Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña en el marco de la lucha contra el fraude en la contratación a través de empresas de empleo temporal (ETT) con el envío de más de 4.600 cartas que afectan a unas 45.000 relaciones laborales.
Desde el Ministerio de Trabajo han empezado a mandar las cartas en el marco de una campaña que avanzó el pasado fin de semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El objetivo es detectar si se están registrando abusos por parte de empresas que recurren a contratos temporales para cubrir necesidades permanentes o estructurales a través de las empresas de empleo temporal, las ETT.
Fraude en las contrataciones
La herramienta de lucha contra el fraude ha detectado empresas que, de forma sistemática, recurren a la cobertura de puestos de trabajo a través de ETT. Esta situación pondría de manifiesto una necesidad permanente en esta empresa y no temporal, por lo que la campaña busca destapar puestos de trabajo estables que se están cubriendo con contratos temporales y que, mediante la actuación de la Inspección, pasarían a ser indefinidos ordinarios.
“Esta semana lanzo una nueva campaña desde la Inspección para revisar fraudes en las ETT”, afirmó Díaz, quien añadió que “creo que esto de las empresas grandes o pequeñas ha acabado, aquí la ley la va a cumplir todo el mundo por muy grandes compañías que sean”, afirmó la vicepresidenta segunda este fin de semana.
Irregularidades en las ETT
Las ETT como Adecco o Randstad basan su negocio en poner a disposición de otras empresas trabajadores temporales. Desde la reforma laboral han rebajado su peso en el mercado, ya que la norma ha logrado reducir mucho la temporalidad. A día de hoy, hay aproximadamente 184.000 personas afiliadas a través de las ETT. Por lo tanto, poner el foco sobre unas 45.000 relaciones es “muy relevante”, por el hecho de que se trata de una cuarta parte de los empleos del sector.
Durante el 2021 los inspectores de trabajo llevaron a cabo 415 actuaciones sobre este tipo de negocios en España, encontrando irregularidades en el 25% de ellas. Además, emitieron propuestas de sanción por valor de 404.689 euros.