Los principales ganadores de la propuesta para la reforma de las pensiones presentada este viernes por el Ministerio de Inclusión y Seguridad son los actuales pensionistas que cobran el mínimo y las mujeres pensionistas que tendrán una mejora a partir del año próximo. Igualmente saldrán beneficiados los futuros pensionistas que hayan tenido carreras irregulares; es decir, que sus salarios no hayan tenido un crecimiento lineal con los años. Se quedan como están aquellos trabajadores que, sin llegar al máximo de cotización, sus salarios hayan crecido año tras año, que se quedan más o menos como ahora. Lo cual ya es ganar, pues la anterior propuesta del ministro José Luis Escrivá suponía un recorte en sus futuras pensiones, aunque según los cálculos de Fedea se habría limitado a una merma del 1%.

Entre los perdedores se encuentran los trabajadores cuyas nóminas están por encima de la base máxima de cotización, pues su cuota a la Seguridad Social crecerá año tras año y, sin embargo, su futura pensión aumentará muy por debajo de sus aportaciones al sistema. Y lo grandes perdedores son las empresas que asumen, casi por completo, el incremento de los ingresos del sistema público de pensiones de aquí a 2050 que podría llegar a los 15.000 millones de euros al año cuando se hayan desplegado totalmente las medidas planteadas por el Gobierno. Cabe recordar que los cambios se implementarán gradualmente.

A todos los trabajadores les subirá la cuota

Pero al margen de ganadores y perdedores, se aumentará la cotización a todos los trabajadores, aunque no mucho. La aportación al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -aprobado en 2021- se doblará del actual 0,6% a un 1,2%. Este mecanismo, creado para generar un colchón de reserva y que no computa para la futura pensión, lo pagan empresarios y trabajadores en una proporción de 5 a 1. Es decir, que del 1,2%, la empresa se hará cargo del 1% y el trabajador del 0,2%. Este año se ha empezado a aplicar, un 0,5% la empresa y un 0,1% el trabajador, e irá subiendo en los próximos seis años y, a partir de 2029, se mantendrá ya en el 1,2% hasta 2050.

Escrivá ha aceptado dos de las principales peticiones de los sindicatos: reducir la brecha de género en las pensiones e incrementar las pensiones mínimas. Respecto a lo primero, el Gobierno ha planteado como medida de choque revalorizar el actual complemento de brecha de género de las pensiones con un 10% añadido a la subida que le corresponda durante 2024 y 2025. El complemento aporta 34,4 euros por hijo y está destinado a las mujeres, excepto que el nacimiento del hijo hubiese afectado a la carrera laboral del hombre. Además, las mujeres tendrán una mejoría en las actuales lagunas de cobertura (años en que no trabajaron) que se compensa con unas cotizaciones mínimas. Respecto a la mejora de la pensión mínima contributiva (966 euros al mes en caso de la jubilación con cónyuge a cargo) se pretende que entre 2024 y 2027 se aproxime al 60% de la renta mediana de un hogar de dos adultos.

¿Qué pasa con el cómputo de la pensión?

Respecto al cómputo de cálculo de la pensión, ¿por qué unos trabajadores salen ganando y otros no? El periodo de cálculo siempre se ha realizado sobre los últimos años cotizados, que hasta 2011 eran 15 años y desde entonces se ha ido incrementando hasta los 25 actuales. Por lo general, un trabajador va teniendo mayor sueldo según pasan los años, aunque sólo sea por los incrementos salariales, por lo que conviene que los primeros años de la vida laboral no se computen en el cálculo. De aquí la férrea oposición de los sindicatos y de los partidos de izquierda socios del Gobierno, empezando por Unidas Podemos, que se han negado a la pretensión de Escrivá de ampliar de 25 a 30, aunque con la posibilidad de descartar los dos peores años de cotización.

La decisión de haber retirado esta medida ha beneficiado, pues, a aquellos trabajadores que han tenido unos incrementos salariales continuados que, aunque no verán aumentada su pensión futura, han conseguido que no se la recorten. No obstante, cada vez hay más trabajadores que al final de su carrera han perdido sus empleos y sus ingresos se han reducido, por lo que computar los últimos años es un perjuicio para ellos. La alternativa dual presentada por Escrivá supone un alivio para este colectivo, cada vez más numeroso.

Perder el trabajo al final de la vida laboral

Supongamos un trabajador que perdió su trabajo a las 60 años y se colocó en un empleo con un salario inferior. La propuesta de que su cómputo no se realice contabilizando los últimos 25 años, sino 29 desechando los dos más bajos, le beneficia doblemente: por un lado se quitará dos de los últimos cinco años y, por otro lado, al alarga su cómputo a 27, suma dos de los años buenos. En realidad, el pensionista no tendrá que elegir entre coger esta modalidad o quedarse con los 25 últimos años sin poder descontarse los malos. El cálculo lo hará automáticamente la Seguridad Social y aplicará al pensionista la opción más ventajosa para él. Un sistema que se aplicará en los próximos 20 años y después se generalizará el modelo de 29 años descontando los dos peores.

Los asalariados con mayores nóminas

El sistema establece que no se cotiza por la totalidad de lo cobrado cuando se pasa de una cierto límite que este año se ha fijado en 53.946 euros brutos al año. Así, una persona que cobre 80.000 euros al año, sólo cotizará por esos 53.946 euros y no por los 26.054 restantes que quedan exentos tanto para el trabajador como para la empresa. En la parte negativa, también tiene topada la pensión máxima.

Pues bien, dos de las tres medidas que buscan generar mayores incrementos están centradas en este colectivo. La primera es el aumento de esas cotizaciones máximas, lo que se ha venido llamando el “destope”, a razón de un 1,2% añadido cada año, además del incremento del IPC. Lo que implica un incremento del 38% hasta 2050. Sin embargo, su pensión futura subirá mucho menos, un 20% hasta 2065, una medida que ha sido criticada al entender que se trataría de “un impuesto encubierto” al no generar un beneficio correlativo.

“Cuota de solidaridad” de los mayores salarios

Además, el Gobierno ha creado la llamada “cuota de solidaridad” que se aplicará sobre el dinero que quede fuera de la cotización máxima. Volviendo al ejemplo de los 80.000 euros, esta cuota se aplicará sobre los 26.054 euros restantes a partir de 2025, en concreto ese año será del 1% (260 euros en este caso). A partir de ese año se irá incrementado un 0,25% hasta llegar al 6% en 2045.

Pero las grandes paganas de la reforma diseñada por el Gobierno son las empresas: tendrán que doblar su aportación al MEI, desde el 0,5% actual al 1%, y correrán con el 85% del aumento de los ingresos que procedan tanto del destope de las pensiones, como de la cuota de solidaridad. Por este motivo, la CEOE ha declarado que no la apoyará.