El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escenificado este miércoles, en los jardines de la Moncloa, un nuevo acuerdo en materia de pensiones con la patronal y los sindicatos. En una breve intervención, aseguró que este acuerdo es "producto de la buena política" y "contribuye a una sociedad más justa". No obstante, aún no tiene garantizada la mayoría en el Congreso para tirarlo adelante y sus socios de gobierno ya les reclaman retoques.
"Es un acuerdo destinado a perdurar", destacó Sánchez tras la firma de este pacto, cerrado a finales de julio, y que incluye cambios en la jubilación demorada y activa, da más papel a las mutuas en algunos tratamientos y regula el retiro para las profesiones penosas.
En el acto protocolario de la firma intervinieron, por parte de las patronales, Antonio Garamendi (Ceoe) y Gerardo Cuerva (Cepyme), y por parte de las centrales sindicales, Unai Sordo (CC.OO) y Pepe Álvarez (UGT). Firmaron el acuerdo junto al presidente Sánchez. También estuvo presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la socialista Elma Saiz, pero no así la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se encuentra en Barcelona para reunirse con los agentes sociales para buscar un acercamiento sobre la reducción de la jornada laboral.
En su intervención ante los medios, Sánchez añadió que "ningún acuerdo importante se alcanza sin esfuerzo". Recordó que es el cuarto acuerdo que firma con los agentes sociales en materia de pensiones desde 2020.
Este acuerdo recoge materias que quedaron pendientes del grueso de la reforma aprobada en 2022 y 2023, en la que se vincula la subida de las pensiones a la inflación. El documento firmado este miércoles mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa, la que permite seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y cobrar una parte o toda la pensión.
También se regula el marco para la firma de convenios de colaboración entre comunidades autónomas y las mutuas para que puedan colaborar con los servicios públicos de salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico. Y se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.
Estas modificaciones deben articularse en varios cambios normativos en un calendario que el Gobierno aún no ha detallado y que, en algunos casos, precisarán de unos apoyos parlamentarios siempre ajustados. Algunos grupos habituales socios del Gobierno ya han expresado sus críticas en el tema de las mutuas.
En declaraciones recogidas por Efe, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que el acuerdo constituye un "nuevo hito del diálogo social", y ha subrayado que espera "una pronta puesta en marcha" de las medidas acordadas que requieren actuaciones directas del Gobierno o desarrollos reglamentarios de normas ya aprobadas por las Cortes.
También que las modificaciones parciales de la Ley General de Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores que se derivan de este acuerdo "se pueden aprobar en las Cortes Generales y entrar en vigor en el menor plazo posible".