El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una moción del PSC, en lo referente a la actividad económica y empresarial, que insta al Govern a "aprovechar la posición geográfica privilegiada" de Catalunya para "desencallar e invertir en infraestructuras físicas y tecnológicas básicas pendientes de que mejoren la competitividad" catalana. Entre los proyectos a efectuar, se menciona la ampliación del aeropuerto del Prat, la B-40, las energías renovables, los polígonos industriales, la fibra óptica o el corredor ferroviario del mediterráneo en ancho de vía europeo. Este punto ha contado con el apoyo de los socialistas (impulsores de la moción), Junts per Catalunya, Vox, Ciutadans y el Partit Popular. En total, han sido 84 votos favorables. Por su parte, Esquerra Republicana se ha abstenido (32 votos), mientras que la CUP y los comuns han votado en contra (17).

La moción también apuesta por "impulsar el atractivo y potencial nacional e internacional de Catalunya para seguir atrayendo nuevos proyectos e inversiones que garanticen un mayor crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad y la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad repartidos de manera equilibrada por todas las comarcas". En paralelo, la cámara catalana ha aprobado instar al Govern a "potenciar y mejorar el funcionamiento de las 40 oficinas que integran la Red de Oficinas Exteriores con la finalidad de hacer llegar las oportunidades y competitividad del territorio por todo el mundo", con la única oposición de Vox y las abstenciones de la CUP.

Otras medidas que el texto del PSC añade y que han sido validadas son la puesta en marcha de la reforma de la Formación Profesional Dual para "formar y atraer mano de obra más cualificada y adaptada a las necesidades del mercado de trabajo" o un plan para mejorar la puntuación de Catalunya en el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea -el territorio se sitúa en la posición 108 de 234. Para conseguir este último aspecto, se ha aprobado un punto para "impulsar la mejora de la transparencia, la lucha contra la corrupción, el buen gobierno y la calidad de los servicios públicos, la formación permanente, la lucha contra el abandono escolar prematuro y la innovación y mejora de la calidad y la igualdad de género del trabajo".

Un plan del Govern para el retorno de las sedes sociales que se embarranca por la "inestabilidad institucional"

Ahora bien, lo que ha levantado polvareda es la propuesta socialista para que el Govern elabore un plan "con medidas concretas" para el retorno de las sedes sociales de las empresas que se marcharon de Catalunya a causa de la "inestabilidad institucional" de 2017. La iniciativa no ha prosperado por los 72 'no' de ERC, Junts y la CUP; los 51 'sí' del PSC, comuns, Ciutadans y el PP, y la abstención de Vox. El texto recogía que el ejecutivo catalán tenía que presentar en el plazo de un mes ante la Comisión de Empresa y Trabajo "las medidas que está impulsando o las que tiene previsto emprender los próximos meses". Entre las compañías que se marcharon, destacan CaixaBank, Banc Sabadell, Naturgy, Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa o Catalana Occidente.

A lo largo del debate de la moción subsiguiente formulada por los socialistas a la cámara legislativa, el diputado de la formación proponente, Òscar Ordeig, ha defendido que la moción persigue el objetivo que Catalunya "trabaje para recuperar la primera posición del PIB en el Estado" y, entre las medidas para alcanzarlo, ha avalado el retorno de las sedes sociales a partir de la "mejora de la confianza institucional y estabilidad". Desde el independentismo, tanto Esquerra Republicana como Junts han coincidido en señalar que no comparten las alusiones a "inestabilidad institucional" que hace la moción, y por eso se han opuesto.

El punto para el retorno de las sedes sociales de las empresas en Catalunya entronca con uno de los ejes del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts per Catalunya. En el ámbito de los "déficits y limitaciones del autogobierno", los socialistas se comprometieron a "abordar los elementos esenciales de un plan que facilite y promueva el retorno a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron la ubicación a otros territorios los últimos años". Este aspecto ha generado reproches entre el PSC e Izquierda. El parlamentario de las filas republicanas, Engelbert Montalà, ha apelado el partido liderado por Salvador Illa a "ser coherente" con aquello que firman: "No nos han aceptado una enmienda donde proponíamos exigir al gobierno del Estado el impulso de un plan para el retorno de las sedes sociales. En cambio, en el acuerdo PSOE-Junts, sí que hay un punto que lo especifica. ¿Lo que ahora acuerdan entre ustedes resulta que son deberes para la Generalitat"?, se ha preguntado. Por otra parte, desde Vox, Joan Garriga ha afirmado que el retorno de las sedes no se producirá hasta que haya "seguridad jurídica, cumplimiento de las leyes y sentencias y bajada de impuestos".