El colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya (API), crítico con la recién regulación de los alquileres. La organización lamenta que la nueva normativa haya provocado la caída de un 15% de la oferta de vivienda en alquiler en Catalunya, la salida del mercado de los "mejores activos" para uso residencial y el repunte del precio de los de menor calidad, además de reprochar la disminución de la inversión en real estate. 

Los expertos señalan que los incentivos fiscales a los propietarios que reduzcan el precio de la renta de su piso en un 5% es la “mejor de las propuestas”, si bien aclaran que no tienen constancia de una aplicación masiva.

Reducción de la oferta en Catalunya

Anna Puigdevall, directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), asegura que en Catalunya ya se conocen las consecuencias negativas de la limitación de rentas: “Una reducción de la oferta de alquiler en un 15%; la salida del mercado de los mejores activos para uso residencial y la subida de precio de los de menor calidad que estaban por debajo del límite; la no inversión de los propietarios en el mantenimiento de sus pisos por la imposibilidad de obtener una rentabilidad de su propiedad; la disminución de la inversión en real estate; y un caos regulatorio a nivel nacional por las diferencias entre comunidades autónomas en función de si aplican o no la limitación de rentas”.

En una mesa redonda sobre El mercado del alquiler en España: Claves para invertir en un contexto inestable y de incertidumbre, Puigdevall agregó que ahora "los pequeños grandes tenedores, con hasta 10 inmuebles, ponen en muchos casos a la venta alguno de sus inmuebles para dejar de ser calificados como grandes tenedores o los dedican a otros tipos de alquiler, por lo que se sigue reduciendo la oferta disponible de alquiler residencial”. “Además, los grandes tenedores realizan una menor inversión inmobiliaria y llevan a cabo un mayor control de la solvencia de los inquilinos para evitar situaciones de vulnerabilidad y morosidad”, indicó. 

Con respecto a las modificaciones en los procesos de desahucio, los API afirman que el problema sigue siendo el mismo: temor al impago y, por lo tanto, mayor exigencia en el estudio de solvencia del inquilino. Sin embargo, sí aplauden los incentivos fiscales a los propietarios que reduzcan el precio de la renta de su piso en un 5%. 

Falta de inversión

En cuanto a los fondos Next Generation, Vicenç Hernández, presidente de la AIC, explica que los fondos Next Generation están enmascarando una situación presupuestaria precaria. "Si destináramos el 0,6% del PIB español a vivienda pública, contaríamos con un presupuesto de 8.000 millones anuales en vez de los 1.000 millones actuales. El presupuesto de este año para políticas de vivienda pública es la mitad que el de hace 20 años”.

Finalmente, tanto Puigdevall como Hernández Reche insisten en que la regulación del mercado del alquiler "ha conseguido el resultado contrario al deseado", provocando "más dificultad de las personas con menos recursos para acceder al mercado". “Recordemos que con la subida de tipos también se ha dificultado la compra por parte de los ciudadanos con menos recursos. Y esto se produce mientras tenemos un parque inmobiliario cada vez más deteriorado por la falta de inversión, un incremento de la desigualdad entre comunidades y una menor inversión y construcción de vivienda”, acaban ambos expertos.