En un cajón. El PSOE pone palos en las ruedas a la eliminación del impuesto del 7% sobre el valor de la producción energética que pactaron Junts y el PP y que ERC, el PNV y Vox avalaron (con el voto en contra del PSOE, Sumar y Bildu). Se trata de una enmienda transaccional firmada por los populares y los juntaires que salió adelante en la ponencia del Proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. La luz verde la recibió el lunes por la tarde y la previsión en la cámara baja era que el jueves la Comisión de Transición Ecológica aprobara el dictamen de la norma para que posteriormente se pudiera validar en el pleno. Pero el PSOE ha puesto el freno. Este mediodía se ha reunido la mesa de la comisión, presidida por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para desconvocar sine die la comisión prevista para el jueves y, por lo tanto, aparcar la iniciativa para evitar que se apruebe definitivamente y obstaculizar así que llegue al Boletín Oficial del Estado.

El PP ha salido deprisa a criticar la maniobra del PSOE. Los populares han presentado un escrito en la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica lamentando que "cada día es más palpable la debilidad del gobierno de mayorías coyunturales que tiene que ir construyendo casi diariamente". Fuentes del PP denuncian que esta "decisión arbitraria y anti reglamentaria solo tiene una lectura política que no es otra que ganar tiempo para recomponer la mayoría que apoya al Gobierno y que esta vez no ha acatado fielmente sus instrucciones". "Esta circunstancia no puede comportar la obstaculización de un procedimiento legislativo porque al Gobierno no le gusta lo que la mayoría parlamentaria ha decidido y necesita tiempo para negociar con sus socios habituales para hacerles cambiar de opinión", añaden las mismas voces.

La enmienda transaccional, a la que ha accedido ElNacional.cat, se limita a apuntar que "con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, mientras el sistema no genere déficit de tarifa, se aplicará el tipo del 0 por ciento" en el impuesto sobre el valor de la producción energética. Lleva a la firma del representante del PP en la ponencia y de la diputada de Junts Pilar Calvo. Fuentes del PP cifran el ahorro que supone esta modifició en 400 millones de euros para la familias, 500 millones para las pymes y 200 millones para grandes industrias. "El resto de países de la Unión Europea no lo tienen, lo que hace que nuestra industria sea menos competitiva", apuntan desde las filas populares. El tributo, que impulsó el PP en 2013, estuvo suspendido desde finales del 2018, cuando se empezó a disparar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, y se suspendió durante la crisis de precios energéticos por la guerra en Ucrania.

Junts defendía que el impuesto sobre la producción eléctrica “perjudica doblemente la transición ecológica”

La enmienda transaccional que ha recibido luz verde está construida sobre una enmienda que registró inicialmente Junts en solitari. En concreto, la enmienda número 64 se remitía a las conclusiones del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que elaboró ​​un grupo de expertos para el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Una de las conclusiones era que el impuesto sobre la producción eléctrica “no diferencia según los efectos medioambientales de las diferentes tecnologías de generación eléctrica” y, por tanto, “perjudica doblemente la transición ecológica”, dado que “dificulta la electrificación, ya que eleva los precios relativos de la electricidad” y “no promueve el cambio tecnológico dentro de la generación eléctrica”. “Nosotros no formamos parte de ningún bloque, lo que hacemos siempre es mirar por los intereses de las empresas y la ciudadanía de Catalunya”, ha defendido la diputada Pilar Calvo en declaraciones en el patio del Congreso.

ERC argumenta que el impuesto “encarece la producción de energía eléctrica y retrasa la descarbonización”

Por su parte, fuentes de ERC consultadas por ElNacional.cat defienden su apoyo a la transaccional firmada por el PP y Junts. Alegan que el impuesto “encarece la producción de energía eléctrica y retrasa la descarbonización porque despega la energía eléctrica, que es la energía más limpia que hay, y dificulta los avances hacia la transición ecológica y las políticas verdes”. Asimismo, sostienen que es un “impedimento para el crecimiento de las empresas energéticas públicas” y provoca una “pérdida de competitividad en los productores renovables independientes que luchan por hacerse sitio en un mercado completamente monopolizado”. Además, las mismas voces republicanas reiteran su apuesta por “intensificar” las obligaciones tributarias a los “beneficios de las grandes empresas energéticas ya las productoras y distribuidoras de gas y petróleo” para acentuar la “electrificación de la economía”.