Para miles de personas, el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una pesadilla. La ayuda para subsistir, en una deuda inasumible de miles de euros para quien vive casi sin ingresos. “Llevo cuatro noches sin dormir”, relata indignada Begoña, una de las al menos 55.000 personas vulnerables a las que la Seguridad Social reclama dos años después hasta 18.000 euros por cobros indebidos de esta renta debido a errores de cálculo de la administración. “¿Qué me van a quitar, si no tengo nada?”, se pregunta.
La administración calculó mal lo que les correspondía en su día de esta ayuda para familias vulnerables aprobada durante la pandemia y, tras revisarlo, les pide a familias vulnerables casi sin ingresos que devuelvan miles de euros a la administración. Cuantías difíciles de asumir para la mayoría de ciudadanos se vuelven una pesadilla para las familias vulnerables que tienen que pagar por un error que no es suyo. "En muchos casos, ni siquiera existe un error de cobro", reconocen fuentes de Servicios Sociales, funcionarios de la Seguridad Social y entidades que trabajan con estas familias.
Para asignar las cuantías a las familias, la administración tuvo en cuenta la declaración de la renta del año anterior, pero al revisarlas consideró el año en curso y, además, no siempre acierta en los nuevos cálculos, como demuestra el hecho de que muchos juicios los haya perdido la administración, y para perjuicio de personas vulnerables que sufren con ello un plus de estrés y de apuros económicos.
Fuentes del funcionariado que trabajan directamente con el Ingreso Mínimo reconocen que "se equivocaron los legisladores al poner una norma que decide las rentas conforme a una situación económica anterior" y explican que "la dirección central envió cartas masivas a los beneficiarios en abril sin avisar a los trabajadores". "Nosotros nos enteramos cuando nos empezaron a llegar las quejas, que son muchísimas".
El mismo funcionario defiende que la norma debería cambiar para tener en cuenta la situación económica en el momento en que se pide la prestación, como sucede con otras, ya que "no se puede comer de manera retroactiva". La falta de personal, con 1.025 interinos haciéndose cargo del Ingreso Mínimo Vital en toda España, retrasa las gestiones y dificulta la atención a las familias afectadas. "A una persona que no tiene nada, ¿cómo le pides 4.000 o 12.000 euros, si se los ha gastado en comer? No va a poder", reconoce. Se queja, además, de que el ministerio no facilita a los funcionarios datos concretos sobre cuántas cartas se han enviado, cuántos juicios se han llevado a cabo y otros detalles que permitirían conocer y corregir los errores.
12.000 euros imposibles de asumir
A sus 45 años y con dos hijos menores de 15 y 13 años, Rebeca (nombre ficticio) no tiene ni más remota idea de cómo pagará los 12.000 euros que le pide la Seguridad Social. A principios del año pasado, la administración le reclamó esta cuantía porque consideraba que le había pagado de más en los años 2020 y 2021 al no haber computado las pensiones de alimentación que recibía por sus hijos. “Pero esas pensiones constaban en mi expediente cuando me concedieron el Ingreso Mínimo Vital”, protesta Rebeca.
En junio de 2020, le llegó una carta de este ministerio conforme, por su situación económica, de acuerdo con la ayuda por hijo a cargo que recibía y de acorde a la declaración de la renta de 2019, se le concedía una renta mensual de 700 euros de Ingreso Mínimo Vital, que después le subirían a más de 800 euros.
En 2021 y 2022 le renovaron la prestación, con las cifras variando, e incluso le llegó en 2022 una carta firmada por el ministro de Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá “poco menos que celebrando que seguiría cobrando el Ingreso Mínimo Vital y mantendría el poder adquisitivo”. “Pero en noviembre de 2022 me quitan la prestación, de la noche a la mañana y sin saber por qué”, relata Rebeca.
Aunque, tal y como le solicitó el ministerio, Rebeca hizo la declaración de la Renta y avisó de los cambios de ingresos o en la unidad de convivencia, la revisión ha sido letal para su economía. “Después de quitarme la prestación y exigirme que devuelva estos 12.000 euros, mi temor ahora es que me embarguen la cuenta”, relata Rebeca.
“Llegué a tener un poder adquisitivo de 1.200 euros al mes con dos hijos, pensaba que realmente teníamos un gobierno que pensaba en la gente y en dar oportunidades. Dediqué ese dinero a comer mejor y al psicólogo de mis hijos, que son disléxicos” cuenta decepcionada.
"Llegué a pensar que teníamos un Gobierno que se preocupaba por la gente", lamenta Rebeca, que ahora no sabe cómo devolverá 12.000 euros
Además, defiende que “en el expediente al que tenía acceso la Seguridad Social estaban las pensiones por alimentos que recibía para mis hijos, por lo cual podrían haber hecho el cálculo correcto entonces”. “¿Tengo que estar yo haciendo cálculos para vivir por un error de ellos?”, se pregunta. Tras el recálculo, la administración le paga la mitad de IMV, 400 euros, y le propone pagar la deuda a plazos (con intereses) en 60 meses, a razón de 200 euros al mes.
