Las patronales bancarias AEB y CECA han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial en la que se recoge el impuesto extraordinario al sector, según han informado fuentes financieras a ON ECONOMIA.
Las dos asociaciones representan tanto a los bancos tradicionales como a los grupos bancarios creados por las antiguas cajas. AEB representa a Santander, BBVA y Sabadell, mientras que CECA a Caixabank y Unicaja. De este modo, las patronales recurren directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca.
Con este nuevo tributo, el Gobierno pretende recaudar hasta 3.000 millones en dos años para financiar en parte las medidas sociales aprobadas para hacer frente a la subida de los tipos y la inflación. Caixabank es la más afectada por el nuevo impuesto a los "beneficios extraordinarios", teniendo que pagar este año 400 millones. Le sigue Santander con 230 millones y BBVA 225 millones.
De hecho, el presidente de CaixaBank, Ignacio Goirigolzarri, aseguró a principios de este mes que la entidad estaba estudiando recurrir el impuesto. El directivo aseguró que la entidad estaba “analizando” desde el punto de vista jurídico “si tiene sentido” impugnar el tributo. “El consejo tomará una decisión en su momento. No está tomada”.
No se solicitan medidas cautelares
Fuentes del sector explican que no han pedido medidas cautelares porque esto supondría paralizar las liquidaciones. Una situación a la que no quieren llegar, ya que redundaría en la idea de que los bancos no quieren pagar, algo que defienden que no es cierto. Los bancos ya han pagado la primera parte del impuesto este mes de febrero y pagarán la otra en septiembre.
Ahora, son las entidades las que tienen la posibilidad de recurrir las propias liquidaciones y si toma vuelo la impugnación y los recursos de las liquidaciones, Hacienda tendrá que devolverles el dinero. Por su parte, las patronales no pueden impugnar las liquidaciones porque no han pagado el impuesto, sino que ha sido cada entidad la que ha abonado la cantidad de manera independiente. Las patronales hacen de portavoces globales basándose en el dictamen que el BCE (Banco Central Europeo) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen.
Es por ello que lo que se impugna es la orden Ministerial que ha permitido la creación de esta tasa, que grava el 4,8% de los ingresos y comisiones. Este tributo entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado y empezar a recaudar en 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.