El último informe relativo a la cuenta general de las corporaciones locales publicada por la Sindicatura de Cuentas de Catalunya sobre las cuentas del 2020 (emitido con fecha de noviembre del 2022 y el último disponible) evidenciaba que el 27% de los 947 municipios catalanes incumplieron los plazos para la presentación de sus cuentas a la autoridad supervisora y que de los 688 que sí que lo hicieron, en el 84,45% de los casos, mostraban deficiencias que la Sindicatura de Cuentas requirió enmendar. Pero el cierto es que, el 31 de diciembre de 2021, 265 municipios (es decir, un 45,61% de los requeridos) no habían enmendado las deficiencias detectadas.
Esta radiografía de la Sindicatura de Cuentas evidencia que, sin poner en duda la tarea de las intervenciones municipales o de la misma Sindicatura de Cuentas de Catalunya, habría que avanzar en la transparencia pública de los balances municipales, y en general, de todos los entes locales -mancomunidades, consejos comarcales... . Al balance que se extrae de la supervisión que hace la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, hay que sumar los datos del portal de Rendición de Cuentas del Tribunal de Cuentas español. Este organismo tiene registrados, en fecha de 22 de mayo de 2023, un total de 45 municipios catalanes que todavía no han hecho el rendimiento de cuentas del ejercicio de 2021, aunque algunos de ellos -como Les Franqueses del Vallès, Arenys de Mar, Argentona, Montgat o Puigcerdà- tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes. De hecho, este organismo español, a estas alturas, solo ha recibido los balances cerrados, correspondientes a 2022, del 18,33% de los ayuntamientos, y también tiene pendiente el 42% de las mancomunidades catalanas.
Al mismo tiempo, considerando que una ley española del 2018 obliga a que los ayuntamientos auditen los números de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, consorcios, sociedades y empresas públicas, fundaciones y asociaciones con capital público municipal, el incumplimiento municipal todavía es más agravado. Más de la mitad de los municipios que se ven afectados por esta norma (un 57%) todavía no han presentado las auditorías que les corresponde sobre el ejercicio 2021 a la Sindicatura de Cuentas de Catalunya. "A falta de una política de sanciones que ponga freno a esta práctica, los municipios, independientemente de su dimensión, siguen incumpliendo la ley", manifiesta Antoni Gómez, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya (CCJCC). Gómez advierte que, si se tratara de empresas privadas, las consecuencias serían otras, hasta el punto que la actividad empresarial quedaría paralizada con muchos aspectos.
Barcelona sí, Madrid no
Los profesionales de la autoría hacen un llamamiento a la necesidad de que se establezca una norma por la cual los consistorios "como mínimo" de más de 5.000 habitantes "tengan que someterse a una auditoría anual de manera regular, tal como lo hacen algunos de manera voluntaria y ya es habitual a la mayoría de países de nuestro entorno". El hecho de que la realización de auditorías privadas sea "un acto voluntarioso" para los entes locales, provoca situaciones de discriminación como la que se da entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid. Mientras que este último no se somete a ninguna supervisión externa teniendo un presupuesto de 5.703 millones de euros para el 2023, sí que lo hace el consistorio Barcelona, con unas cuentas anuales de 3.595 millones de euros para este año. La buena praxis de Barcelona proviene de finales de los años 80 del siglo pasado, cuando para afrontar las inversiones del plan municipal para la celebración de las Olimpiadas de 1992, el gobierno municipal tuvo que recurrir a financiación internacional y para acceder al mercado de capitales hay que estar auditado.
¿Por qué en las poblaciones de más de 5.000 habitantes? Pues porque los presupuestos municipales de poblaciones de más de 5.000 habitantes fácilmente superan los 5,7 millones de euros, justamente uno de los parámetros que marcan la obligatoriedad de las empresas que tienen que auditarse (facturar más de 5,7 millones, tener más de 2,85 millones de euros en activos, o superar a los 50 trabajadores). En comparación, las entidades locales publican sus estados financieros sin informe de auditoría, por lo cual no es garantizada la fiabilidad de la información.
Hoy por hoy, en España, el control externo de las entidades locales recae exclusivamente en Órganos de Control Externo públicos, cuando la situación en Europa tiende a un modelo mixto, con participación de auditores privados. Incluso, en algunos países es responsabilidad exclusiva de auditores profesionales. En España, el Tribunal de Cuentas y los Órganos Autonómicos de Control Externo -la Sindicatura de Cuentas, en el caso de Catalunya- son los únicos responsables de llevar a cabo la auditoría de las entidades locales y también de sus entidades dependientes (estas últimas, si tienen forma societaria o de fundación sí sometidas a auditoría privada). Eso no es así en países como Portugal o Francia, donde se está introduciendo de forma experimental la auditoría financiera anual a través de un proyecto piloto que cubre 25 entidades y las primeras cuentas auditadas, de las cuales serán publicadas el año 2020. El objetivo es diseñar un modelo en que todas las entidades locales puedan contar con estados financieros auditados anualmente con el fin de garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información. Portugal es uno de los países que combina y coexiste el control del Órgano de Control externo nacional con la auditoría obligatoria de un profesional independiente del sector privado.
En Catalunya, auditorías "testimoniales" y "parciales"
Según el último Informe sobre auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Catalunya se encuentra a la mitad del ranquin de las comunidades autónomas con respecto a las auditorías en el ámbito de la administración local. De acuerdo con este estudio, Catalunya cuenta con un indicador de 0,5 puntos en la materia (las puntuaciones van del 0 –no se hacen– al 1 –sí que se hacen–) en la comparativa del conjunto de las comunidades, cosa que indica que con respecto a la administración local catalana se llevan a cabo auditorías de manera "muy testimonial" o con un "alcance parcial". Encabezan la lista de las buenas prácticas (con uno 1 atribuido a cada una) Aragón, Balears, Comunitat Valenciana, Navarra y País Vasco.
Los censores jurados catalanes serían partidarios de la obligatoriedad de auditar en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes "no por un tema de negocio", advierte al presidente Antoni Gómez, sino porque está justificado que sus cuentas se sometan a la evaluación de los ciudadanos, un principio este que, según él, "constituye uno de los pilares que tienen que construir los gobiernos democráticos". "No es un tema de facturación", considera, "porque ayuntamientos de más de 5.000 habitantes hay 213 en Catalunya y 1.300 en España", un número irrisorio, "si tenemos en cuenta que llevamos a cabo más de 70.000 informes anuales de auditoría en España". La razón es básica: "Parece inadecuado en un país democrático que el sector privado tenga unas obligaciones, versus sus clientes y proveedores y los consumidores y que, en cambio, los ayuntamientos que gestionan dinero público no tengan que hacer lo mismo con sus ciudadanos".
Antoni Gómez tiene palabras de comprensión para la tarea que hace la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, pero "no tiene la capacidad suficiente para una labor amplia de supervisión fehaciente de todos y cada una de las cuentas municipales y de su posterior enmienda".