La entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha generado que la gran mayoría de las comunidades autónomas reduzcan los presupuestos destinados a la rentas mínimas, a pesar de que se planteó la convivencia de ambos subsidios cuando entró en vigor el IMV con el fin de completar posibles lagunas en la prestación del ingreso mínimo vital. Sin embargo, en 2021, últimos datos disponibles, en todos los territorios se redujo el gasto de las ayudas a los colectivos más desfavorecidos salvo en Baleares, donde aumentó un 38,8% respecto a 2020, Canarias con un incremento del 38,8%, y en Catalunya que subió el 0,53% en la partida de las rentas mínimas, según el análisis realizado por CCOO con datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Cabe recordar que ambos archipiélagos sufrieron las mayores caídas de empleo en 2020 y 2021 por el efecto del covid sobre el turismo, principal actividad de ambas comunidades autónomas. Sin embargo, de los tres territorios donde ha aumentado el gasto en renta mínima, sólo en Catalunya y en Canarias ha aumentado también el número de beneficiarios, un 14,7% en la primera y un 38,5% en la segunda. En Baleares, a pesar del incremento de la partida presupuestaria, el número de hogares cayó en 2021 el 57,6%, lo que supone un aumento del ingreso medio por beneficiario. Es el único territorio donde se produce este fenómeno de más gasto y menos beneficiarios

1.722 millones de euros, un 12,6% menos

En conjunto, el gasto total de las 17 comunidades autónomas en 2021 en rentas mínimas sumó 1.722 millones de euros, con un descenso del 12,6% en 2021 respecto a 2020, año en que entró en vigor el IMV. Respecto a los hogares beneficiados por esta ayuda autonómica, disminuyeron un 17,3% en 2021, hasta 305.340 familias, 64.300 menos que el año anterior. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, se da una paradoja, pues en cinco comunidades autónomas, aunque desciende el presupuesto para rentas mínimas, aumenta el número de beneficiarios. Lo que implica que la prestación por hogar se ha reducido en estos territorios.

El caso más paradigmático es la Comunidad valenciana, pues a pesar de que el gasto en estas ayudas descendió en 2021 un 1,5%, prácticamente duplicó las familias amparadas (93,9%). En Navarra, el número de beneficiarios subió un 16%, pero el gasto bajó un 3,3%; en Asturias el presupuesto cae un 11% y los perceptores suben el 7,2%; en el País Vasco el gasto desciende el 5,2% y las familias con ayuda aumentan el 4,3% y, finalmente, en la Rioja se elevó el número de perceptores un 54,2% y, sin embargo, el presupuesto descendió un 34,2%.

En las 9 comunidades autónomas restante, la correlación es más equilibrada: cae el gasto y caen los beneficiarios. La mayor reducción del gasto en 2021 se produce en la Comunidad de Madrid donde desciende el 55,5% y los beneficiarios bajan el 51,35; en Castilla-La Mancha el presupuesto cae un 53,4% y los perceptores el 73,2%; en Aragón un 52,5% y un 31,2% respectivamente; en Castilla y León un 49,1% y un 49%; en Extremadura el 42,4% y el 10,2%; en la Región de Murcia el 37% y el 41,8%; en Andalucía un 33% y un 9%; en Cantabria el 27,6% y un 31,3%; en Cantabria el 27,6% y el 31,3% respectivamente y, finalmente, en Galicia el presupuesto en rentas mínimas descendió en 2021 el 17,1% y las familias beneficiadas el 26,2%.

567.700 hogares sin ingresos

CCOO observa “con preocupación” que la implantación del ingreso mínimo vital conlleve la minoración de la rentas mínimas autonómicas. En su opinión, en vez de aprovechar la nueva prestación de la Seguridad Social para “reforzar estos sistemas de rentas mínimas ampliando a más colectivos y mejorando las cuantías, en algunos territorios está sirviendo para una mera transferencia de gasto”.

Carlos Bravo, responsable de políticas públicas y protección social de CCOO, defiende que la creación del IMV no implica una sustitución, sino una política complementaria. Especialmente si se tiene en cuenta, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que el sindicato esgrime, que en España hay 567.700 hogares en los que ningún miembro genera algún ingreso económico, ni por trabajo ni por ayudas públicas. Y, aunque gracias a la puesta en marcha del IMV, entre otras medidas, se ha reducido en 51.200 hogares desde 2020, supone un número preocupante en opinión de CCOO.

Reconfigurar el sistema total de ayudas

CCOO denuncia que el número de hogares amparados por el IMV, a pesar de crecer de forma continuada -576.670, con 1,633 millones de personas beneficiadas entre menores y adultos, en febrero- no cubre las previsiones de la Seguridad Social, que calculó entre 700.000 y 800.000 hogares con necesidades financieras acuciantes. La principal causa que motiva que estos hogares con derecho no cobren el ingreso mínimo es, en opinión del líder sindical, el “incumplimiento de los umbrales económicos de ingresos y patrimonio. Por lo que parece necesaria la revisión de la manera de determinar los recursos económicos que se deben evaluar”, apunta el sindicato.

Bravo denuncia que hay familias que se quedan fuera del IMV, pero también de las prestaciones asistencias del Servicio Público de Empleo (Sepe), por lo que considera grave un recorte del gasto de las comunidades autónomas en rentas mínimas. En su opinión, se debería plantear una recomposición de las prestaciones públicas destinadas a los hogares más desfavorecidos, especializando las tres ayudas actuales: las rentas mínimas deberían destinarse a los colectivos más desfavorecidos, posiblemente incapaces de entrar en el mercado laboral; las prestaciones asistenciales del Sepe como un ayuda para la vuelta al Mercado laboral de parados de larga duración que se han quedado desfasados y el IMV como un apoyo mixto entre ambos colectivos.