En un grupo de Whatsapp con más de 60 afectados, cuenta, a un beneficiario le toca devolver 19.000 euros, cuantía máxima conocida. En un grupo de Facebook con 3.100 miembros, las familias cuentan su caso, muestran su desesperación y piden ayuda. “Más que una ayuda, es un préstamo traicionero, una trampa”, lamenta Rebeca. “Es mentira que salgas de la pobreza, luego te dan un palo que te obligan a quedarte en ella”, completa.
Como ella, Ana María, mujer sola de 61 años, cobraba el Ingreso Mínimo, en su caso, 468 euros. “En 2021, me lo cortaron sin previo aviso”. Estuvo trabajando a media jornada de enero a diciembre de 2021 y avisó a la Seguridad Social. “Me dijeron que no pasaba nada, que no me pasaba de los baremos con lo que cobraba, hasta que un día me lo dejaron de pagar”.
Su vida siguió sin esa renta ni demasiadas explicaciones, hasta que hace dos semanas le llegó una carta. “Me reclaman 4.486 euros. He hecho una reclamación y si agoto todas las vías administrativas presentaré una denuncia. Esto es un robo. ¿Voy a pagar la deuda hasta que me muera?”, se pregunta Ana María.
"Si no pago la deuda, la hereda mi hijo cuando cumpla 18"
En una situación similar está Asunción, también nombre ficticio, con 42 años y un hijo de 15. “Me concedieron 750 euros de oficio, yo no lo pedí, durante la pandemia, y después me lo bajaron a 693 euros al mes”, recuerda. Pero el pasado 10 de mayo recibió una carta por cobros indebidos “y ya directamente iban a proceder a cobrárselo, decían compensación y el mensaje no era muy claro, parecía que me tenían que pagar”, cuenta, y lo demuestra con el documento.
“Me lo piden porque se solapaba con otra ayuda, pero yo llamé a la Seguridad Social para avisar de que eso sucedía y me dijeron que no superaba los límites”, relata Asunción, a quien reclaman 3.800 euros del año 2019 y 2020. “No tuve ingresos aquel año, y ahora me da miedo de que me pidan más dinero cuando revisen años posteriores”, alerta.
Pero su mayor temor ni siquiera es ese: “Es una vergüenza, pero la deuda es solidaria. Si no respondo por ella, mis hijos menores deberán asumirla cuando cumplan 18”. Además, después de haber acabado una Formación Profesional, no se atreve a lanzarse al mercado laboral porque está pagando la deuda con el propio Ingreso Mínimo Vital. “De los 400, me descuentan 200. 200 euros para vivir mi hijo y yo, tengo miedo de no poder seguir viviendo con él. Si me pongo a trabajar y me echan, ¿cómo pago la deuda?”, lanza, preocupada por varios escenarios futuros que la amenazan.
"Pedí que me lo quitaran y ahora me reclaman 2.200 euros"
A Begoña, 46 años y sin hijos, le piden 2.200 euros por cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital de 2021, pero cree que aún le pedirán más cuando revisen sus ingresos de 2022, ya que ese año empezó a trabajar tras haber perdido el empleo porque el bar donde trabajaba cerró tras la pandemia.
“Avisé por teléfono de que empezaba a trabajar, pedí que me quitaran el Ingreso Mínimo Vital, y todavía a día de hoy me lo siguen pagando. No sé qué hacer, te lo dan por una parte y te lo quitan por otra”, lamenta Begoña, también atrapada en la deuda. “Yo no sé qué hacer, sinceramente, me parece una vergüenza. No voy a ingresar ese dinero porque no lo tengo, tengo miedo a que me embarguen la cuenta, pero no sé qué me van a quitar, si no tengo nada”, relata.
“Llevo cuatro días sin dormir, desde que recibí la última carta”, reconoce Begoña, resumiendo la desesperación de las al menos 55.000 personas a las que, según el Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria al PP en noviembre del año pasado, ya se les ha iniciado el procedimiento de devolución.
En 2021, según el Defensor del Pueblo, ya se contabilizaban 99.690 expedientes por cobros indebidos, por lo que el drama debe aumentar para miles de familias vulnerables. El drama de las devoluciones por los cobros indebidos, que empeora la pobreza de familias vulnerables, fue el principal motivo de la demanda colectiva de la asociación ATD Cuarto Mundo ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea, ya que considera que la ayuda no cumple con los derechos sociales recogidos en la Carta Social europea.
Desde el Gobierno, mientras tanto, la ministra Elma Saiz sigue, como su antecesor y creador de la ayuda, José Luis Escrivá, sacando pecho por los grandes logros del Ingreso Mínimo Vital y mirando hacia otro lado sobre estos errores que empeoran la vida de miles de personas.