El Pleno del Senado ha vuelto a tumbar este miércoles, por segunda vez, la senda de estabilidad con los votos de PP y Vox, una votación que constituía el último requisito previo para la elaboración de los Presupuestos de 2024, de manera que el gobierno de Pedro Sánchez ya puede presentar las cuentas en cualquier momento. O sea, que el Senado le haya tumbado la senda de estabilidad no impide que se tramiten las cuentas. La vicepresidenta primera i ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha activado el ‘plan B’ para tirarlos adelante.

El futuro proyecto presupuestario no se basará en los objetivos de déficit rechazados este martes, sino en los remitidos a Bruselas en abril -que ya fueron avalados por la Comisión Europea-, una circunstancia que no afecta a las cuentas del Estado pero sí a las de comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendrán que adaptarse a unos objetivos de estabilidad presupuestaria más estrictos.

"A sus señorías del PP no les interesa ni el bienestar de los ciudadanos ni el interés general", ha afeado Montero, que ha reiterado que el gobierno central presentará los Presupuestos para 2024 "lo antes posible" porque "la legislatura continúa su andanza".

"Los votos del PP no están en venta", ha respondido la portavoz del Partido Popular, Eva Ortiz, que ha calificado de "ilegal" la senda propuesta por el Gobierno porque es la misma que ya fue rechazada y porque no ha pasado por el proceso consultivo con comunidades autónomas y ayuntamientos.

La intención del Gobierno es presentar las cuentas -fundamentales tanto para articular los fondos europeos como para materializar muchos de los compromisos económicos adquiridos durante las negociaciones de la investidura- cuando tenga garantizados apoyos parlamentarios suficientes para sacarlas adelante.

Una vez que el ejecutivo presente los Presupuestos arrancará la tramitación parlamentaria, que a pesar de tener carácter urgente se suele prolongar durante unos tres meses, por lo que parece complicado que las cuentas estén en vigor antes de junio.

Objetivos más estrictos para autonomias

El rechazo a la segunda senda de estabilidad presentada por el Gobierno -que es idéntica a la primera- abre un escenario inédito, porque nunca se había llegado a esta situación sin la posibilidad de recurrir a los objetivos de años anteriores -actualmente no los hay porque las reglas fiscales llevan suspendidas desde la pandemia-.

La Ley de Estabilidad no aclara qué hacer en caso de un segundo rechazo, pero Montero defiende que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que asegura que se hará público en breve, entran en vigor los objetivos del programa de estabilidad remitido en abril del pasado año a Bruselas, ya avalados por la Comisión Europea. Los objetivos de déficit público de abril son los mismos que los rechazados este miércoles -un desfase del 3% del PIB este año, 2,7% del PIB en 2025 y 2,5% del PIB en 2026-, pero cambia el reparto por subsectores.

Los objetivos de abril para este año establecen metas más restrictivas para comunidades autónomas -equilibrio en lugar de una décima de déficit- y ayuntamientos -dos décimas de superávit en lugar de equilibrio-, lo que plantea una situación compleja porque algunas de estas administraciones ya han aprobado sus presupuestos conforme a bases más flexibles.

El Estado, en cambio, gozará de mayor margen presupuestario -hasta un déficit del 3% del PIB, tres décimas más que con las metas rechazadas-, aunque Montero ha apuntado que no prevé agotarlo.

El límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024 presentado, que no se vota, está ajustado a un desfase estatal del 2,7% del PIB y asciende a un máximo histórico de 199.120 millones de euros una vez incluidos los fondos europeos, un 0,5% más que en 2023.

Por lo que respecta a la deuda pública, los objetivos de abril son más laxos que los que se pretendían aprobar: 109,1% del PIB en 2024, 107,9% del PIB en 2025 y 106,8% del PIB en 2026, en lugar del 106,3%, 105,4% y 104,4%, respectivamente.