Los desencuentros en el Gobierno de coalición no se han hecho esperar. La vicepresidenta primera y miembro del PSOE, Nadia Calviño, ha enmendado la plana a la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a cuenta de la reforma del subsidio de desempleo que su ministerio tenía terminado en verano, aunque no contaba entonces con el acuerdo de “otros ministerios”. Pero el adelanto electoral, paralizó el proyecto. Ahora, el equipo del Ministerio de Trabajo de Díaz se ha encontrado con la sorpresa de que Calviño ha impuesto un modelo diferente al que ellos idearon. Y el tiempo de negociación entre los dos socios de coalición apremia, pues Díaz anunció este martes que sus dos principales medidas serán la subida del SMI para 2024 y la reforma del subsidio de desempleo. No se puede olvidar que es una de las reformas (hitos) comprometidas con Bruselas que debería haberse aprobado antes de terminar 2023, algo ya imposible.
Calviño ha impuesto dos exigencias: por un lado, que la prestación por desempleo sea decreciente; es decir, que los primeros meses sea más alta y vaya decayendo según avanzan los meses con el objetivo de incentivar la búsqueda de un empleo. La segunda es la compatibilidad de la prestación con un empleo, como vienen reclamando varias organizaciones empresariales. Fuentes conocedoras de la negociación dan por hecho que ambas propuestas serán incluidas en el documento que presenten a los empresarios y sindicatos para su negociación en el marco del diálogo social. Pero la batalla se ha abierto entre ambas vicepresidentas por la letra pequeña de las dos medidas.
De hecho, el acuerdo de Gobierno firmado por ambas organizaciones políticas “España avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista”, habla de compatibilizar prestación y empleo, aunque nada dice de la progresividad decreciente. En el punto 2 del acuerdo, “Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios”, se recoge la reforma del subsidio en los siguientes términos: “Simplificaremos y mejoraremos el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso, la compatibilidad con el trabajo, dotándolo de las prestaciones suficientes y reforzando los incentivos al empleo”.
Mejoría de la prestación
La exigencia de la prestación decreciente ha sentado especialmente mal en el Ministerio de Trabajo, hasta el punto de que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha desmentido que se estuviese pensando en esta posibilidad. Pero las presiones de Calviño son fuertes, por lo que la negociación se centra en asegurar que el beneficiario no pierda dinero a lo largo del periodo que esté cobrándola; es más, que suponga una mejora. Actualmente, cobran una paga de 480 euros mensuales cada mes. La posibilidad que se está barajando es que los primeros meses esté por encima de 500 euros, aunque al final se coloque por debajo de los 480 euros. Pero el saldo final debería implicar una mejora para el beneficiario de la subvención.
La solución a la petición de poder cobrar la prestación con un empleo choca frontalmente con el planteamiento que se mantiene desde Sumar y que defendió Pérez Rey. "Desde luego, en lo que no se trabaja es en una reforma que estigmatice a los parados o que considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar o se incorpora voluntariamente a la economía sumergida. Esto es un verdadero dislate", ha denunciado, y ha querido dejar claro que "en España, quien no trabaja es porque no encuentra trabajo".
Una teoría que han dejado caer los empresarios, que se quejan de la imposibilidad de encontrar trabajadores para puestos poco cualificados de bajos salarios, por lo que solicitan que el desempleado que cobra el subsidio, pueda aceptar un empleo cuyo salario se complementaría con la prestación.
Las fuentes consultadas por ON ECONOMIA reconocen que la negociación aquí es más compleja, precisamente porque aceptar la medida es aceptar, implícitamente, que el parado con subsidio no trabaja, porque no quiere. Sin embargo, la salida dependerá de qué tipo de trabajo se pueda compatibilizar, pues desde Sumar no quieren aceptar empleos precarios. Podría, no obstante, exigirse que el puesto de trabajo sea a tiempo completo y no a tiempo parcial y, mucho mejor, si es una modalidad indefinida. Y, por supuesto, dejan la puerta abierta a que los empresarios que contraten a trabajadores procedentes del subsidio reciban subvenciones financiadas con las políticas activas de empleo.
Mayores de 52 años
De media, cada mes hay 717.150 personas con derecho a alguna de las varias modalidades que existen de prestación asistencial por desempleo, que permite cobrar 480 euros entre 6 meses y 30, en casos excepcionales. El borrador que manejaba el Ministerio de Trabajo antes de las elecciones, preveía una posible ampliación de los plazos, de los colectivos con derecho y, sobre todo, una mayor simplificación de la gestión para que nadie se quedase fuera.
Varias son las vías para acceder a la prestación asistencial, aunque la más numerosa es para los desempleados mayores de 52 años que hayan agotado todas las vías anteriores. En concreto, de media, en 2023 suponen el 60,4% del total de los beneficiarios del subsidio por desempleo. El Partido Popular elevó en 2012, de 52 a 55 años, la edad para acceder a esta prestación, pero en 2019, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, siendo ministra Magdalena Álvarez, se redujo nuevamente a 52 años.
El segundo motivo es haber agotado la prestación contributiva, al que se acoge el 19,2% de los actuales beneficiarios del paro asistencial, y el tercero es no haber cotizado lo suficiente para tener derecho a una contributiva, con el 16,8% del total. El resto son minoritarias, incluyen el subsidio al que tienen derecho los liberados de prisión sin empleo, que suponen el 1% del total.