El decreto ómnibus tumbado ayer por PP, Vox y Junts incluía una serie de medidas que afectan a gran parte de la ciudadanía. Desde la subida del salario mínimo interprofesional hasta los descuentos del transporte público, pasando por unas pensiones que pueden bajar en febrero si no se aprueban, como piden algunos de los partidos que han votado en contra, decretos separados e independientes. Este jueves ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado las medidas tumbadas. 

Una de las medidas que PP y Junts está a favor de aprobar, pero que decae por estar en este paquete, es la subida de las pensiones. Se preveía que subieran un 6% las no contributivas y un 9% el ingreso mínimo vital. La pensión con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares se fijaba en el 9,1%. En la nómina de enero sí que se incluye la subida del 2,8% acorde a la inflación, pero las pensiones volverán a bajar en febrero si no se aprueba una nueva subida, ya que el real decreto estaba vigente hasta que se votara en el Congreso. Tampoco subirán un 6% las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez ni la del 8,1% del complemento para la reducción de brecha de género. En total, son 12 millones de personas las afectadas por esta no subida o bajada de las pensiones en febrero. 

Las ayudas al transporte público, que habían sido prorrogadas para los primeros seis meses de este año, también dejarán de estar vigentes. Esto incluye los billetes recurrentes de Rodalies y otras medidas de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, si bien en el caso del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ya han anunciado que mantendrán los descuentos aplicados a las tarjetas T-Usual y T-Casual para metro, bus y primeras zonas de Rodalies y Ferrocarrils, con lo que no afecta a la corona de Barcelona. 

Salario mínimo y eficiencia energética

El salario mínimo interprofesional subió en 2024 a 1.134 euros en 14 pagas, es decir, 15.876 euros anuales, pero volverá a las cifras de 2023, porque el decreto las prorrogaba y el rechazo la tumba. O sea, que el salario mínimo interprofesional baja a 1.080 euros en 14 pagas y vuelve a donde estaba en 2023. 

Decae también la subida de la cotización del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), para blindar las pensiones, que pasaba de aplicar un 0,7 a un 0,8% de la nómina a este fondo. Y de igual manera, decae la cuota de solidaridad que se aplicaba a los salarios que superen la base máxima de 4.909 euros mensuales, a los que se les empezaba a aplicar un 1% más de impuestos para pagar las pensiones. 

Otras medidas que decaen son las deducciones de IRPF en materias relacionadas con eficiencia energética o vehículo eléctrico y el mantenimiento de los límites para aplicar la tributación por módulos de autónomos. Deja de ser efectiva la prórroga hasta diciembre de 2025 de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, así como la de adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. 

También decae la prórroga al ejercicio 2025 de la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. 

En materia energética, dejará de ser efectivo el escudo social para consumidores vulnerables. O sea, se acaba la prohibición de interrumpir suministros básicos a familias vulnerables. También el refuerzo al bono social de la luz destinado a estos consumidores. 

Gravamen y otros impuestos

Aunque afectan de manera menos directa a los ciudadanos, tampoco se aprobó el polémico 'impuestazo' a las energéticas, que aplicaba un gravamen extra a las mayores compañías. 

El nuevo impuesto a los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco también deja de estar vigente. 

Asimismo, queda sin efecto el escudo antiopas, que dejaba en manos del ejecutivo la autorización de inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas que pretendan superar el 10% del capital, así como en las no cotizadas que superen los 500 millones de euros.