El 58% de los parados de larga duración inscritos en las oficinas de empleo no cobran ningún tipo de prestación, ni contributiva, ni tampoco asistencial, según datos proporcionados por el SEPE a los agentes sociales, según ha desvelado este miércoles CCOO en la presentación del informe “Mercado de Trabajo y Protección por Desempleo. Año 2022”. Carlos Bravo, responsable de políticas públicas y protección social del sindicato, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno, y no solo el Ministerio de Trabajo, convoque a los agentes sociales a la mayor brevedad para abordar la reforma de las prestaciones por desempleo que debe aprobarse antes de que acabe el año por el compromiso 23 adquirido con Bruselas. Sin embargo, el líder sindical recrimina al Gobierno que no se siente a negociar y denuncia el temor de que se haga una “reforma para salir del paso” y cumplir con Bruselas.

Según el análisis realizado por CCOO, y lleva más de 20 ediciones, el problema de las prestaciones que pagan los servicios públicos de empleo se concentra en las asistenciales (se abonan cuando los parados no cumplen con los requisitos necesarios para cobrar la prestación contributiva o cuando esta se ha agotado). Buena parte de los parados de larga duración reciben este tipo de prestaciones, de poca cuantía (unos 450 euros) y de poca duración (entre 6 meses y 30 meses de forma excepcional, según recalcan en CCOO. Y los parados de larga duración son los principales beneficiarios de estas prestaciones asistenciales, pues ya no tienen derecho a las contributivas que se cobran un máximo de 24 meses.

56% de las prestaciones son contributivas

Y es un colectivo, muy amplio, pues del 1,7 millones de trabajadores que cobraron el pasado año algún tipo de prestación de los Servicios Públicos de Empleo, el 44% recibieron una contributiva y el 56% restante alguna de las diversas asistenciales actualmente en vigor. De estas, el 43% fueron prestaciones asistenciales para mayores de 52 años (ampliado en 2019, cuando eran para mayores de 55 años), el 16% son subsidios o renta agraria y otro 14% por el agotamiento de la prestación contributiva. La Renta Activa de Inserción (RAI) se queda con otro 10%.

Pues el dato lo dice todo: el 73% de las prestaciones asistenciales las cobran personas de más de 50 años, en su inmensa mayoría parados de larga duración. De los más de 600.000 personas que llevan más de 4 años apuntados a las oficinas del Sepe, el 75% superaba los 50 años. Se trata, pues, de trabajadores con una difícil reinserción laboral, pero que quieren trabajar porque están apuntados al paro y no necesariamente por cobrar una prestación, pues solo la reciben 4 de cada 10, señala Carlos Bravo, que entiende urgente abordar una reforma que dé cobertura económica a este colectivo. El sindicalista declara que algunas de estas personas recibirán ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de las rentas autonómicas de inserción, pero otros muchos no cuentan con ninguna ayuda pública.

Compromiso con Bruselas

Desde CCOO resaltan que la reforma de las prestaciones por desempleo es una de las principales que quedan pendientes entre las comprometidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia y denuncia que ha solicitado en numerosas ocasiones a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que abra una mesa de negociación, aunque Bravo insiste en que se trata de una reforma que atañe al Gobierno en su conjunto. Como muestra, señala que desde el ministerio de Díaz, más concretamente desde el Sepe encargado de elaborar los borradores de la reforma, les han comunicado que el texto ya ha sido elaborado y está en revisión del Ministerio de Hacienda, responsable de aprobar los fondos para mejorar las prestaciones.

No obstante, según han comunicado desde el Sepe a los agentes sociales, la reforma habría perdido fuelle -denuncia el responsable de protección social de CCOO- y se limitaría a reducir cargas burocráticas en la gestión de las asistenciales y alguna mejoría en determinadas prestaciones. “No es la reforma que precisa las prestaciones asistenciales y que han prometido”, señala y, apostilla, que es probable que el Gobierno quiera una reforma menos ambiciosa para poder cumplir con el requisito adquirido en el componente 23 de aprobar la reforma este año.

Por Real Decreto Ley

Desde CCOO entienden que en pleno proceso electoral en la recta final de la Legislatura será muy complicado aprobar una reforma de calado en el Congreso. Por este motivo, Carlos Bravo pide que se aborde mediante un Real Decreto Ley que simplifique el trámite parlamentario, pero exige que pase previamente por el diálogo social, pues según ha declarado este miércoles, desde Trabajo les han trasladado la voluntad de no someterlo a la negociación con los agentes sociales.