Crecer económicamente y proteger la selva del Amazonas no es un reto sencillo teniendo en cuenta que Brasil es el mayor productor de azúcar y café del mundo y el tercer productor de carne y soja, productos que tienen, en especial estos dos últimos, una parte importante de su producción en terrenos deforestados de la mayor selva del mundo. Luiz Inácio Lula da Silva venció en el segundo turno de las elecciones al ultraderechista Jair Bolsonaro y asumirá este uno de enero, con 77 años y por segunda vez en su vida, la presidencia de Brasil, novena economía del planeta, con un PIB anual aproximado de 1,3 billones de euros, y séptimo país más poblado del mundo, con 216 millones de habitantes. Sus retos se resumen en tres claves: crecimiento, sostenibilidad y combate —otra vez— contra el hambre y la pobreza.
Entre sus promesas, destacan sobre todo dos a corto plazo: la de conseguir una deforestación cero del Amazonas y la de recuperar el Bolsa Familia, un plan de transferencia de rentas que le ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza durante sus dos primeros mandatos (2003-2010) y que fue eliminado por el ultraderechista Jair Bolsonaro un año antes de las elecciones. Con la pobreza contagiándose por el país a ritmo de virus en 2020 y 2021, Bolsonaro la sustituyó por una ayuda con marca propia, el Auxilio Brasil, que expiraba a finales de 2022 y que ha sido mucho menos eficaz que su antecesora. Ahora bien, el panorama que afronta Lula ahora mismo no parece dibujar en ningún caso un horizonte de crecimiento sostenido y firme como en su primer mandato.
Los días previos a la ceremonia están marcados por las movilizaciones contra Lula, que piden incluso el golpe de Estado. No son protestas masivas, pero generan un runrún de inquietud, sobre todo después de que el domingo fueran descubiertos 40 kilos de explosivos en una de las ciudades satélite de Brasilia y que un detenido al que incautaron armas haya reconocido dos intentos de atentado. En la ceremonia, a la que acudirán comitivas de 120 países (el triple que a la toma de posesión de Bolsonaro en 2019), estarán prohibidas las armas.
Para llevar a cabo sus reformas, Lula ha nombrado al frente del ministerio de Hacienda a un socio fiel, Fernando Haddad, que fue alcalde de Sao Paulo (2013-2016), ministro de Educación con el propio Lula (2005-2012) y candidato a la presidencia en las elecciones de 2016. Pese a su derrota ante Bolsonaro, sigue siendo uno de los hombres más fuertes del Partido de los Trabajadores (PT) y se preveía que volviera a las presidenciales hasta que Lula decidió presentarse a la reelección, absuelto de sus condenas de corrupción.
Después de ser nombrado futuro ministro, Haddad hizo un llamamiento a la "responsabilidad fiscal" a la hora de llevar a cabo los proyectos sociales, aunque los mercados no recibieron bien su llegada, de corte mucho más social que el último ministro de Hacienda del PT, un Joaquim Levy de marcado corte liberal. Además de Haddad, Lula nombró a 16 de sus 37 ministros, entre ellos Rui Costa, en el ministerio de la Presidencia, Alexandre Silveira, de Minas y Energía, o Wellington Dias, de Desarrollo Social. Jean Paul Prates será el presidente ejecutivo de la petrolera Petrobras.
Lula ha nombrado al frente del ministerio de Hacienda a Fernando Haddad, socio fiel del PT, y vicepresidente a Geraldo Alckmin, del PSDB
La presencia, sin embargo, de otros actores más conservadores en el gobierno de Lula, como el propio vicepresidente y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, del centroderechista PSDB y que fue rival de Lula en anteriores comicios, ha de ayudar a atraer apoyos centristas y conservadores en el Congreso brasileño y a espantar cualquier calificativo de "comunista" o "bolivariano", términos muy fácilmente lanzados por la oposición derechista de Brasil. Lula, que en sus primeros mandatos consiguió conciliar crecimiento empresarial con políticas sociales, ha vencido ya el primer escollo antes de asumir el cargo: el pasado 21 de diciembre la cámara de diputados aprobó por 331 votos y 168 en contra la denominada PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) de la Transición, que prevé una elevación del techo de gasto de 145.000 millones de reales (25.000 millones de euros) extra por año y que es el que ha de permitir el pago del nuevo Bolsa Familia. Con los extras, el presupuesto total del país para 2022, aprobado también la semana pasada, es de cinco billones de reales, unos 900.000 millones de euros.
