El Gobierno ha cerrado este viernes un acuerdo con ERC y Bildu sobre la ley de vivienda que, entre otras medidas, elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler y fija un límite a las subidas del alquiler del 3% en el 2024 (que se une al 2% en el 2023 ya aprobado) y amplía la declaración de las llamadas zonas tensionadas.

Nuevas obligaciones para los propietarios

Entre los socios de la coalición, la tramitación en el Congreso de la norma será desbloqueada las próximas semanas después de un pacto entre la parte socialista del Ejecutivo y los socios de la investidura. Ahora bien, esta ley también acaba con vacíos legales actuales que después de dos años se han concretado con nuevas obligaciones por los propietarios. Según el acuerdo, habrá nuevas medidas de protección a los inquilinos. Entre otros, los gastos y los honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble irán siempre a cargo del propietario y se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían los arrendatarios a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquiera otro no atribuible de lo que estuvieran acordadas previamente.

Otros modelos europeos

Para Germán Rabellino, CMO de Wolo, la plataforma digital dedicvVivienda a medio y largo plazo puede tener el efecto contrario a lo que se busca si no se aplican al mismo tiempo incentivos fiscales a los propietarios". Y añade, en declaraciones en ON ECONOMIA: Dada su incidencia directa en la rentabilidad del alquiler, el control de precios puede hacer que muchos propietarios se decidan para vender en vez de alquilar. Eso disminuiría todavía más la oferta de pisos y aliviaría la demanda, pero no en la misma medida. ¿Cuál es el problema? Que, si este trasvase del alquiler a la compra no va acompañado de políticas de incentivo a la inversión para dar salida a estas 'nuevas' viviendas para que se vuelquen en el mercado del alquiler, el problema de fondo no se solucionaría y se dificultará, de nuevo, la accesibilidad en la vivienda".

En relación a eso, otros países como Portugal e Italia, donde también hay regulaciones, los propietarios son compensados con incentivos fiscales para que sigan alquilando sus viviendas. En Portugal, donde se aplica una política de límite a la subida de los alquileres del 2%, los propietarios se benefician de reducciones en el IRS o IRC, que están como el IRPF y el Impuesto de Sociedad en España; mientras que en el país transalpino, en cambio, hay contratos de alquiler regulados y los propietarios tienen beneficios sobre el IRPF, la impunidad matriculación y un tipo rebajado del 10%, si se opta por un precio de alquiler reducido, a la vez que los arrendatarios, si utilizan la casa como vivienda habitual, pueden acogerse a desgravaciones fiscales en función de la renta.

Desahucios prohibidos

Este es uno de los aspectos más discrepantes, pero hay otros que también forman parte de este consenso y la mayoría de los agentes sociales han aplaudido. Lo más destacado es que finalmente, se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Y por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

Con respecto a los grandes tenedores, el acuerdo incorpora cambios en su definición: las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo sus realidades, rebajar de 10 inmuebles (cifra establecida al principio) en 5 el número de viviendas para el suyo consideración. Y, con respecto a las llamadas zonas tensionadas, la regulación de los precios se extenderá a todos los inmuebles.