Francia ha salido este lunes en defensa de su industria del motor, al menos del grupo Renault, del que es accionista mayoritario, con un 15,01% del capital, seguido del grupo japonés Nissan, que posee el 15% de Renault (a su vez, Renault es propietario del 34% de Nissan). El Gobierno francés ha anunciado que lanzará un pulso a la Unión Europea para evitar que, a partir del 1 de enero, los fabricantes europeos tengan que pagar multas “multimillonarias” por incumplir los límites de emisiones de CO₂. Sin embargo, la industria francesa está fracturada, pues mientras Renault pide que se pare dos años las multas, el grupo Stellantis (Peugeot, Citroën y DS, entre otras marcas no francesas) se opone: "Sería surrealista cambiar ahora las normas europeas", ha asegurado el presidente de Stellantis, Carlos Tavares. A las pocas horas, Roma y Praga se sumaban a París y señalaban que Alemania también se ha opuesto a la medida.
Bruselas ha rebajado a 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro el máximo de emisiones para el conjunto de coches que cada fabricante venda en la Unión Europea en el periodo 2025-2029. Los fabricantes consideran un objetivo imposible de cumplir, pues la media europea cerró el año pasado con unas emisiones de 106 gramos, 117 en el caso de los turismos matriculados en España en 2023. En conjunto, la industria debería reducir 13 gramos (de 106 a 93) o empezar a pagar multas. La sanción prevé 95 euros por cada gramo de más y coche vendido en la Unión Europea. Así, una marca que haya vendido en el conjunto de la Unión Europea un millón de coches y haya superado en 10 gramos el nuevo límite, deberá afrontar una penalización de 950 millones. Si hubiese fallado en 5 gramos, la multa se reduce a la mitad.
El ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, dejaba caer la propuesta antes del inicio de la reunión de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín) -que arrancaba este lunes y finaliza este martes- en una entrevista publicada en el diario económico francés Les Echos. El ministro galo ha declarado que "los fabricantes [de automóviles] firmemente comprometidos con la electrificación de los vehículos no deberían tener que pagar multas. "Defenderé esta posición con el ministro de Industria, Marc Ferracci, ante la Comisión Europea (CE)", añade Armand.
El ministro de industria ya ha precisado que Francia quiere que Bruselas proponga "una solución selectiva para que los actores verdaderamente comprometidos en esta transición no tengan que pagar multas a cuentas de 2025 sin cuestionar nuestra trayectoria de descarbonización de las movilidades".
Sin cuestionar los objetivos
No obstante, ni el gobierno francés ni el sector del automóvil ponen en duda el objetivo de acabar con la venta y producción de coches de combustión en 2035. Pero los fabricantes del motor y los gobiernos europeos con un mayor peso en la industria defienden que esas multas restarán fondos para invertir en el desarrollo de la electrificación de la movilidad, restando competencia a la industria europea respecto a la estadounidense y la asiática, en especial la de China, pero también las de Japón y Corea del Sur.
Ferraci, el responsable de Industria del gobierno francés, ha dado a entender que Francia no quiere volver a negociar el límite marcado por la UE para prohibir la venta de coches nuevos de combustión en 2035. Pero sí a renunciar a las penalizaciones establecidas en una primera etapa para los que en 2025 no reduzcan en un 15% los vehículos que generan emisiones de dióxido de carbono (CO₂) respecto a la referencia de 2020.
Luca de Meo, consejero delegado de Renault y presidente de ACEA -asociación europea de fabricantes de automóviles en la que participan ni Stellantis ni Volvo-, ha sido muy beligerante contra las multas y ha acusado a Bruselas de no haber considerado la realidad del mercado comunitario que está dando la espalada al coche electrificado. Una oposición que ha recibido el apoyo del Gobierno francés. La industria viene demandando que se retrase la entrada de las sanciones dos años. ACEA ha calculado que el sector europeo tendrá que hacer frente a multas de unos 16.000 millones de euros, 13.000 en turismos y 3.000 en comerciales.
Recabar apoyos
Para conseguir este objetivo, las autoridades francesas quieren sumar apoyos de otros gobiernos europeos, especialmente de aquellos con mayores intereses en esta industria. Unos aliados que buscará en el Ecofin. Aunque no le va a costar demasiado. La República Checa e Italia han anunciado este lunes que se unirán a Francia contra la intención de la CE de empezar a sancionar ya en 2025. Así lo ha desvelado el ministro checo de Transporte, Martin Kupka: "No pueden aplicar las sanciones, porque en toda la Unión Europea el interés por los coches eléctricos ha disminuido", ha afirmado Kupka en declaraciones a la cadena privada Prima. Y ha desvelado que, además de Praga, Roma también se oponen a las penalizaciones.
Checos e italianos pactaron la pasada semana una posición conjunta y trasladarán su petición durante la cumbre informal de jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE) convocada para el próximo viernes en Budapest. El ministro checo, que ha destacado que Alemania también está de acuerdo en abolir dichas sanciones, considera que si se obliga a los fabricantes a pagar esas multas no tendrán dinero para invertir en el desarrollo de vehículos eléctricos. Entre los cuatro países fabrican 8 millones de coches, algo más de la mitad de toda Europa.
Aunque Praga quiere ir algo más lejos. Según Kupka, sería conveniente retrasar la prohibición de venta de coches con motor de combustión más allá de 2035, la fecha límite que ha establecido la UE para este tipo de propulsores.
Países productores
Alemania ocupa el primer puesto europeo en fabricación de vehículos, con 4,1 millones de unidades fabricadas el año pasado. En segunda posición está España, con 2,45 millones, y tras ella, Francia (1,5 millones), la República Checa (1,4 millones), Eslovaquia (1,1 millones), Reino Unida (1,02 millones), Italia (0,88 millones), Polonia (0,61 millones), Rumanía (0,51 millones) y Hungría (0,5 millones). El año pasado se fabricaron 15 millones de coches.
España cuenta con fábricas de Renault (3 plantas), Volkswagen (2), Mercedes (1) y Ford (1), grupos favorables a retrasar la entrada de las sanciones; pero también 3 instalaciones de Stellantis que ha mostrado su oposición a “cambiar las reglas del juego” a unos pocos meses.