La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en unos 5.350 millones de euros el coste del último paquete de medidas para combatir la inflación, que incluye un IVA de la electricidad al 10% y la gratuidad del Cercanías durante todo 2024.
En una entrevista con EFE horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera, Montero ha defendido que esta serie de medidas encaja en el compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024 "habiendo demostrado que la consolidación fiscal es compatible con la política" de protección social del Gobierno.
Entre estas medidas figuran la extensión de las bonificaciones al transporte público y de la supresión del IVA para los alimentos básicos, así como otras "sin repercusión económica", como la prohibición de los desahucios. Entre las medidas aprobadas está también la prórroga durante un año de los gravámenes sobre banca y energéticas, inicialmente previstos para dos ejercicios, aunque con bonificaciones para la inversión en descarbonización porque hay que "animar a las empresas energéticas" a avanzar en ese sentido.
Estos gravámenes, que nacieron con carácter extraordinario y en forma de prestaciones patrimoniales, se van a "incorporar al sistema tributario, es decir, a convertirlos en figuras fiscales", en impuestos permanentes. Así, a lo largo de 2024 trabajará "con los grupos parlamentarios" para dar a estas figuras carácter "estructural" en forma de impuestos y será en esas negociaciones donde se defina desde qué inversiones se bonifican al concierto con las haciendas forales.
Transporte para colectivos vulnerables
En cambio, el paquete de medidas no incluye la gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados que había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido, según Montero, a que se han prorrogado "todas las medidas de transporte" vigentes para el conjunto de la población.
El mensaje de Sánchez, ha indicado Montero, iba en el sentido de establecer la gratuidad del transporte para colectivos vulnerables una vez que se retiren las medidas excepcionales y "todavía no estamos en ese momento". Cuando llegue, ha añadido, se hará "una evaluación" del impacto de estas medidas "en la descarbonización del transporte" y "para 2025" se analizará con los grupos políticos "cuáles son los colectivos que consideramos prioritarios".
Presupuestos
La vicepresidenta ha reiterado su intención de que los Presupuestos de 2024, que todavía se están trabajando "al interior del Gobierno" para ajustarlos a las nuevas reglas fiscales europeas, estén en vigor a finales de marzo o principios de abril.
Antes de ello, la senda del déficit tendrá que pasar por las Cortes. "Espero que el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) no ejerza la amenaza" de vetarla, ha apuntado, porque retrasaría las cuentas y perjudicaría a las comunidades autónomas al impedirles acceder a una senda de estabilidad más flexible. En caso de que el Senado tumbe la senda de déficit propuesta, el Gobierno volverá a remitirla a las Cortes y elaborará los Presupuestos en base a los objetivos comunicados a Bruselas en abril, más estrictos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Telefónica
Montero también ha asegurado que la intención del Gobierno "no es ser el principal accionista de Telefónica", en la que el Estado ha acordado comprar hasta un 10% del capital, sino "un accionista más" de una empresa que ha definido como "estratégica". Precisó que "la intención del Gobierno no es siquiera ser el principal accionista; es ser un accionista más dentro de Telefónica y, sobre todo, preservar los intereses de país que están muy vinculados a la defensa nacional".
Tras recalcar que la autorización del Consejo de Ministros es para comprar "como máximo" un 10% de Telefónica, la nueva vicepresidenta primera ha señalado que aún no está decidido cómo va a financiarse la adquisición, que la SEPI ya había informado de que se llevaría a cabo minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía y "en el menor tiempo posible".
El Gobierno acordó este mes de diciembre ordenar a la SEPI la adquisición hasta un 10% del capital de Telefónica, tres meses después de que la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group anunciara que había adquirido una participación del 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros. De alcanzar ese porcentaje, el Estado se convertiría en el principal accionista de la operadora.