Miles de tractores irrumpen desde hace días, con protestas que seguirán de manera casi ininterrumpida hasta el 23 de febrero, en el paisaje de unas ciudades donde resultan chocantes. Allí (aquí), critican, los poderes públicos no tienen en cuenta sus dificultades. “Nuestro fin, vuestra hambre”, rezan pancartas de agricultores y ganaderos con muchos frentes abiertos. Burocracia, adaptación a las normativas ambientales europeas y una competencia foránea con menos regulación forman un cóctel de malestar de diferente gravedad en cada sector. Pero un problema que se escucha desde hace años sigue como telón de fondo: los productores tan solo se quedan con 1 de cada 4 euros que se pagan en el supermercado.
Para Tomás García Azcárate, economista especializado en política agraria común y mercados agrarios, “una de las claves de las que no se está hablando es que a las grandes explotaciones les va muy bien y son las medianas y las pequeñas las que están sufriendo”. “La agricultura española y europea exporta como nunca, pero a las que tienen más de 500 unidades de dimensión les va muy bien y a la agricultura familiar mucho peor”.
El secretario de organización de Unió de Pagesos, Carles Vicente, lo resume de esta forma: “Si los precios que se pagan al agricultor y al ganadero fueran mejores, la burocracia nos molestaría, pero nos asfixiaría menos. Los bajos precios que imponen las grandes distribuidoras multiplican los efectos negativos de la Política Agraria Común europea (PAC)”.
La PAC prevé que los terrenos dejen una parte improductiva para estimular una mayor biodiversidad y premia las hectáreas de secano con 47 euros por hectárea. También impone un mayor control de los cultivos mediante el cuaderno digital donde se rellenan todos los detalles de la explotación y prevé una reducción del 50% de pesticidas químicos.
Las protestas han llevado a que la Comisión Europea haya matizado o pospuesto casi todas estas medidas como respuesta a las marchas. “También en eso es clave el tamaño. No es lo mismo para una gran explotación tener que rellenar este cuaderno o dejar una parte improductiva que para una pequeña”, apunta Azcárate.
Pero si existe un elemento central, y este es histórico, en las reivindicaciones del campo, es el control sobre los precios que, según denuncian, imponen los supermercados. Después de trabajar el alimento durante un año, los ganaderos y agricultores tan solo se quedan con 1 de cada 4 euros pagados en el supermercado. La ley de cadena alimentaria impulsada para controlar estos márgenes impide que un productor venda a pérdidas, pero según los agricultores movilizados, no funciona. El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos elaborado por COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) muestra que, de media, los supermercados cobran 4,17 veces el precio en origen.
Pero hay también una gran diferencia entre productos. Así, los plátanos se pagan a 27 céntimos el kilo en origen y se venden a 2,25 euros en el supermercado, 8 veces más de lo que cobra el agricultor. El limón se llega a pagar 10 veces más caro en destino que en origen y el brócoli 5 veces más caro. El aceite de oliva, en cambio, tan solo sube un 17% de origen a destino y los huevos, un 47%. Entremedio, según apuntan tanto los críticos como estudios económicos por actualizar, los intermediarios y grandes cadenas de transporte han elevado sus márgenes, más en los últimos años incluso que los supermercados.
Aunque los márgenes de los supermercados sean elevados, no es cierto el mantra de que cada vez se pague peor a los agricultores, al menos según lo que muestra el último informe de Eurostat. En 2023, se incrementaron un 12,32% los precios en origen y los costes de producción bajaron un 6,75%. Ahora bien, 2023 fue un año atípico, ya que “en 2022 subieron mucho los costes de los ganaderos por la subida del precio de los cereales, vinculada a la guerra de Ucrania, que sirven de comida al ganado, y este año esos precios han bajado”, apunta Azcárate.
Si ponemos los precios en origen y los costes de producción en perspectiva, vemos que ambos suben. Los costes que más han subido desde 2019 para los agricultores son los fertilizantes, que han aumentado un 71% en solo 4 años. Los alimentos de ganado han bajado este año, pero porque subieron más de un 30% en 2022 debido a la crisis de Ucrania y acumulan un 46,2% de subida con respecto a 2019. Los carburantes han aumentado un 48,8% desde entonces.
Los agricultores sí que han repercutido esta subida de costes en los precios en origen, pero seguramente no lo suficiente. Así, el trigo ha subido en origen un 43,3% desde 2019 (con una bajada importante en el último año como consecuencia de la gran subida por la guerra de Ucrania). El cordero ha subido en origen un 41%, pero el plátano ha caído un 29,5% desde 2019. La judía verde plana tan solo ha visto su precio subir un 5,6%, después de fuertes bajadas en 2010 y 2021.
