El Parlament de Catalunya recurrirá la ley de vivienda española ante el Tribunal Constitucional (TC). Así se ha aprobado en la sesión parlamentaria de este viernes gracias a los votos de ERC y Junts –que son los promotores de la propuesta–, así como de los diputados de la CUP. El grupo socialista y el de los comunes han votado en contra mientras que Vox, Ciudadanos y PP se han abstenido.
Catalunya es la quinta autonomía que recurrirá la ley de vivienda después de Baleares, Madrid, Andalucía –estas tres gobernadas por el PP- y el País Vasco.
Durante el debate de este viernes, ERC y Junts se han cruzado reproches por las posiciones que adoptaron en la tramitación de la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados. Junts ha recriminado a los republicanos que la votasen a favor, mientras que ERC ha lamentado que, en la negociación con el gobierno español, se encontraron "muy solos". Socialistas y comunes han atacado a Junts por utilizar "como excusa" la invasión competencial para oponerse a "avances sociales".
Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias
El Consejo de Garantías Estatutarias emitió con anterioridad un dictamen en el que se apunta que parte de la ley vulnera competencias catalanas. El organismo consultivo que preside Joan Vintró dictaminó que varios artículos de la norma española son inconstitucionales porque supuestamente vulneran competencias catalanas en materia de vivienda y urbanismo, así como el principio de autonomía financiera.
Este dictamen del CGE era el paso previo para que el Parlament pudiera debatir si interponía un recurso de inconstitucionalidad o no. Una vez recibida la resolución del órgano, tanto ERC como Junts pidieron a la Mesa que se pudiera votar el recurso.
Artículos recurridos
Concretamente, lo que ERC y Junts querían que se recurriera y que el Parlament ha acabado aprobando son los artículos 2 (finalidades de las políticas de vivienda), 15 (derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística), 16 (vivienda protegida), 17 (vivienda asequible incentivada), 18 (declaración de zonas de mercado residencial tensionado), 27, 28, 29 (parques públicos de vivienda), la disposición transitoria primera (viviendas calificadas con algún régimen de protección pública antes de la aprobación de la ley), la disposición transitoria segunda (objetivos del parque de vivienda destinado a políticas sociales) y la disposición final séptima (títulos competenciales), según informa la ACN.
La consellera de Territorio, Ester Capella, intervino en el pleno para avanzar que el Govern de la Generalitat abrirá conversaciones con el Gobierno para abordar la invasión competencial.
La nueva ley de vivienda se aprobó en abril pasado en el Congreso de los Diputados y está en vigor desde mayo después de ser ratificada por el Senado. Las organizaciones que representan los propietarios fueron las primeras que protestaron. Los administradores de fincas advirtieron que provocaría una caída de la oferta de pisos de alquiler, especialmente en la ciudad de Barcelona. Otros agentes también alertaron de que, en muchas ciudades, los propietarios que tienen pisos de alquiler están pasándose al alquiler de habitaciones, más desregulado, para evitar las restricciones de la nueva norma.