El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su discurso en el 41 congreso federal del PSOE en Sevilla para anunciar que el ejecutivo creará "una gran empresa pública" que pueda construir y gestionar vivienda". En medio de una crisis de vivienda donde gran parte de la población tiene que destinar más de la mitad de sus ingresos con el fin de pagar un alquiler o una hipoteca, y después de las manifestaciones en varias ciudades y de los últimos anuncios del ejecutivo tanto español como autonómicos de construir miles de viviendas públicas, ahora Moncloa decide no fiarlo todo a las empresas privadas y a la Sareb. Sin dar más detalles sobre qué inversión inicial tendrá esta empresa, cuándo empezará o como operará, Sánchez da pistas sobre una política económica donde el sector público también muestre músculo. Últimamente, a través de la SEPI ha aumentado la participación pública en empresas privadas del IBEX 35.

"¿Atacan el feminismo? Responderemos con pacto de estado por violencia de género. Impulsaremos esta legislatura la reducción de la jornada laboral. ¿Atacan la ley de vivienda? Pues crearemos una gran empresa pública de vivienda capaz de crear y gestionar vivienda", ha dicho Sánchez, en referencia a una nueva ley que ha recibido a muchas críticas, sobre todo procedentes de constructoras y patronales hacia el tope de los precios del alquiler, que las voces críticas aseguran que reducen la oferta y, por lo tanto, el precio. Sin embargo, solo Catalunya está aplicando los topes.

El documento final del Congreso, con medidas propuestas por el partido hasta 2030, aporta otras novedades en materia de vivienda. El parque público de vivienda debe aumentar hasta superar el 6% del total, se propone rehabilitar 1,5 millones de viviendas y reducir a menos del 7% la proporción de personas que tienen que dedicar más del 40% de sus ingresos a la vivienda. El PSOE propone además eliminar todas las viviendas turísticas ilegales y reforzar el derecho a la vivienda en la Constitución Española recogiendo la titularidad pública de forma permanente.  

Para todo ello, los socialistas se plantean el aumento de la oferta, la lucha contra la especulación y las ayudas a jóvenes con menos recursos como tridente de políticas. 

Además, los socialistas se comprometen a impulsar una reforma de ley de suelo que agilice las nuevas promociones de vivienda, con especial acento en las sociales, e incentivos fiscales para la vivienda nueva y la rehabilitación. Otros incentivos irán destinados a las personas que pongan vivienda vacía en alquiler a precio asequible, especialmente en zonas de alta demanda. Y crear un seguro público contra impagos y desahucios que protega a propietarios e inquilinos.  

Flexibilidad horaria

En clave laboral, los delegados socialistas han aprobado el mandato de aprobar una nueva ley de usos del tiempo que consolide el acceso de los empleados a la flexibilidad horaria, la concentración de la jornada laboral en horario de mañana y el teletrabajo, siempre que la naturaleza del puesto lo permita. Para hacerlo posible, se apuesta para conseguir la reducción a 37,5 horas semanales que actualmente negocian patronal y sindicatos y avanzar hacia un recorte más ambicioso que deje la semana de trabajo en 36 horas el año 2030.

Con respecto al SMI, se propone incluir en la Carta Magna la obligatoriedad de revalorizarlo para que siempre esté por encima del 60% del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. También se apuesta para incrementar el impuesto de sociedades en las empresas donde el personal ejecutivo cobre 40 veces más que la media de la plantilla. Asimismo, se plantea obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre los trabajadores.

Financiación de "singularidades"

También este sábado, el PSOE ha ratificado en su ideario que apuesta por una financiación autonómica de "singularidades" para todo el mundo. En Sevilla, las diversas federaciones han aprobado por unanimidad defender un modelo de "singularidades" que compagine la negociación "multilateral" entre autonomías con la "bilateral" entre comunidades y Gobierno; y que se dirija, en última instancia, hacia un sistema "federal".