Horas extra sin pagar, falsos autónomos, convenios que no se cumplen, fijos discontinuos que esconden temporalidad. Nunca se había hablado tanto de la Inspección de Trabajo, que la ministra Yolanda Díaz defiende públicamente. Este martes, nuevas multas en Glovo por los falsos autónomos, solo unos días después de anunciar sanciones a las consultoras conocidas como 'Big Four', EY, KPMG, Deloitte y PwC. Paradójicamente, los inspectores de trabajo que se dedican a destapar a las extras sin pagar y los abusos laborales aseguran estar bajo "cargas de trabajo inasumibles", y esperan desde hace más de un año y medio que se les amplíe la plantilla como, de hecho, se les prometió, según fuentes de Comisiones Obreras. Tanto es así que este miércoles han convocado una huelga que une a ocho sindicatos en 60 delegaciones de la Inspección del Trabajo por todo el territorio.
"La gente está muy cansada y muy descontenta, porque desde que llegó esta ministra se está incrementando la carga y no podemos asumirla con las carencias de personal que tenemos" aseguran fuentes de Comisiones Obreras. Se trata de un desgaste arrastrado desde el año 2015, cuando una ley dotó de autonomía al servicio de Inspección de Trabajo, a fin de que dejara de estar "empotrado" dentro del ministerio de Trabajo reconociendo su valor como servicio público. Ahora bien, "para asumir toda esta autonomía, hace falta una contratación pública para las nuevas tareas a asumir que nunca se ha llegado a tener", explican desde el sindicato. El 7 de julio del año 2021, "se alcanzó un acuerdo del cual no se ha cumplido absolutamente nada" en el sentido de ampliar el personal.
"Tenemos una presión fortísima, un ritmo de trabajo muy alto," dicen desde CC.OO, "que exista un incumplimiento de condiciones de trabajo a la Inspección no deja de ser un despropósito". "Que, por una parte, el Gobierno reivindique la importancia y la centralidad del ministerio y de la otra este mismo Gobierno incumpla su acuerdo es un contrasentido", añaden.
Desde el ministerio, afirman que la Inspección "ha visto mejorada sus condiciones y su presupuesto para esta legislatura con cifras históricas, como nunca se había hecho", así como resaltan que se "están ultimando negociaciones con ministerios competentes" para completar las mejoras. Desde los sindicatos, en cambio, se muestran cansados de esperar desde el 2021 y de un discurso constante de "se está haciendo", así como aseguran que el presupuesto, de 168 millones de euros y efectivamente mejorado, no se ha ejecutado. "El 22% se está utilizando por el déficit, para retornar al tesoro", lamentan.
El comunicado conjunto de los seis sindicatos habla no solo de una estructura por desarrollar, sino también de un "reconocimiento inexistente" y de nulas capacidades de prosperar. "No hay posibilidad de carrera de trabajo, no hay horizonte de mejora y en algunos apartados nos encontramos con los niveles retributivos más bajos de la administración", afirman, situación que demuestra un "escaso cariño a la institución, aunque se verbalice una vez y otra el valor de la misma".
La contradicción está tan viva que mientras los sindicatos se concentraban como previa a su segundo día de huelga (el primero fue en diciembre, el tercero será en febrero), la ministra Yolanda Díaz sacaba pecho de cifras "récord" con respecto a la regularización de falsos autónomos, aquellos que dependen de una empresa para vivir y que, por lo tanto, tendrían que ser contratados en plantilla. Según explicó, solo durante el año 2022 se regularizaron 40.000, hasta llegar a un total de 80.000 en los tres últimos años. En mayo del año pasado, la misma ministra cifró en 393 millones la recaudación conseguida por las actas abiertas contra falsos autónomos.
Se trata de un colectivo, los falsos autónomos, habitual en profesiones laborales y abogados, aunque los más conocidos por mantener esta práctica en casi toda la plantilla a pesar de las advertencias y multas es la empresa de reparto de comidas a domicilio Glovo. Aunque se aprobó una ley rider el año 2021 que establecía que los repartidores que eran falsos autónomos tenían que ser contratados, la empresa no se ha movido en su modelo laboral, ahora ilegal. La tercera gran multa anunciada justamente este martes, de 50 millones, eleva a más de 200 millones las sanciones interpuestas, un tercio de los ingresos de la empresa.
Solo hace una semana, los Inspectores del Trabajo efectuaban otra operación mediática señalando las horas extra sin pagar de las 'Big Four', las cuatro grandes multinacionales de consultoría del mundo, donde, por cierto, los sindicatos no han conseguido tener representación. KPMG, EY, Deloitte y PVC tendrán que pagar multas de hasta 7.500 euros por incumplir horarios. "Si tuviéramos los medios y recursos necesarios, podríamos haber hecho más operaciones de gran importancia", afirman convencidas las fuentes sindicales, justamente en un año donde se ha alcanzado un incremento del 20% en muertes por accidentes laborales hasta llegar a las 770 personas solo entre enero y noviembre del año pasado.
Estructura insuficiente
La nueva reforma laboral para combatir la temporalidad, que ha hecho que se disparen los fijos discontinuos (dónde la inspección ha detectado 27.000 fraudes) y también ha llevado de la mano una multiplicación por siete de los despidos de trabajadores indefinidos en periodo de prueba, supone nuevos retos que la Inspección asegura no estar preparada para asumir. "Se nos hace asumir un modelo de inspección moderno, con un plan estratégico basado en los objetivos y eso está muy bien, pero después tenemos una estructura anticuada y horrorosa para ponerlo en práctica. Ni siquiera tenemos coordinadores informáticos en las provincias, que puedan dar respuesta a los problemas técnicos que surjan," lamentan desde los sindicatos. "Es la primera huelga que une a todo el personal y las asociaciones corporativas están de acuerdo con los sindicatos que hay que reforzar la Inspección", añaden.
"La última huelga se desconvocó porque se nos decía que estaban negociando y después no se hizo nada", lamentan los inspectores movilizados, apuntando de algún modo que no volverán a ceder esta vez hasta que no vean los refuerzos hechos efectivos. Las fuentes sindicales estiman que hay unos 3.100 trabajadores en la Inspección laboral, con ratios insuficientes de un inspector por cada uno o dos subinspectores. "Eso hace que los inspectores tengan que asumir cargas extra de trabajo porque no tienen auxiliares", señalan las fuentes.
La falta de personal técnico se arrastra desde los recortes en el sector público motivados por la crisis de 2008 y el ideal mínimo, según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, para un sistema con 21 millones de trabajadores sería de 4.500 trabajadores en este organismo autónomo dependiente del ministerio de Trabajo. Pero todavía se espera que lleguen las 468 contrataciones de personal técnico y administrativo acordadas el año 2021. Entre los trabajadores, planea la contradicción de que la ministra más preocupada por las condiciones de trabajo no se preocupe por las de sus trabajadores más publicitados. "El ministerio del diálogo social no cumple sus acuerdos", resumen. Ex secretaria general de Comisiones Obreras y defensora pública de la acción sindical desde el ministerio, Díaz tiene ahora a seis sindicatos movilizados para pedir mejoras en su empresa.