La Justicia británica ha aprobado el embargo de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes en Londres, con un saldo de 805.808 euros, como compensación por el impago del gobierno español a fondos de inversión que invirtieron en renovables en España, según una sentencia a la que ha tenido acceso ON ECONOMIA por fuentes de las empresas denunciantes. El litigio arrancó en 2014, con una denuncia de Infrared, que agrupa diferentes fondos de inversión, que reclamaba una compensación de 75 millones de euros después de que el Gobierno español del PP anulara de manera retroactiva las primas aprobadas por el ejecutivo anterior, socialista, para fomentar la inversión en renovables.
Una vez se confirmó en 2021 la sentencia final del tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, la cantidad quedó reducida a 28,2 millones de euros. El gobierno español se negó a efectuar estos pagos y los intereses de demora y condenas en costas van incrementando el coste del caso para el gobierno español, con una suma de más de 9 millones de euros a la cantidad fijada.
El pasado mes de abril, se embargó cautelarmente la sede del Instituto Cervantes y también la del organismo de promoción económica de Catalunya, Acció. Los afectados por los impagos iniciaron un proceso mediante el cual pedían la intervención de cuatro cuentas bancarias y un equipo de abogados y consultores empezó a trabajar en el proceso a principios de año. La decisión judicial ha sido adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales y lleva la rúbrica del magistrado Richard Harold Davison.
Son 25 los procesos abiertos contra el gobierno por los fondos de inversión, que esperan que se autoricen nuevos embargos también en Australia, donde la Corte Suprema también ha fallado contra España y ha reclamado el reconocimiento de la deuda. Las mismas fuentes de los fondos de inversión aseguran que "la inseguridad jurídica es especialmente problemática en el ámbito de las energías renovables" y reclaman una solución, ya que "dejar que esta situación se siga enquistando solamente tendrá malas consecuencias para España".