El preacuerdo político para la reforma de las pensiones al que han llegado los socios del Gobierno, PSOE y Podemos, con el visto bueno de la Comisión Europea es clave para el cumplimiento del calendario de pagos de los fondos europeos a España. Tras la autorización de Bruselas el pasado febrero al tercer desembolso, que permitió la llegada de 6.000 millones de euros, el pacto en pensiones era una de las reformas clave a las que Bruselas había condicionado el siguiente pago a favor de España a cargo de los fondos Next Generation EU.
Así, uno de los hitos que condicionan la integridad del cuarto desembolso, de 10.000 millones de euros, es la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, la adecuación de la base máxima de cotización o la garantía de la sostenibilidad de todo el sistema.
El pasado febrero, tras una vista de Escrivá al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni en la que no pudo ofrecer todavía un acuerdo pendiente desde el año pasado, Bruselas ya alertó a España de que no cumplir las reformas fundamentales de un plan de recuperación, como es la de pensiones en el caso de España costaría "mucho". "No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser", dijeron fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España.
El posicionamiento se concretó a través de un documento del Ejecutivo comunitario en el que detalló la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando algunos de los compromisos que condicionan un desembolso no hayan sido totalmente satisfechos. En este caso, la cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos. Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos “relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa”.
Hasta 700 millones congelados
Como publicó ON ECONOMIA, el coste concreto de incumplir con la reforma de las pensiones sería de hasta 700 millones de euros de los 10.000 millones que España debe recibir en otoño. Según el procedimiento de suspensión de fondos europeos aprobado por la Comisión Europea (CE) en caso de que un Estado no cumpla con los hitos comprometidos para un semestre, el incumplimiento de algún hito no bloquea todo el fondo, pero si puede ser motivo para congelar una parte durante seis meses en función del número de hitos u objetivos incumplidos.
Los fondos comunitarios ligados al Fondo de Recuperación y Resiliencia se abonan semestralmente por la CE, pero para que un Gobierno pueda recibir el dinero debe haber cumplido una serie de hitos y objetivos a los que se ha comprometido -con fecha límite- en su Plan. Pues bien, entre los hitos que debían cumplirse en el segundo semestre de 2022 se incluían cuatro ligados a la reforma de las pensiones que deberían haberse aprobado antes del 31 de diciembre. Algo que no sucedió.
Bruselas siempre se ha mostrado flexible con los plazos; sin embargo hay un límite inexcusable: la petición formal de los fondos correspondientes al último semestre de 2022 que debería presentarse a la CE entre mayo y junio. En la petición se deberá demostrar que se han aprobado todos los hitos comprometidos para ese periodo y, en caso de haberse cumplido, se accederá al cuarto desembolso que recibe España, en esta ocasión de 10.000 millones de euros.
El ministro José Luis Escrivá ya había garantizado en las últimas semanas que quedaban "muy pocos flecos" y que en aquellos puntos en los que podría haber "necesidad de clarificación", tanto con la Comisión Europea como con interlocutores sociales y partidos políticos, estaban cerca de un acuerdo.