Las subidas de precios en el supermercado, según marca el IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE) es similar a la subida en origen, seguramente porque el problema de los márgenes viene de mucho antes. Así, destaca la subida del 90% del aceite de oliva en cinco años (que llegó a bajar en 2020) o de la leche entera, que subió un 44% en los últimos 4 años. Los huevos han subido un 40%, la pasta un 36,7% y la carne de vacuno un 25,5%.
No satisfacen al campo ni las ayudas económicas directas al campo previstas por la PAC, que supusieron 4.875 millones en ayudas en 2023 a 622.404 agricultores españoles, ni la ayuda extraordinaria aprobada el pasado martes por el gobierno de Pedro Sánchez para 139.765 explotaciones por valor de 268 millones de euros para compensar las consecuencias de la sequía y de la guerra de Ucrania. Tampoco que la Comisión Europea haya reculado en sus decisiones.
Las diferencias son también considerables por territorio. Si miramos la evolución del Producto Interior Bruto Agrario, por ejemplo, el español ha crecido un 30% en valores absolutos desde el año 2000. Si lo comparamos con el PIB total, ha crecido tres veces menos, puesto que el Producto Interior Bruto ha crecido un 108% en la misma época.
Pero si nos detenemos en Catalunya, la situación es mucho más preocupante. La agricultura es la única actividad que retrocedió en el PIB catalán en 2023 y, en términos absolutos, es la única que está peor que en el año 2000. Su valor total en millones de euros es de 1.622 millones, mientras que en el año 2000 era de 1.942. O sea, ha sufrido un retroceso del 19,7%. En el mismo periodo de tiempo, el PIB total catalán también se ha más que duplicado, al pasar de 116.554 euros a 250.221, aumento que supone un 114%. El predominio de la agricultura familiar sobre las grandes explotaciones también le ha penalizado.
Un malestar de fondo
El malestar es de fondo y los planes de la Unión Europea para el campo no encajan con los que tienen los agricultores. Para Francesc Reguant, presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Col·legi d’Economistes de Catalunya, “existe una acumulación de problemas externos e internos”. “El covid, la guerra de Ucrania y la sequía han sacudido los mercados y han generado un par de burbujas de precios y todo esto desestabiliza”, apunta.
“Existen elementos externos que tensan la vida del agricultor. Pero también hay muchos elementos del Green Deal europeo que han generado muchas tensiones”, añade Reguant. “Antes les daban unas ayudas, pero mantenían cierta libertad. Ahora, imponen una serie de medidas en cuanto a pesticidas, cuaderno digital… La gente está asustada con el cuaderno digital, no están acostumbrados a vivir bajo tanto control”, añade.
El problema, coinciden Azcárate, Reguant y también Unió de Pagesos, no es la aplicación de controles y medidas ambientales al día a día del campo, sino que “no se ha explicado bien ni se ha contado con los agricultores, a los que se les pide un 30% de agricultura ecológica y muchas veces no es posible”, según Reguant.
“Pedir la disminución de un 50% de pesticidas o de alcanzar un 25% de cultivo ecológico sin ningún tipo de estudio ni análisis de impacto es una medida llena de improvisación y desparpajo”, apunta Azcárate. Y, de nuevo, el tamaño importa y la brecha se ensancha. “La agricultura familiar, con pocos medios, tarda mucho en poder aplicar todo esto mientras que los grandes agricultores van como un cohete”, añade.
"Lo que pide la UE a los agricultores en cuanto a cultivo ecológico o eliminación de pesticidas, sin ningún estudio de impacto, es una medida llena de improvisación y desparpajo", Tomás García Azcárate
La brecha digital y técnica, con “agricultores más modernos” que consiguen aplicar nuevas técnicas o sembrar con drones y satélites, se agranda también, no solo por los tamaños de explotaciones sino también por conocimiento técnico, según cuenta Azcárate. “Dejar un 4% de superficie no cultivada no tiene por qué suponer menor productividad, hay quien consigue mejorarla, por ejemplo, dejando bordes florales en parcelas para que polinicen”, abunda.
Existían en España 914.871 explotaciones en 2020, un 7,6% menos que en 2009, pero una cantidad similar de hectáreas cultivadas, 23,9 millones en 2020. En Catalunya, son 53.903 explotaciones, un 12% menos que en 2009. Hay también menos trabajadores activos y menos autónomos, tanto en España como en Catalunya. Según denuncian los agricultores y ganaderos que se manifiestan en toda España, el éxodo seguirá en los últimos años si la Unión Europea y el gobierno español no trazan un plan que garantice una mayor rentabilidad para las fincas.