La Eurocámara y los Estados de la Unión Europea han llegado este sábado de madrugada a un acuerdo político sobre las nuevas reglas europeas de control del déficit y la deuda. Los 27 países del bloque lograron en diciembre un acuerdo sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero el Parlamento Europeo aún tenía que pronunciarse sobre una de las regulaciones que componen las normas, en concreto la relativa a la vigilancia presupuestaria.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha asegurado esta mañana a través de la red social X que el acuerdo alcanzado "trata de empoderar a la próxima generación" y muestra "determinación para equilibrar las cuentas, dar credibilidad a los mercados e invertir en el futuro", según recoge EFE.

"Las nuevas reglas (...) salvaguardan unas finanzas públicas equilibradas, refuerzan el foco en las reformas estructurales y el impulso a inversiones, crecimiento y creación de empleo", dijo el ministro belga de Finanzas, Peter Van Pethegem, cuyo país preside este semestre la UE.

Tras varias rondas de negociación, la Eurocámara y gobiernos nacionales han cerrado un pacto para el que, según diversas fuentes europeas, había muy poco margen de maniobra dado lo complicado que fue ya fraguar entre los propios países un consenso entre los que pedían poner el foco en la disciplina presupuestaria y los que reclamaban más margen para invertir.

El acuerdo político mantiene las reglas pactadas en diciembre por los Veintisiete, que dejan más margen que las precedentes para que los Estados elijan su propia senda de ajuste fiscal y flexibilizan los plazos si se hacen inversiones, pero contemplan también recortes anuales fijos de la deuda y el déficit cuando se superen ciertos umbrales.

Las nuevas reglas mantendrán los límites del 3% y del 60% sobre el PIB del déficit y de la deuda, respectivamente, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro, con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que las anteriores.

Este periodo es ampliable a siete años si se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la Comisión Europea y estarán basadas en un nuevo indicador: el gasto primario neto, que excluye los intereses de la deuda, entre otras cuestiones.

Sin embargo, a petición de Alemania y otros Estados se introdujeron objetivos comunes para todos los Estados con el fin de evitar que se posterguen los ajustes.

En concreto, los países cuya deuda supere el 90% del PIB tendrán que recortarla un 1 punto porcentual de media cada año y aquellos con un ratio entre el 60% y el 90%, en 0,5 puntos, mientras que los que tengan un déficit por debajo del 3 % del PIB deberán seguir reduciéndolo hasta el 1,5 % con el fin de crear un colchón para tiempos difíciles.

El Parlamento Europeo había reclamado dejar más flexibilidad a los países, de modo que estos pudiesen desviarse de la senda de gasto neto pactada con la Comisión Europea bajo ciertas circunstancias.

Fuentes parlamentarias consultadas por EFE explicaron que, en el acuerdo alcanzado hoy con los países, la Eurocámara ha logrado introducir un mayor margen para que los Estados puedan hacer más tipos de inversiones que no computen para los cálculos del gasto público, siempre y cuando vayan vinculadas a ciertos objetivos políticos prioritarios de la UE.

Abarcará, por ejemplo, inversiones en materia de la transición ecológica, digitalización, seguridad energética o política de defensa.

Además, el Parlamento Europeo también ha logrado que el dinero que pongan los Estados para cofinanciar los programas de inversiones comunitarias tampoco cuente para el cómputo del gasto, con el objetivo de que la inversión pública nacional no quede desincentivada en, por ejemplo, proyectos sociales.

Las fuentes parlamentarias consultadas también destacaron que, en el acuerdo final, la Eurocámara ha introducido la posibilidad de que si hay un cambio de color político en el gobierno de un país en medio de la ejecución de un plan de objetivos de gasto, el nuevo ejecutivo tendrá derecho para poder revisar las condiciones con la Comisión Europea, de acuerdo con sus nuevas prioridades políticas.

El acuerdo debe ahora ser ratificado una última vez por el Parlamento Europeo y los Estados para que las normas puedan entrar en vigor. El objetivo de la UE es que se empiecen a aplicar a los presupuestos de 2025.