El Gobierno español no tiene intención de modificar el actual sistema de despidos para modificar el tipo de indemnizaciones que se paga por los “improcedentes”, actualmente 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, al entender que cumple con la exigido por la Carta Social Europea Revisada (CSER) que España suscribió en verano de 2021. Así lo ha hecho saber el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el escrito de Observaciones enviadas por el Ministerio de Justica al Comité Europeo de Derechos Sociales que tramita actualmente una reclamación de UGT solicitando que se cambie el actual modelo de indemnización por despido improcedente.
Desde el Ministerio de Trabajo matizan a ON ECONOMIA que, al margen de la posición adoptada por el Gobierno español en las alegaciones ante el Comité Europeo de Derecho Sociales, su voluntad sigue siendo abrir un debate para ir hacia un modelo de “despidos reparativos”, donde la indemnización no se fije exclusivamente en función de la antigüedad del trabajadora, sino que se tengan en cuenta otros parámetros personales, sociales o formativos.
En el documento de alegaciones del Ministerio de Justicia, elaboradas por la Abogacía del Estado -hechas públicas esta mañana por UGT-, se dice textualmente que “el Gobierno de España considera que el sistema español de protección al trabajador que ha sido despedido de manera “ilícita” cumple con lo dispuesto en el Artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER), proveyendo al trabajador de una indemnización adecuada, y articulando en cualquier caso un mecanismo de reparación que resulta apropiado, que permite compensar al trabajador por los daños causados por la pérdida sufrida (finalidad resarcitoria), y trata de evitar que al empresario le resulte beneficioso acudir a la vía del despido (finalidad disuasoria).
Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo señalan que las alegaciones ante el Comité Europeo corresponden al Ministerio de Justicia y que la posición del Ministerio de Trabajo y Economía social es la que planteó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, respondiendo a la interpelación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) el pasado 15 de febrero en sede las Cortes. La formación catalana presentó una moción de urgencia solicitando que se recuperase la indemnización para los despidos improcedentes anterior a la reforma laboral del PP de 2012; es decir 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, e, igualmente, solicitó que en las indemnizaciones se tuviesen en cuenta las condiciones personales de los despedidos. En la votación el Gobierno se fracturó por la mitad: el grupo parlamentario socialista votó en contra junto al PP, Vox y Cs, entre otras formación, y Unidas Podemos se pudo del lado de ERC y Bildu, apoyando un cambio en el actual modelo de indemnizaciones.
Debate electoral
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha señalado este viernes durante la presentación de las alegaciones del Gobierno a la reclamación del sindicato ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que poco importan las declaraciones que la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya realizado sobre futuros cambios legislativos del despido: “la posición [sobre el actual sistema de despidos e indemnizaciones] del Gobierno es la que está en el escrito”, ha comentado el líder de UGT. Dado que no se espera que el Comité emita la resolución sobre la petición de UGT antes de final de este año o, incluso, en el primero trimestre de 2024, Álvarez no confía en que un año electoral el Gobierno quiera abrir la negociación para modificar el despido, algo que vienen demandado desde principios del pasado año. En este sentido, el sindicato hará un esfuerzo para que en los debates electorales e, incluso en los programas de los partidos, se incluya el despido.
Respecto al escrito de alegaciones, Fernando Lujan, vicesecretario general de Política Sindical de UGT y artífice de la reclamación ante el Comité Europeo, ha mostrado “muchísima decepción” por la postura defendida desde el Gobierno, que defiende el actual modelo de despido e indemnización. Luján ha calificado de “asombrosa” la consideración de que la rebaja de 45 días de indemnización por año trabajo con un límite de 42 mensualidad a 33 días con un tope de 24 meses realizada por el Partido Popular sea, en opinión del actual Gobierno, “suficientemente disuasoria” para que los empresarios no opten por la vía del despido.
Indemnización disuasoria
El escrito de alegaciones considera que el importe de la indemnización en el caso de despidos improcedentes resulta en cualquier caso superior al importe de la indemnización en caso de despido procedente por causas objetivas (indemnización de 20 días de salario por año trabajado) y que el carácter disuasorio, de cara al empresario, de la indemnización por despido improcedente, viene dado, precisamente, “por ese mayor coste que debe asumir cuando despide improcedentemente que cuando lo hace procedentemente”.
Otro tema que ha sorprendido a UGT es el argumento utilizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el debate sobre un posible cambio en la legislación del despido quedó zanjado durante la negociación de la reforma laboral. “Es mentir directamente”, ha declarado Pepe Álvarez que ha matizado que UGT solicitó en la mesa de la reforma discutir sobre el despido y, desde el Gobierno, se negaron con el argumento de que ese tema no estaba en los hitos que se presentó a Bruselas cuando se prometió una reforma del mercado laboral.