La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ven insuficientes los cambios aplicados al nuevo decreto ley aprobado este miércoles en el Parlamento de Catalunya para regular el sector de las viviendas de uso turístico (HUT), después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSC. Las patronales del sector han avisado de que, tal como ya preveían, llevarán la norma en el Tribunal Constitucional, a pesar de admitir que son favorables a la modificación introducida, por la cual se dejará en manos de los ayuntamientos la potestad para regular la oferta de pisos turísticos a los municipios catalanes. Según las patronales del sector, "a pesar de las enmiendas aprobadas, la nueva regulación mantiene la indefensión del sector y deja el futuro de miles de empresas y más de 25.000 puestos de trabajo en el aire", por lo cual, "los servicios jurídicos de Federatur trabajan desde este mismo momento para impulsar las acciones legales que sean necesarias para revertir experimentos y ocurrencias que no son en beneficio de nadie". La patronal se lamenta de que, tal como se ha aprobado la nueva regulación, hace extensible la extinción también a miles de negocios que dependen del turismo, como la restauración o el comercio, y pone en riesgo la posición de Catalunya en el panorama internacional.
En declaraciones a los medios ante el Parlamento, el presidente de Federatur, David Riba, y el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, insisten en que el decreto no resolverá el problema de la vivienda a Catalunya, aunque las enmiendas introducidas modifican una de las críticas más importantes que habían denunciado a las patronales. Enrique Alcántara ha manifestado que el decreto es "turismefòbic" y que se ha hecho sin contar con el sector.
Federatur deja clara su voluntad de regular el sector "como siempre hemos hecho" y se pone a disposición del Gobierno y de todas las administraciones para aportar la visión de un sector económico primordial para el país y para su competitividad, pero pide "que impere el sentido común y la seguridad jurídica". El sector no se muestra demasiado esperanzado por el trámite parlamentario que se abre con la aprobación de plantear que el decreto ley se tramite como proyecto de ley y dé pie al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos. El PSC ya ha adelantado que presentará varias modificaciones, mientras que Junts hará una enmienda a la totalidad para presentar un contenido regulador alternativo a lo que ha presentado el Gobierno, con el apoyo del PSC.
El sector, además, recuerda que se ha demostrado que apuntar a las viviendas de uso turístico como responsable del problema del acceso a la vivienda es un falso mantra que no se sustenta con ningún dato. "La misma Generalitat, a través de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), defendía que el decreto cargaba contra el sector de manera indiscriminada porque su aplicación no tendrá efectos positivos notables en el mercado de alquiler", recogen a las patronales, en un comunicado.
Cambios en la capital catalana
Sobre la inseguridad jurídica que se ha abierto, Enrique Alcántara ha manifestado la preocupación por unas recientes declaraciones del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, donde expresaba la intención de reducir significativamente los pisos turísticos a la ciudad, cuándo el municipio hace 18 años que aplica limitaciones en los pisos turísticos. Alcántara cree que "hará falta esperar en el redactado final del decreto y ver como este se traslada en un PEUAT que garantice la permanencia del sector". "Las sensaciones, sin embargo, no son buenas por el sector en Barcelona" afirma Alcántara, e insiste en la necesidad de sentarse con el gobierno municipal, "cosa que hasta ahora no ha sido posible", para establecer las bases de una regulación que no acabe con un sector económico que aloja a unos 2,5 millones de turistas al año.