En Catalunya se terminan cada año unas 9.000 viviendas, y sin embargo, se necesitan 25.000. La "enorme distancia" entre el ritmo actual de construcción y las necesidades reales de la población implican que en Catalunya se debería estar construyendo 2,7 veces más de viviendas de las que se entregan cada año. Así lo refleja un estudio elaborado por la cátedra "Vivienda y futuro" de APCE-UPF (Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña-Universidad Pompeu Fabra), que eleva a 25.000 unidades las necesidades de nueva obra al año, frente a los 11.500 hogares que se inician anualmente en Cataluña y las 9.000 que se terminan.
El sexto informe publicado por esta cátedra, titulado "La vivienda protegida en Catalunya: un desalentador viaje de 20 años", señala que, durante el periodo 2013-2023, el 34% de las 13.320 viviendas de protección oficial construidas estuvieron impulsadas por el Incasol y otros promotores públicos; mientras que el 66% lo fueron por promotores privados (con o sin ánimo de lucro). Al analizar esas cifras, los autores del informe sostienen que "cualquier gran salto" para incrementar el parque de vivienda protegida deberá contar con la participación de la iniciativa privada, "dadas las limitaciones del sector público para promover y afrontar nuevos planes de inversión", aunque "siempre de la mano de las administraciones públicas", recalcan.
Vivienda protegida
A 31 de diciembre de 2023, el registro de solicitantes de vivienda de protección en Catalunya contaba con 92.775 peticiones validadas, mientras que, en los últimos once años, se han registrado ritmos de 1.169 certificaciones definitivas de pisos protegidos al año.
El reto para los próximos 15 años, advierte el informe, es multiplicar por 20 ese ritmo, hasta 20.866 aprobaciones anuales, un "cambio de paradigma" que "requiere replantearse las políticas de vivienda que se han ejecutado en el último decenio". El documento alerta al mismo tiempo de que la entrada de fondos europeos generará "cierta mejora" de la situación, pero son "recursos puntuales" que "no podrán solucionar la problemática estructural de la falta de recursos que el Estado destina a la promoción de nuevas viviendas de protección"