Los fondos Next Generation, las ayudas para la covid o las medidas extraordinarias como consecuencia de la guerra de Ucrania, tienen fecha de caducidad. Una de las medidas se enmarca en las medidas encaminadas a aliviar el bolsillo de la ciudadanía delante del elevado precio de la energía y los combustibles, que afecta especialmente la movilidad cotidiana, a la vez que se incentiva el uso del transporte público colectivo a la movilidad obligada.
El Estado ha destinado hasta 380 millones de euros más para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de manera que las administraciones autonómicas y locales tendrán que financiar, con cargo a los presupuestos propios, la cuantía restante para compensar las empresas y operadores de transporte terrestre. Esta financiación, para la rebaja de al menos el 20%, va desde el pasado 1 de julio al 31 de diciembre del 2023. Las medidas ya forman parte de una prórroga anterior a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.
Transporte
En la práctica, eso se traduce con la desaparición a partir del 1 de enero de la bonificación del 100% de los abonos de Renfe para Rodalies, Media Distancia y Rodalies A pesar de todo, existe una posibilidad de prórroga anunciada por el presidente Pedro Sánchez durante el debate de investidura que sería gratuito para jóvenes hasta los 24 años y para parados a partir del 2024. Queda pendiente saber si finalmente también mantendrán la reducción del precio de los abonos de transporte durante el 2024 y convertir esta medida en permanente para determinados colectivos. Sin embargo, todavía no se han concretado los detalles ni se han materializado estos compromisos en forma de texto legal.
Digitalización
La otra cara de la moneda es el Programa Kit Digital ha ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024 el plazo para poder solicitar sus ayudas. Los autónomos y empresas de menos de 50 empleados podrán solicitar hasta esta fecha las ayudas de Kit Digital y optar a bonos digitales de 2000, 6.000 o 12.000 euros, en función del segmento a que pertenezcan. Así, la cuantía de la ayuda para empresas entre 10 y menos de 50 empleados, es de 12.000 euros. Para empresas entre 3 y menos de 10 empleados, los bonos digitales son de 6.000 euros. Finalmente, las ayudas para pymes entre 0 y menos de 3 empleados es de 2.000 euros.
A cada una de las convocatorias se detallan los requisitos para solicitar las ayudas, las obligaciones que contraen los beneficiarios, los importes máximos de ayuda para cada categoría de soluciones de digitalización, las justificaciones, el pago y control de la implantación de las soluciones, entre otras materias importantes. Algunas de las soluciones de digitalización que las pymes podrán solicitar e implantar son las siguientes: sitio web y presencia en internet, gestión de redes sociales, comercio electrónico, gestión de clientes, servicios y herramientas de oficina virtual, inteligencia empresarial y analítica, gestión de procesos, factura electrónica y comunicaciones seguras y ciberseguridad. Además, para el segundo y tercero segmento, también están disponibles las soluciones de presencia avanzada a internet y marketplace.
Recursos energéticos
Hasta el 31 de diciembre de 2023 hay descuentos del 80% a través del bono social por electricidad para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos. Si además se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se puede interrumpir el suministro eléctrico.
Todo eso se acaba este año ya que surgió como respuesta a la crisis energética. Los consumidores titulares del punto de suministro de electricidad en la vivienda habitual que, siendo personas físicas, estén acogidos en el PVPC, podrán acogerse al bono social de justicia energética, si la renta del titular del punto de suministro, o en caso de formar parte de una unidad de convivencia, la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a que pertenezca, sea igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800€) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600€).
Por otra parte, también desaparece la rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 5%, ya que durará hasta el 31 de diciembre del 2023, para la electricidad, el gas, la biomasa para calefacción y la madera para leña. También se mantienen hasta esta fecha la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que repercuten en la bajada de la factura de la luz. Hasta el 31 de diciembre de 2023 no se pueden suspender los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores en que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Pero a partir del 1 de enero de 2024, sí.
Salud
A partir del año que viene también caducan las ayudas para la atención a personas con enfermedad psiquiátrica crónica. Esta es una ayuda económica destinada tanto a mutualistas como a sus beneficiarios y beneficiarias que sufran un proceso psiquiátrico crónico que haga necesaria su permanencia en ambiente controlado en hospitales, centros o unidades psiquiátricas reconocidas, siempre que no tengan derecho a asistencia sanitaria para esta contingencia, ni cubierta la prestación por otras vías. La cuantía se establece en un máximo de 87,00 euros por día de internamiento, con el límite del coste abonado por la persona interesada. Así pues, las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive.
Alimentación
Con la publicación del Real decreto ley 5/2023, se amplió hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo 0% de IVA para los productos básicos de alimentación, de acuerdo con lo que establece el Real decreto ley 20/2022 de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción del Isla de La Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2023 la aplicación del tipo del 5% para los aceites de oliva y de entonces y las pastas alimenticias. Los alimentos de primera necesidad mantendrán un IVA al 0%, lo mismo que pasará con aquellos que fueron rebajados del 10% al 5%, entre los cuales están pastas y aceites alimentarios. Lo que pase a partir del 2024 es una incógnita aunque el Gobierno no ha negado la intención de dar una prórroga.