La pensión media disminuiría un 1% en el futuro como consecuencia de las dos grandes medidas que ha propuesto el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la mesa de negociación de la segunda fase de la reforma de pensiones-, según Fedea que así lo estima en un informe del seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación presentado esta mañana. Respecto a la pretensión del Gobierno de destopar las bases máximas de cotización con el fin de incrementar los ingresos de la Seguridad Social a corto plazo -una de las dos meddias propuesta por Escrivá-, Ángel de la Fuente, autor del informe y director de la Fundación, muestra su oposición y reitera la propuesta que lanzó hace unas semanas de suplirla con un recargo sobre el IRPF que se destinaría a la Seguridad Social.
De la Fuente concluye que el conjunto de la propuesta de Escrivá con las dos grandes medidas no cumple con el objetivo marcado de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Según los cálculos del autor supondría un incremento de los ingresos del sistema de pensiones equivalente al 0,45% del PIB en 2050 (unos 5.000 millones de euros actuales). El cambio en el cómputo de la pensión aportaría unos ingresos mayores equivalente al 0,3% del PIB y el otro 0,15% saldría del incremento de las bases de cotización. En cualquier caso, insuficiente para hacer frente al aumento de los gastos, derivados de las revalorizaciones de las pensiones según IPC, que la Fundación estima con un coste equivalente al 3,5% del PIB (38.000 millones de euros). Una reforma que, además cuenta con la oposición de los agentes sociales y previsiblemente con la de la mayoría parlamentaria.
Ligera caída de la pensión
Respecto al aumento del periodo de cómputo de la pensión, Fedea sostiene el cálculo del descenso del 1% en las futuras pensiones con dos informes realizados por economistas españoles. Y, aunque reconoce que ninguno de los dos ha simulado exactamente la propuesta del Gobierno, sus resultados sugieren que el impacto podría ser una “muy ligera reducción de la pensión media inicial”, que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducir el gasto futuro, pero sólo de forma muy modesta (el 0,3% anterior).
El informe de Fedea determina que elevar el cómputo de 25 a 30 años supondría una reducción del 4% en las futuras pensiones. Un cálculo que sustenta en el informe realizado por Muñoz-Julve y Ramos (2022) que concluyen que un incremento del período de cómputo desde los 25 años actuales a 35 años (no a 30 como propone el Gobierno) reduciría la pensión media inicial el 8,2%. Por tanto, Fedea reduce a la mitad el impacto en las futuras pensiones al no subir hasta los 35 años que analiza el informe, sino a 30.
Esta reducción del 4% de la pensión, sin embargo, se vería mitigada por la posibilidad de descartar los dos peores años de cotización “en realidad, los 24 peores meses, que no es lo mismo”, apunta Ángel de la Fuente. Así, continuando con el trabajo de Muñoz-Julve y Ramos incrementar de cero a dos el número de malos años a descartar aumentaría la pensión media inicial en torno a un 3%.
Por tanto, Fedea concluye con los datos de estos economistas que la propuesta del Gobierno podría reducir la pensión media inicial en torno a un 1%. (resta al 4% de reducción de pensión que supone elevar el cómputo a 30 años, el incremento del 3% que genera descartar los dos peores años de cotización). El informe de Fedea ha remarcado que este cálculo es similar al estudio de Enrique Devesa (2021) que elevaría la caída de la pensión media hasta un “todavía modesto 1,5%”, ha señalado del director de Fedea.
Inflexión en 2050
El gasto de las pensiones, a pesar de estas medidas, iría creciendo gradualmente según se vayan jubilando nuevos trabajadores del baby-boom afectados ya por las nuevas reglas de cálculo de la pensión inicial. Hacia 2050, prácticamente todo el stock de pensionistas ya se habría jubilado con las nuevas normas, con lo que “esperaríamos de ese momento en adelante un ahorro de hasta el 1,5% en el gasto total en pensiones”, concluye el análisis del director de Fedea.
Respecto al destope de las bases máximas de cotización, De la Fuente apunta que si el Gobierno en vez de abordarla de forma parcial la llevase al extremo, sometiendo a cotización todas las rentas brutas del trabajo -sin limitaciones-, el incremento de recaudación podría acercarse a un punto del PIB, todavía claramente insuficiente para eliminar el déficit previsto del sistema.
Fedea ya se ha mostrado contrario al destope, pues supone “potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”. Las cotizaciones sociales que se aplican a rentas por encima de determinados umbrales (los que dan derecho a la prestación máxima, pues la propuesta del Gobierno no elevaría la pensión en el mismo porcentaje que la base de cotización) son, “en la práctica, un impuesto puro (una exacción monetaria sin contrapartida alguna)”, que convendría suprimir.
Entre las posibles opciones, la mejor para Fedea sería un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF, lo que en su opinión aseguraría un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes. Un recargo que debería sustituir no sólo al "ese supuesto impuesto", sino también a las actuales transferencias del Estado a la Seguridad Social “para hacer su coste más visible para el contribuyente”.