Las patronales bancarias AEB y CECA han mostrado su rechazo a la modificación que ha planteado el Gobierno del impuesto a la banca y no descartan acudir a los tribunales al considerar que, en caso de aprobarse, subsistirán "algunos de los vicios de inconstitucionalidad" del gravamen que está actualmente en vigor.

En la misma línea, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, señaló este jueves que les deja en desventaja respecto al resto de bancos europeos, sobre todo los que operan en España y no tienen que pagarlo. Indicó que a este impuesto se le puede llamar “tasa CaixaBank” por ser la entidad que más ha pagado en los dos últimos años, unos 870 millones de euros.

A través de una enmienda al proyecto de ley para crear un impuesto global del 15% a grandes multinacionales, el PSOE ha propuesto cambiar la figura del gravamen, pasándolo de una prestación patrimonial de carácter no tributario a un impuesto propiamente dicho, pero manteniendo que se graven el margen de interés y las comisiones netas.

La idea es tener esta figura durante los próximos tres años, hasta 2028, y que el tipo pase de un 4,8% a uno progreviso que iría del 1% al 6% en función de la base liquidable. Además, permitirá la deducción del 25% de la cuota del Impuesto de Sociedades y se establece una deducción extraordinaria en el caso de que las entidades sufran un descenso sostenido de su rentabilidad, algo que en el actual gravamen no se contempla.

Se mantendría, asimismo, el límite mínimo de 800 millones de euros en ingresos para las filiales en España de la banca, ya sea doméstica o extranjera.

Además, el PSOE tiene intención de hacer decaer el impuesto temporal a las energéticas y ha pactado con el PNV que sean las haciendas forales el que gestione el tributo sobre la banca.

Las patronales bancarias han mostrado este jueves su disconformidad al nuevo impuesto, ya que "afecta al crecimiento económico". Así, en caso de aprobarse en los términos anunciados, no descartan acudir a los tribunales puesto que "subsisten algunos de los vicios de inconstitucionalidad del actual gravamen en vigor". En este punto, conviene resaltar que tanto las patronales como las propias entidades ya recurrieron en 2023 el actual gravamen ante la Audiencia Nacional.

Las asociaciones insisten en que este impuesto "merma" el crédito a familias y empresas, especialmente a las pymes, y recuerdan que, en un contexto de tensión geopolítica global, España, al igual que Europa, enfrenta "la necesidad de inversiones millonarias", para lo cual la financiación bancaria "es imprescindible".

Impuesto discriminatorio

Califican de "discriminatorio" el impuesto y afirman que "estigmatiza y perjudica" la competitividad de los bancos españoles. Añaden que es contrario a las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE y aseguran que España es el "único país" que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario.

"La banca española sigue trabajando diariamente para cumplir su función en la dinamización de la economía y la fluidez del crédito, y para asegurar la protección de sus clientes y accionistas", concluyen ambas patronales. En la imagne superior aparecen el director general de CECA, José María Méndez y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán.