economía Natàlia Mas. "Por primera vez hemos recibido 500 millones del Banco Europeo de Inversiones y abocaremos estos recursos a incrementar la oferta en 10.000 viviendas de alquiler público hasta 2025%, ha defendido Mas, que ha puesto en valor también la rehabilitación por 100 millones de euros en viviendas de 38 municipios, así como "la regulación del alquiler turístico y temporal y la contención de rentas".
La socialista también ha apuntado al PP, al recordar que durante el último Gobierno de Rajoy el presupuesto para vivienda era de 480 millones y ahora es de 3.500 millones. "Hay que construir vivienda", ha dicho. El portavoz popular, Rodríguez, le ha respondido: "Aún estamos esperando las 180.000 viviendas que prometió".
Romero, del PSC, no ha valorado en cambio la regulación de precios del alquiler, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez pero no muy celebrada por el PSC de Salvador Illa.
Sí que lo ha hecho el portavoz económico de En Comú Podem, Joan Carles Gallego, que se ha mostrado favorable a "topar los precios del alquiler y regular los pisos turísticos". De nuevo, ha abogado por potenciar la vivienda de alquiler social e "inundar de vivienda pública para bajar el precio de mercado", así como "actuar contra disfunciones" como por ejemplo penalizar las compras de vivienda para especulación o las viviendas que queden vacías y sin uso.
PP y Junts, críticos con la regulación
El portavoz económico del PP, Santi Rodríguez, es el que más contundente se ha mostrado en contra de la regulación de precios y ha recordado que un informe reciente del Banco de España señalaba que "las políticas de contención de precio no solo no mejoran la situación, sino que empeoran el problema" y ha justificado a los propietarios de 400.000 viviendas vacías en zonas tensionadas" porque al final los propietarios tienen tan pocas garantías que prefieren tenerlos vacíos y cerrados".
Rull, por su parte, ha criticado que la nueva ley de Vivienda "quita competencias a Catalunya" y se ha mostrado contrario a una política "basada solamente en la regulación de precios y no en la recuperación de la confianza" de los propietarios, aunque el popular Rodríguez le ha recordado que Junts también participó de los topes al alquiler. "La vivienda es fundamental para reactivar el ascensor social en Catalunya", ha dicho Rull, que cree que el acceso a la vivienda "sirve para ensanchar las clases medias". "Tenemos menos oferta que nunca y más caro que nunca", ha dicho Rull, contrario a que la regulación sea "la única alternativa". Cabe "reactivar el sector" y no solo la vivienda pública, ha dicho, y hacer que la construcción y el negocio inmobiliario retomen su ritmo de actividad.