El economista del Instituto de Economía de la Universidad Federal Fluminense Luiz Fernando de Paula asegura que "no se trata de una propuesta radical" y que puede conseguir, "en un contexto internacional de desaceleración y no de los mejores", no solo "combatir la pobreza con transferencia de renta", sinó también "estimular la economía en un contexto de estancamiento y crisis social". Aunque el último año del gobierno Bolsonaro se cerró con un crecimiento del PIB del 4,6%, los estragos de la pandemia y del poco cuidado por las clases populares del presidente ultra aún tienen eco en la población brasileña. Así, un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía Alimentaria (PENSSAN) estimó que el hambre en Brasil afecta a 33 millones de personas, que solo cuatro de cada 10 familias consiguen acceso pleno a la alimentación y que el 58,7% de la población convive con la inseguridad alimentaria en algún grado.
El 18,6% la sufrió en su grado más grave, el hambre, que en dos años se disparó más de ocho puntos. Brasil regresó con estas cifras al mapa mundial del hambre de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, del que había salido previamente en 2014. El negacionismo de Bolsonaro, que disparó el contagio del virus y convirtió a Brasil en uno de los países con una mayor mortalidad del mundo, propició este empobrecimiento sin proyectos firmes para frenar la pobreza sobrevenida por la pandemia.
Con todo, economistas más liberales se muestran pesimistas en relación a las reformas de Lula. Rodrigo de Losso, profesor titular de Economía de la Universidad de Sao Paulo (USP) y Ph.D. en Chicago, cree que las medidas "generarán un crecimiento a corto plazo, que van a cobrarse más adelante" y que "no son sostenibles". "Invertir mucho en las colaboraciones públicas y privadas puede ser más rápido que dejar solo al sector privado, pero puede generar una tendencia inflacionista y, a largo plazo, lo único que conseguirá mejorar nuestra productividad es la calidad de la enseñanza, sobre todo primaria, que es de muy bajo nivel", añade Losso.
De Paula, defensor de las políticas de expansión fiscal, recuerda que aparte del hambre existe "un endeudamiento en el 79% de las familias" (cifra de un reciente estudio oficial) y que "el aumento de los tipos de interés (ahora fijados en el 13,75%) tendrá repercusión en el bolsillo de los ciudadanos dentro de unos nueve meses, en familias ya endeudadas". "En un contexto internacional y doméstico adversos, con los Estados Unidos y la Unión Europea desacelerándose, un incentivo como la transferencia de rentas en Brasil puede ser la única forma de dinamizar la economía", defiende De Paula. La inflación interanual acumulada, pese a la tendencia alcista, es de un 5,5%, menor que en Estados Unidos y que en la Unión Europea.
Crecimiento por debajo del 1% para 2023
Las previsiones apuntan a un leve crecimiento por debajo del 1% durante el primer año del nuevo mandato de Lula, que quiere conciliar el crecimiento con la protección ambiental del Amazonas, que con Bolsonaro en el poder ha recuperado ritmos de deforestación que no tenía desde el año 2008. Aunque durante el primer mandato de Lula la deforestación fue mayor que con Bolsonaro, fue también su gobierno el que propugnó más medidas de protección ambiental y el que consiguió revertir la tendencia de una destrucción vinculada a las industrias maderera y agropecuaria.
Con Bolsonaro en el poder, se perdieron en 2019 10.100 kilómetros cuadrados de selva, 10.800 en 2020 y 13.000 en 2021. Para 2022, la estimación es que se llegue a los 11.568 kilómetros cuadrados y con la suma, que da más de 45.000 kilómetros cuadrados, se llega a un área deforestada en cuatro años bastante mayor que Catalunya (32.000 km2) y algo inferior a la comunidad de Aragón.
