Las empresas de la cadena alimentaria estarán obligadas a contar con un plan para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, según contempla el proyecto de ley para minimizar este problema que se está tramitando en el Congreso y que se espera que entre en vigor a principios del próximo año. Esta normativa también prevé que las empresas lleguen a acuerdos para donar sus excedentes siempre que sea viable.

Otro de los aspectos que incluirá la ley, si no se modifica el actual proyecto durante el trámite parlamentario, es la jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, con el consumo humano en primer lugar a través de la donación o redistribución. En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos y, finalmente, la obtención de compost y biocombustibles.

El proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario está en fase de negociación parlamentaria tras la presentación de 278 enmiendas, con tres meses de margen antes de su entrada en vigor prevista para enero de 2025.

En el marco del día mundial de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que se celebra este domingo, el portavoz de Alimentación del grupo socialista en el Congreso, Sergio Matos, señaló a Efe que actualmente están negociando el contenido con todos los partidos. La intención es debatirlo en comisión en octubre, antes de elevarlo al pleno de la cámara baja y de ahí al Senado, con el objetivo de que el texto salga aprobado a finales de año.

"Esta ley estuvo a punto de ser aprobada en el anterior mandato y quedó paralizada por la convocatoria electoral. Había bastante consenso y ahora en algunos casos se han presentado otra vez enmiendas parecidas, con lo cual la respuesta del Ministerio es muy parecida. Deseo que, más allá de alguna tirantez, salga aprobada", afirmó Matos. Considera que algunas partes no se van a poder tocar porque dependen de los presupuestos del Estado.

En línea con la UE 

El proyecto de ley contra el desperdicio alimentario ha tardado en volver a ponerse en marcha a la espera de que saliera adelante una nueva norma europea. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben negociar todavía el texto sobre la propuesta legislativa que hizo en 2023 la Comisión Europea.

Los países han aceptado por el momento fijar objetivos vinculantes para reducir el desperdicio alimentario, que asciende a 131 kilos por habitante al año y representa un coste total de 132.000 millones de euros, según datos de Eurostat.

El Consejo quiere que en 2030 se rebaje el desperdicio en un 10% en procesamiento y manufactura, como proponía la Comisión, pero por debajo del 20% que quiere la Eurocámara, y un 30 % per cápita en el comercio minorista, restaurantes, servicios de alimentos y hogares, frente al 40% que reclama el Parlamento Europeo.