Los propietarios de pisos turísticos han presentado hasta ahora reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat por un importe de 4.282 millones de euros, que se podrían elevar finalmente a los 7.000 millones de euros, por la nueva normativa que posibilita la extinción de las actuales licencias, según ha informado este martes el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara.
Alcántara ha señalado que estas reclamaciones corresponden a 7.200 pisos, en su gran mayoría situados en la ciudad de Barcelona, si bien también los hay de las comarcas del Maresme y el Garraf. Ha advertido que el decreto de la Generalitat pone en peligro 100.000 apartamentos turísticos que hay en Catalunya porque queda en manos de los ayuntamientos la potestad de dar y retirar licencias, que necesariamente no tienen que recaer en los actuales propietarios.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que, con el nuevo decreto de la Generalitat, no renovará 10.000 licencias de pisos turísticos, que se extinguirán en 2028.
El Departamento de Territorio de la Generalitat dispone de un plazo de seis meses para responder las reclamaciones, pero si la administración no rectifica, amenazan con acudir a los tribunales.
En las reclamaciones argumentan que el decreto permite "expropiar" un derecho adquirido y, en consecuencia, reclaman una indemnización. "Cualquier expropiación comporta una indemnización", ha indicado Alcántara, que ha recordado que a las pérdidas económicas por el posible cese de la actividad se deben sumar las inversiones realizadas y el despido de empleados.
Según los datos que ha expuesto, los pisos turísticos de Barcelona generan 345 millones de euros anuales de impacto directo, mientras que el indirecto llega a los 1.200 millones, de los cuales se benefician básicamente el comercio y la restauración. Y la administración pública ingresa 160 millones por la vía de los impuestos.
También ha asegurado que, si se eliminan estos apartamentos, se eliminará el 40% de las plazas turísticas de Barcelona y se destruirán 5.000 puestos de trabajo. Alcántara advierte que eso amenaza el sector de las ferias y los congresos.
Apartur ha reclamado que el importe íntegro del recargo municipal de la tasa turística se destine a políticas de vivienda. En Barcelona supone un ingreso de 100 millones de euros.
Alcántara ha reiterado que es una "falacia" que el turismo agrave el problema de la falta de vivienda asequible y que, si se anulan las licencias, no está garantizado que estos apartamentos vuelvan al mercado. En su opinión, se ha generado una polémica para "camuflar" la falta de propuestas en materia de vivienda.
En una rueda de prensa en septiembre pasado, Apartur informó de que había recibido de sus asociados reclamaciones a la Generalitat por un importe de 1.000 millones de euros, que se cuadruplicaron hasta el 8 de noviembre, fecha máxima para aquellos que se han acogido al recurso conjunto presentado por Apartur.