El sector de los pisos turísticos de Barcelona ya suma 1.000 millones de euros en reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat por la regulación que decretó el año pasado. El plazo para presentar las reclamaciones acaba el 8 de noviembre próximo. Desde la patronal del sector, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR), se advierte que todavía hay muchos propietarios y gestores que no han presentado la documentación, motivo por el que las reclamaciones podrían alcanzar los 3.000 millones de euros solo en la ciudad de Barcelona, y a los 7.000 en el conjunto de Catalunya,
En un comunicado, APARTUR señala que la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante la Generalitat, como autora del decreto, es una de las vías judiciales que tienen los afectados para luchar contra una regulación que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ya ha anunciado que utilizará para intentar cerrar la totalidad de las 10.101 licencias de viviendas de uso turístico (HUT) actuales de Barcelona. Añaden que la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat se basa en una de las disposiciones del mismo decreto ley, que "implica una expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en el año 2028".
Si bien todavía faltan cuatro años para esta fecha, la patronal mantiene que los "efectos negativos" de la nueva normativa ya se han empezado a notar; "incertidumbre entre trabajadores y clientes, imposibilidad de amortizar inversiones y pérdida de valor de los pisos" son algunos de los efectos por los cuales han iniciado el proceso de reclamación patrimonial.
Argumentan que "la expropiación de las licencias que prevé el decreto se ilegal" para ser contraría a la ley española y a la europea que establecen que siempre tiene que existir el derecho de indemnización, que este no puede quedar en manos de la administración o del legislador, y que las compensaciones tienen que ser de carácter económico. Por este motivo, los propietarios de pisos turísticos consideran que tienen derecho a reclamar a la Generalitat el importe resultante de un cálculo sobre los gastos de los últimos 5 años y los beneficios que se obtendrían de continuar con la actividad.
APARTUR considera que se trata de una "expropiación forzosa encubierta" y que, por este motivo, habría que indemnizar económicamente a los propietarios. "No hacerlo, nos lleva a una situación absolutamente inaudita, contraria a cualquier garantía jurídica, contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea", afirma la directora general de esta asociación, Marian Muro.
Apuntan que un estudio de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) –organismo que depende del Departamento de Empresa de la Generalitat– consideró que el decreto de viviendas de uso turístico no respondía a los principios de necesidad y proporcionalidad. En otro informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también puso en duda la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Y recuerdan que el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y que la Comisión Europea ha abierto un expediente por presunto vulneración de la normativa comunitaria como consecuencia de la aprobación de esta normativa de la Generalitat. Ante este panorama, Muro augura que "los tribunales acabarán echando atrás la ley y dando la razón en el sector".
Muro y el presidente de APARTUR, Enrique Alcántara, han comparecido este lunes en rueda de prensa (ver fotografía superior) para advertir que, si las reclamaciones no son aceptadas por la Generalitat, llevarán el caso ante la justicia ordinaria.
Aseguran que este sector aporta el 40% del alojamiento turístico reglado en Barcelona, que da trabajo a unos 5.000 trabajadores de forma directa y otros tantos de forma indirecta y aporta anualmente más de 347 millones de euros en las arcas públicas de Barcelona.