PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno de coalición. El pacto, presentado este martes, incluye diferentes medidas económicas en materia laboral, fiscal, energética y social. En él se incluyen puntos que van desde reducir las horas semanales de la actual jornada laboral hasta reformar el impuesto de sociedades o hacer permanente el gravamen a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas.

"Las grandes empresas pagarán un Impuesto de Sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que ganan, antes de los ejercicios de ingeniería fiscal", ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Actualmente, el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25% -salvo para pymes (23%) y para banca y petroleras (30%)-, con un mínimo efectivo para las grandes compañías del 15% sobre la base imponible -18% para banca e hidrocarburos-. No obstante, los últimos datos disponibles de 2020 reflejan que las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 20,56% sobre la base imponible, pero solo del 5,79% sobre beneficios.

Dando continuidad a las primeras medidas desplegadas en la anterior legislatura y a los trabajos de la Comisión de Personas Expertas, PSOE y Sumar se proponen lanzar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura.

Según recoge el documento del acuerdo, dicha reforma "estará orientada a lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias". Con esta reforma sobre el Impuesto de Sociedades se pretende recaudar 10.000 millones de euros.

Impuesto a bancos, energéticas y grandes fortunas

Otro de los puntos del acuerdo se centra en los nuevos impuestos implementados en sectores estratégicos y grandes fortunas."Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos", ha destacado Díaz. De este modo, readaptarán y mantendrán los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas una vez que expire su periodo de aplicación actual "para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".

También se evaluarán los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica "para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

Además, el documento recoge el concepto de "fiscalidad verde" que seguirá la premisa de “quien contamina paga”, pero evitando “que el que pueda pagar siga contaminando”, y que, según lo firmado por PSOE y Sumar, irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora.

Mejora de incentivos en el IRPF

Por otro lado, ambas formaciones se asegura que se pretende desarrollar una reforma fiscal "orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social", por lo que se plantea una mejora de los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto. Asimismo, pretenden impulsar una mejora de la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.

También prevén poner en marcha una Estrategia Integral para la Productividad que coordine las políticas públicas en el ámbito de la educación, la innovación, el mercado laboral y la adopción tecnológica. Para ello, crearán el Consejo Nacional por la Productividad, emulando el que ya tienen varios países europeos, para que se encargue de su monitorización y establezca recomendaciones de actuación para alcanzar los objetivos previamente fijados en dicha Estrategia.

Vivienda pública, alquileres e hipotecas

En el acuerdo se plantea también aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda.El parque de vivienda pública se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb.

También se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres. Se revisará la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionadas y se aprobará un plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

Además, se habilitará un programa nacional de ayudas y subvenciones para la mejora de la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética de las viviendas. La prioridad será la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar 500.000 viviendas.

En materia de vivienda, también ampliarán hasta la renta media (37.800 euros) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año.

Se pretende también adoptar, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago. Las formaciones aseguran que harán el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia.

Ampliar el bono social eléctrico

El acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye la promesa de duplicar los beneficiarios del bono social eléctrico de 1,5 a 3 millones de personas, así como la creación de un nuevo regulador energético que se llamaría Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, PSOE y Sumar se han comprometido a implantar una Comisión Nacional de la Energía, que haría las veces de regulador especializado en el sector. Este organismo ya existió entre 1995 y 2013, año en el que se integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La entidad, que también se conocía como Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, se encargaba de velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y la transparencia de su funcionamiento en beneficio de los consumidores.

Reforzar a la CNMC para evitar la concentración empresarial

Por otro lado, el acuerdo propone limitar la "excesiva concentración empresarial", para lo que impulsarán una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Más en concreto, las dos formaciones han señalado que quieren dotar de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo "correctamente" su tarea de supervisión. "Reforzaremos los instrumentos para limitar la excesiva concentración empresarial", indica el documento donde las formaciones desgranan sus propuestas.

La intención de PSOE y Sumar es ahora retomar esta entidad pero con el foco puesto en modernizar la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de la neutralidad climática. También se reforzarían las capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores.