Las ayudas que cobraron algunos autónomos durante la covid se están convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza, cuatro años después. El pasado 2023, el Tribunal de Cuentas detectó "incumplimientos significativos" de los requisitos legales exigidos para percibir las ayudas, así como múltiples incidencias en el procedimiento de reconocimiento, gestión y control de estas prestaciones. La falta de claridad de la normativa y las continuas modificaciones motivadas por la misma administración pública española, han derivado en que los autónomos se vean ahora obligados a acreditar y hacer valer que tenían que recibir una ayuda. Y en esta gestión, son las mutuas las que están revisando todos los expedientes y reclamando la devolución de las prestaciones en los casos en que entienden que no se reunían los requisitos para ser concedidas.

Recientemente, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación del plazo de presentación de la documentación requerida por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el procedimiento de revisión de las prestaciones extraordinarias de cese de actividad y trabajo por cuenta propia concedidas por la pandemia. Pero las reclamaciones no se detienen desde hace más de seis meses y muchos de los autónomos a los cuales se les concedió de manera provisional alguna de las prestaciones de cese de actividad, están recibiendo requerimientos por parte de las entidades gestoras de sus prestaciones.

Exigencias en los plazos y la documentación

Más allá de devolver el importe, que puede ir de los 1.500 a los 6.000 euros por persona, la presión con la cual se ven sometidos los autónomos los da poco margen de acción. Estos requerimientos dan un plazo máximo de diez días a los autónomos para aportar toda la documentación necesaria para acreditar que han cumplido los requisitos que la normativa indicaba para cada una de las prestaciones. Y se reclama que los plazos, como mínimo, se alarguen hasta los 30 días para aportar la documentación justificativa del derecho a las prestaciones. Y por otra parte incluir para los autónomos la posibilidad de solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de hasta 24 meses, de las prestaciones y cuotas indebidamente bonificadas mediante las resoluciones definitivas correspondientes.

El papel de las mutuas

A partir de aquí, el papel de las mutuas se ha convertido en primordial. Gestores expertos consultados por ON ECONOMIA tildan la situación, en términos coloquiales, de "gran pitote" y subrayan que no todas las mutuas actúan de la misma forma. En concreto, este diario ha podido constatar que la mutua que más obstáculos pone es Asepeyo con unas exigencias superiores al resto como pedir pruebas a nivel contable a personas en estimación objetiva, lo que se conoce como módulos, a perfiles de autónomos que por su facturación no tienen la obligación de llevar libros contables. Y, por lo tanto, se parte de una indefensión. En la otra cara de la moneda sí hay otras mutuas, que, con los mismos casos y perfiles, han aprobado la ayuda definitivamente sin pedir nada.

Volviendo al caso de Asepeyo no lo hace con todos, pero sí a un volumen considerable. A modo de ejemplo, este diario ha podido conocer un matrimonio, ambos autónomos, que al hombre se le pide y a la mujer no, y también puede pasar a la inversa. Una especie de estrategia más agresiva y aleatoria, que, según los expertos consultados, se basa en "la técnica del desgaste, pedir mucha documentación y llegar hasta el límite para ahorrarse los abonos".