La API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) califica como "coacción" la medida aprobada por la Generalitat de expropiar viviendas vacías en 14 municipios para dedicarlos al alquiler social y se ofrece como intermediaria a los propietarios para que no se llegue a este extremo. "La semana pasada estuvimos con la secretaria de vivienda y nos ofrecimos como mediadores con los propietarios para movilizar estas viviendas", explica a ON ECONOMIA Carles Sala, portavoz y responsable de Asesoría Jurídica de API Catalunya. "Hay medidas de fomento, apoyo fiscal a la rehabilitación para movilizar estas viviendas antes de la expropiación y sin llegar a la vía de la coacción", añade. "Además, podríamos movilizar mucho más que los 185 detectados por la Generalitat, porque hay 30.000 pisos vacíos", ha añadido.
"Expropiar no es la mejor medida para la vivienda", apunta Sala, que no obstante ve "positivo" el estudio que ha hecho la Generalitat para detectar dónde hay pisos vacíos en los 14 municipios que han aceptado cooperar con ellos para esta medida. "Las viviendas tienen que cumplir la función social y está bien que se sepa qué pisos vacíos hay, pero antes de la coacción, hay medidas de fomento más efectivas", abunda Sala. "Tal vez para los ciudadanos suene bien la expropiación, pero para los inversores no son políticas que generen confianza y es necesario medidas que generen confianza", añade Sala.
"Piensa que estamos en un momento de mercado que los contratos han pasado a ser de 3+1 años a 5+3 y los de personas jurídicas de 7+3 y por tanto si todo el mundo agota sus contratos de alquiler, hasta el 2027 o 2029 no habría rotación", alerta Sala, si bien un estudio publicado justamente este miércoles por el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) apunta a que cuatro de cada diez inquilinos de Barcelona se vieron obligados a cambiar de piso por una subida de precio, con lo cual la rotación se acaba dando por motivos económicos.
"Si hay que aportar vivienda al mercado de alquiler, lo hagan las administraciones o los actores privados, hay que generar confianza entre los inversores y estas medidas no lo generan. Necesitamos medidas para revertir la situación que estamos viviendo, que es la de que se ha duplicado la tasa de personas que cuando acaban de alquilar un piso prefieren ponerlo en venta a seguir alquilándolo", añade Sala, que alerta que "en Baleares ya se ha aplicado la expropiación y no ha tenido apenas efecto".
Desde la Generalitat, fuentes del departament de Territori recuerdan que la expropiación será el último paso después de una negociación previa y que hay otras medidas aprobadas para movilizar hasta 10.000 pisos para ponerlos en el mercado de alquiler social. Entre ellos, 100 millones destinados a comprar pisos vacíos, algunos de ellos los que pondrá la Sareb a disposición de las comunidades autónomas. En total, la Generalitat aspira a poder adquirir 1.000 pisos para poner el mercado de alquiler social mediante la compra, pero advierte que existen otros métodos activados por el Govern como la cesión temporal.
Medida "lenta" e "insuficiente"
Los principales afectados por las nuevas políticas de vivienda, tanto de la Generalitat como del Gobierno español, suelen alertar de que "estamos en las últimas semanas en una situación de subhasta electoral". Son palabras del mismo Costa, pero coinciden con la visión de Lorenzo Viñas, presidente del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. "El anuncio de la expropiación no es más que un anuncio político en esta fiesta de absurdos que estamos viviendo", asevera. Y advierte de varios inconvenientes de esta medida. "En primer lugar, la vía judicial es la más lenta, y más con la acumulación de expedientes que hay. Para que se llegue a la expropiación y al justiprecio, pueden pasar meses, años. Es una medida que puede tardar mucho en hacerse efectiva", defiende. En segundo lugar, "el alcance es muy limitado con los cinco millones de euros de presupuesto", asegura, a pesar que desde el Govern explican que es la primera partida presupuestaria, aunque solo entran entre los expropiables los 185 pisos catalogados en los 14 municipios que se prestaron a colaborar.
"Pedimos rigor y responsabilidad. Para solucionar el problema de vivienda necesitamos un pacto de país y no intoxicar con esta expropiación", asegura Viñas, que insiste en buscar "colaboración entre sectores público y privado". "La expropiación es un sistema extraordinario de corrección de algo que va mal en el sector privado. Hay que tener una justificación clarísima para llevarlo a cabo", alerta, aunque reconoce que "si no existe ninguna otra solución, es una posible solución". "¿Por qué no apostamos por el suelo público para la generación de vivienda social? ¿O locales de planta baja que pueden ser susceptibles de convertirse en vivienda social?", se pregunta Viñas, que en cualquier caso pide "otras soluciones menos extremas que la expropiación".