El Gobierno español ha vuelto a dar luz verde este martes al anteproyecto de la ley de movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura. El Ejecutivo se compromete ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias.

Como novedad, la ley incorpora la primera definición del modelo de 'carpooling' o coche compartido a nivel nacional y abre la posibilidad de su promoción, tal y como ocurre en otros países europeos. Una decisión que BlaBlaCar, la app líder en este sector, ha celebrado.

La compañía francesa defiende que, en el anterior proceso de tramitación de esta ley en 2023, hubo un consenso generalizado entre los grupos políticos para promover de manera explícita el modelo de 'carpooling' al considerarse una forma de viajar, complementaria al transporte público, "eficiente, sostenible y que vertebra el territorio".

Más allá de la definición, BlaBlaCar también aplaude que esta nueva ley incluya una futura aproximación, mediante reglamento, a la inclusión de los costes compartidos en un marco legal nacional con vinculación a un índice.

Varias comunidades autónomas, como Madrid, País Vasco, Andalucía, o la Comunidad Valenciana, ya han incluido la definición de viajes compartidos y diversas medidas de promoción del 'carpooling' en su regulación.

Los objetivos de la nueva ley

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado la tramitación, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado que esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.

De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo.

"Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios".

El ministro también ha detallado que la elaboración de esta ley responde a tres razones: su carácter económico --la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, 800.000 empleos y más del 5% del PIB--, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

El objetivo es aprobar el texto definitivo antes del 30 de diciembre de este año, fecha límite marcada en el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.