Mientras eso sucedía, el peso del sector agrícola crecía sobre el PIB brasileño. De 2019 a 2021, pasó de representar el 4,2% al 6,9%, aunque hay estudios que apuntan que indirectamente puede representar el 28% del PIB teniendo en cuenta industrias vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca. En este sentido, frenar la deforestación puede tener un impacto económico, de mayor o menor importancia según el economista que lo mire. Así, De Losso asegura que "será difícil frenar la deforestación sin que eso tenga un alto impacto en los precios de los alimentos y se reduzca la exportación de carne y de soja".
De Paula, en cambio, recuerda que "la emisión de CO2 en Brasil es sobre todo por la deforestación del Amazonas, más que por la contaminación de automóviles" y que por tanto es imperativo reducir la deforestación. Defiende, también, que los agronegocios "no arrastran demasiado a otros sectores económicos, como sí que sucede con la industria". "Es un sector, además, que concentra mucha renta en los propietarios, con lo cual un Brasil de Supergranja no beneficia a la economía, sinó al contrario", añade. Y completa que lo importante será buscar "alternativas económicas para las poblaciones del Amazonas". La marcha de Bolsonaro, además, motivó la reanudación del fondo de ayuda al Amazonas con el que Noruega y Alemania aportaron miles de millones de euros, y que cancelaron ante la política de Bolsonaro.
40.000 millones de euros españoles, en juego
En esa búsqueda por dinamizar otros sectores, ya sea con inversión nacional o extranjera, las energías renovables podrían tener un papel relevante. Iberdrola, que mediante su filial Neoenergia ya aumentó sus inversiones en renovables en 2022 hasta alcanzar los 125 millones tan solo en el primer trimestre, será una de las que tendrá un ojo puesto en las políticas de Lula y su apuesta por las renovables. Acciona también tiene importantes proyectos en el gigante latinoamericano. Pero más allá de las renovables, las principales empresas españolas que esperan un buen escenario brasileño son, sobre todo, el Banco Santander y Telefónica. Según la secretaría de estado de comercio, las empresas españolas tienen en Brasil 40.000 millones de euros invertidos. Según el Banco Central de Brasil, con datos de 2019, España es el cuarto país con más inversión en Brasil, un 9,5%, por detrás de Países Bajos, Estados Unidos y Francia.
La inversión extranjera directa en Brasil se disparó el año pasado hasta los 48.000 millones de euros, cifra que supone un aumento del 102.7%, pero el crecimiento está sobre todo motivado por el efecto de la pandemia, que hizo que cayera la actividad en los dos años anteriores. En los once primeros meses de 2022, ha recibido 82.000 millones, acentuando la tendencia al alza. Antes de la pandemia, en 2019, la inversión era cercana a los 60.000 millones de euros, y en 2018 alcanzó los 83.000 millones de euros, cifra no alcanzada antes desde 2012, cuando fueron 90.000.
Bolsonaro, reaccionario y con relaciones poco fluídas con la Unión Europea, ha mantenido, sin embargo, una política poco intervencionista en la economía que ha podido atraer inversión. Esa disonancia hace que, de nuevo, los economistas discrepen sobre el nuevo escenario que se puede abrir con Lula como presidente. De Paula asegura que "con unos límites para promocionar la economía nacional, el pragmatismo de Lula beneficiará a la inversión extranjera". Pero De Losso defiende que "Bolsonaro consiguió atraer inversión privada" y que "las empresas privadas van a frenar su inversión si entienden que aquí se aumenta el gasto público y la inflación". A nivel diplomático, en cualquier caso, la llegada de Lula supone un cierto regreso a la normalidad democrática y una más que probable buena sintonía con los mandatarios europeos y con la nueva ornada de presidentes de izquierda latinoamericanos, como el colombiano Petro o el chileno Boric.
Entre los acuerdos internacionales que Lula podría reactivar está el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur (alianza económica formada por Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay), que podría hacer que Europa se ahorre hasta 4.000 millones de euros en aranceles internacionales.