El PSC y el Govern pactan que los municipios puedan decidir el tope de pisos turísticos

El decreto ley del Govern sobre la limitación de los pisos turísticos en Catalunya se ha convalidado este miércoles en el Parlamento después de obtener el apoyo del PSC que ha negociado con el ejecutivo catalán modificar algunos de sus aspectos más polémicos. El acuerdo establece que el decreto ley se tramite como proyecto de ley para poder introducir algunas enmiendas durante el debate parlamentario. En concreto, el PSC ha introducido cinco enmiendas. El aspecto más destacado es que la futura ley da capacidad reguladora a los ayuntamientos que podrán decidir el tope (número máximo de viviendas de uso turístico) en función de su modelo de ciudad -como ya pasa en el caso de Barcelona-, de manera que desaparece la norma más polémica del decreto ley que aprobó el Govern el noviembre pasado: establecer un límite de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes de un municipio, y que afectaba a 262 poblaciones por todo Catalunya, principalmente en las zonas costeras. Con el cambio introducido por el grupo de los socialistas, la regulación solo afectaría a 140 municipios, donde vive el 80% de la población catalana.

Estos 140 municipios son poblaciones donde se ha detectado, ya actualmente, que hay una demanda de vivienda residencial acreditada y un mercado tensionado, hecho que impide el acceso a la vivienda de un número importante de familias residentes permanentes a las correspondientes poblaciones. En estos casos, los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda.

Otra de las modificaciones, que va en línea de las reivindicaciones del sector, se concreta en la gestión de las actuales licencias para determinar que una vivienda se destina a uso turístico. En este sentido, si el decreto ley determinaba que en el periodo de cinco años, posteriores a la entrada en vigor de la norma, y en función de qué planeamiento urbanístico estableciera cada ayuntamiento, se tendría que renovar el permiso para operar. Este aspecto se varía y las licencias de cinco años se prorrogarán automáticamente, por periodos de igual duración, siempre que el planeamiento urbanístico que haya decidido cada ayuntamiento lo permita.

En la futura ley, que está previsto que inicie su tramitación para aprobarlo antes de marzo del próximo año, también se podría abordar un fortalecimiento de la fiscalidad (por medio de la revisión de la tasa turística) para que la recauden los ayuntamientos, según fuentes del PSC. De hecho, dado que ahora se abre un periodo de debate, está la posibilidad de que otras fuerzas políticas aporten diferentes propuestas también por la vía de las enmiendas. Reflejado en la legislación vigente en la ciudad de Barcelona, la propuesta acordada entre PSC y Govern, habla del hecho de que el Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos contemple un cambio en la tarifa de las viviendas de uso turístico y la posibilidad de establecer un recargo en el impuesto por parte de los ayuntamientos catalanes en la misma línea de lo que establece el artículo 34 bis por la ciudad de Barcelona.

El decreto ley que aprobó el Govern también suscitó la oposición de otras fuerzas políticas. En el caso de Junts, la propuesta se elevó al criterio del Consejo de Garantías Estatutarias, ente consultivo de la Generalitat, por entender que esta ley vulneraría el principio de autonomía local e “invade de lleno las competencias urbanísticas propias de los municipios”, ya que estos no tendrán "la capacidad de decidir su configuración propia teniendo en cuenta sus singularidades". En principio, Junts aprovechará el cambio de decreto ley a proyecto de ley para presentar un texto alternativo al redactado de la norma por parte del Govern de ERC.

El Pleno ha validado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, con 78 votos a favor (PSC-Units, ERC, CUP y ECP) ​​y 51 en contra (JxCat, Vox, Cs, PPC y diputado no adscrito). Acto seguido, la cámara ha acordado, a petición de varios grupos parlamentarios y con 116 votos a favor (PSC-Unidos, ERC, JxCat, Vox, Cs PPC y diputado no adscrito) y 14 en contra (CUP y ECP), que el decreto se tramite como proyecto de ley.