Mientras que el Gobierno se felicitaba por la aprobación este martes del anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y ansiaba que entre en vigor lo antes posible para beneficiar a más de 12 millones de personas, por su parte, las patronales y organizaciones sectoriales reiteraban su rechazo a una norma que, según defiende, creará un nuevo problema en la mejora de los niveles de productividad y competitividad de las empresas.
Las reacciones patronales al acuerdo del Consejo de Ministros no se han hecho esperar y han ido en la línea de las últimas semanas en las cuales, quien más quien menos, ha advertido que se aplicará una medida que no cuenta con el suficiente consenso y que rompe la regla del diálogo social. En opinión de los empresarios, la reducción de la jornada laboral no puede extenderse de manera unánime a todos los sectores de actividad. De ahí que los menos contrarios apunten a su inclusión en la negociación de los convenios colectivos y/o de empresa para atender a las necesidades de cada sector.
También se fundamentan en el contexto del mercado laboral. La CEOE advierte de "signos de fragilidad" en el mercado laboral español y Cepyme asegura que el aumento de los costes laborales por el SMI y la reducción de jornada han "amplificado" los datos, tras la publicación este martes de las cifras de paro por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Desde la CEOE analizan que el dinamismo empresarial comienza a dar muestras de "atonía" debido a la incertidumbre provocada por el aumento de los costes laborales, fiscales y financieros, y una inseguridad jurídica cada vez mayor por el aumento de la regulación. Para acabar con esta tendencia, tanto CEOE como Cepyme piden estabilidad en el marco regulatorio que tenga en cuenta los incrementos de los costes laborales y reclaman que su adaptación se haga a través de la negociación colectiva.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado que la patronal no está en contra de reducir la jornada, sino que pide hacerlo a través de la negociación colectiva y los convenios, que es la que debe marcar la estrategia de recorte de jornada y subida del salario mínimo interprofesional (SMI), como se ha hecho "siempre". En este sentido, ha recordado que la reducción de jornada costará sobre los 23.500 millones de euros a las empresas, según cálculos de la CEOE, mientras que "cada punto" del salario mínimo, que se revalorizará un 4,4% este 2025, supondrá 600 millones de euros en costes para las pequeñas empresas.
Sobre el coste que supondrá, también se ha posicionado en diversas ocasiones Foment del Treball. Su presidente, Josep Sánchez Llibre ha constatado que habrá un incremento de los costes unitarios salariales del 7% y que, en definitiva, supondría un coste global para las empresas de 12.000 millones de euros. El presidente Sánchez Llibre ha indicado que si se añade el coste del absentismo laboral de 37.000 millones de euros por año, el coste resultante sería “escandaloso” porque se situaría alrededor de los 49.000 millones de euros, equivaliendo al 4,1% del PIB español.
Foment, que no está en contra de la reducción de la jornada laboral por principio, sino de la reducción generalizada por ley y uniforme para todos los sectores, insiste en que España ya cuenta con una jornada máxima dentro de los estándares europeos. "La experiencia de la negociación colectiva ha demostrado ser eficaz para ajustarla de manera flexible", dice en un comunicado. Actualmente, la jornada laboral media se sitúa entre 37 y 38 horas semanales (equivalentes a 1.700-1.752 horas anuales), añade.
Otras organizaciones sectoriales como Hostelería de España se han sumado a las críticas. En este caso, se ha advertido de la falta de personal en el sector que, con la reducción de jornada, va a tensionarse aún más. Los hosteleros creen que esta medida tendrá impacto económico en el sector, pero sobre todo "organizativo" en un gremio que requiere de "mucha presencialidad" debido a la concentración de clientes, lo que requiere de "análisis distintos a los que tiene el metal, la construcción o el automóvil", ha demandado.
En la misma línea, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y Hostelería de España estima que la reducción del tiempo de servicio y producción en sus locales -derivada de la aplicación de la futura reducción de jornada- hará caer un 3% su facturación, esto es 5.099 millones de euros.
El ejemplo de Dinamarca o Alemania
Por su parte, Pimec se muestra absolutamente contraria a esta propuesta y alerta de que sería un grave error aplicar esta medida sin encauzarla a través de la negociación colectiva y con la participación de las pymes, siguiendo los modelos de los países más competitivos de nuestro entorno. Asimismo, la entidad reclama una mejora del sistema de negociación colectiva para garantizar una mayor representación de las pymes y una adaptación más ajustada a la realidad de cada territorio. En este sentido, considera que países como Dinamarca o Alemania, que no tienen fijada una jornada máxima legal y lo han vehiculado a través de la negociación colectiva, son un claro ejemplo de ello.
Además, Pimec ha recordado -en un comunicado- que España no se encuentra actualmente ante una problemática de exceso de jornada o de tiempo de trabajo efectivo, ya que la mayoría de los convenios colectivos han ido reduciendo el tiempo de trabajo y España se sitúa en la media de la UE. De hecho, ha asegurado que la media de horas anuales trabajadas es similar e incluso inferior a la de muchos países europeos, situándose por debajo de la media de la OCDE. Por todo ello, considera que con una voz propia de las pymes en el diálogo social español se hubieran tenido en cuenta la dimensión empresarial, las características de los diferentes sectores económicos y los retos del mercado de trabajo.
También se opone a la medida la patronal multisectorial catalana Cecot y ha expresado su preocupación por el impacto negativo que esta medida podría tener en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Además, advierte que esta medida no solo afectará a las empresas, sino también a las dinámicas de la negociación colectiva y la autonomía de las partes negociadoras, sindicatos y patronales. Advierten desde esta organización que la medida impuesta no aborda otros problemas laborales importantes, como el absentismo laboral, que afecta a un 10% de la población activa y que también debería ser una prioridad para mejorar la eficiencia del sistema laboral.