La patronal de las constructoras y concesionarias está trabajando en una propuesta de peajes para financiar las autovías españolas. Así, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) sugiere una tarifa de peaje de 2,8 céntimos por kilómetro para los coches y de 8,2 céntimos para los camiones en el caso de que el gobierno español apruebe una implementación de peajes en las autovías.

De momento, no se trata de una propuesta formal sino de una declaración de intenciones. En rueda de prensa, el presidente de Seopan, Julián Núñez, ha avanzado este lunes que en dos meses presentarán una propuesta formal que irá en este rango de precios, aunque quizás la incrementen para los camiones.

Para sugerir estas tarifas parten del importe de inversión pública ejecutada de 4.657 millones de euros en 10 autovías de peajes durante 19 años en función del tráfico registrado en este tiempo. Consideran, con los peajes de 2,8 céntimos y 8,2 céntimos por kilómetro abonados directamente por los usuarios, el Estado se habría ahorrado 4.657 millones de euros, al mismo tiempo que se habría generado una estimación adicional de ingresos tributarios durante los 19 años de 793 millones de euros en concepto de recaudación de Impuesto de Sociedades (135 millones de euros), Bienes Inmuebles de Características Especiales (503 millones) e ITP (155 millones).

El presidente de Seopan ha subrayado que los peajes sugeridos son hasta un 78,5% inferiores a las tarifas medias de las autopistas de peaje actualmente en operación, al no tener que repercutir a los usuarios la inversión inicial en construcción. Núñez ha presentado un informe de PwC, encargado por la patronal europea de concesionarios de autopistas que él mismo presidió hasta el año pasado, que apunta que el 73,8% de la red de autovías europea se opera y financia con peajes, frente a solo el 13% en España, el país europeo en el que menos peajes hay, con la excepción de Finlandia y Chipre, donde no existen. En Irlanda se aplican en el 36% de la red, y en el resto de países por encima del 74% (en 19 de ellos sobre el 100% de la red).

Indicó que implementar peajes en toda la red española permitiría invertir 10.661 millones de euros en medidas de seguridad operacional y vial, de sostenibilidad y de digitalización, con un superávit fiscal medio de entre 3.054 y 5.082 millones de euros cada año. Añadió que estos datos contrastas con el actual modelo, en el que hay un déficit de 10.000 millones en conservación, al invertirse solo 2.000 millones de euros anuales (22.489 euros por kilómetro), un 54% menos que la inversión de Alemania.

La Comisión Europea dio en diciembre pasado un ultimátum a España y otros siete países para que adopten plenamente a sus ordenamientos jurídicos las normas europeas sobre peajes y viñetas para el uso de infraestructuras viarias, y les amenazó con una denuncia en caso de que no lo hagan.

Reclamaciones

Por otra parte, Seopan constata que en 2024 sigue registrando incrementos de precio en materiales básicos (acero +36%, aluminio +12% y cemento +5,6%) y energía (electricidad +54% y gas +29,6%), con un coste promedio de la obra pública en 2024 un 27% superior al de 2020. Por este motivo, reclaman que se establezca en los pliegos de los concursos públicos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, eliminada en 2015 por la Ley de Desindexación.

Igualmente, según Seopan, es “prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30%" para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, por considerar que se compromete “gravemente” la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado.

Esta patronal también ha señalado que la licitación pública de concesiones de obras “está en mínimos”, con tan solo 11 concesiones licitadas en 2024 de 312 millones de euros) frente a los 5.274 millones de 2023, que tuvieron un ligero repunte por la licitación del Plan de Carreteras de Aragón.

Según los datos de Seopan, en 2024 se registró un significativo crecimiento de la licitación pública, del +10,3% hasta los 29.533 millones de euros, impulsado por la edificación (+22,9%) y, en menor medida, por la obra civil (+2,5%).