El Gobierno iniciará este martes en Consejo de Ministros el procedimiento para poner fin a las golden visa, programa que permite a extracomunitarios obtener residencia española (y, por tanto, europea) a cambio de comprar una casa. "Quiero anunciarles que el Consejo de Ministros de mañana (por este martes) va a estudiar un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley, aprobada por el PP en 2013, que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país", ha dicho Sánchez durante un acto en Dos Hermanas, Sevilla.
"No queremos un modelo de inversión especulativo con la vivienda", ha dicho Sánchez, que pondrá fin así a un programa que inició en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy para atraer inversiones extranjeras y que permite obtener rápidamente el permiso de residencia a extracomunitarios que se gasten 500.000 euros o más en inmuebles.
"Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada golden visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo", ha dicho Sánchez, que ha destacado que el 94% de los permisos concedidos lo han sido a cambio de una inversión inmobiliaria (el visado también se puede obtener a cambio de inversiones empresariales o de letras del tesoro).
El programa de golden visa, a través del cual ciudadanos extranjeros han invertido 13.600 millones de euros en España, ha concedido un total de 23.201 permisos, 5.409 otorgados desde oficinas consulares en el extranjero y 17.792 desde la Unidad de Grandes Empresas en Madrid, dependiente del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
La concesión de visados y permisos de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias, que se mantiene en países como Grecia, Chipre o Portugal (que anunció su suspensión y después se echó atrás), ha suscitado polémicas por diversas razones. La primera, apuntada por la Comisión Europea y por organismos como Transparencia Internacional, es la posibilidad de que sea puerta de entrada a capital corrupto o de mafias internacionales.
Existen también críticas relacionadas a la entrada de capital extranjero en el mercado inmobiliario de rentas más altas, que puede encarecer la vivienda, y, por último, a la desigualdad que supone las facilidades para obtener una ciudadanía en comparación con los extracomunitarios sin ese poder adquisitivo, para los cuales el proceso es mucho más lento y costoso.