La cruzada del Ministerio de Sanidad contra el vapeo y las bolsas de nicotina tiene en vilo al sector y amenaza no solo su actividad, sino su empleo con un Real Decreto que pretende aprobar en los próximos meses. Las restricciones, prohibiciones y subida de impuestos ponen en riesgo más de 3.800 empleos en toda España, de los que la gran mayoría están en Catalunya, unos 3.000, pues es la comunidad que tiene buena parte de la industria.
Un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) calcula que la prohibición de los sabores en el vapeo, que es prácticamente inédita a escala europea, puede poner en peligro al sector industrial y a los estancos, y tendría un alto coste económico y social para el país. AFI estima que de los 77 millones de euros con los que el vapeo contribuyó a las arcas públicas vía impuestos en 2023, se quedarían en unos 10. Sin embargo, el sector eleva el impacto económico de esta medida a más de 100 millones.
No obstante, el mayor coste es el del empleo. El vapeo genera 317 millones de euros, que podrían llegar a los 550 millones en 2030 si no se aplican las prohibiciones. Éstas no sólo reducirían significativamente dichas cifras, sino que pondrían en riesgo el 80% de los trabajadores de su industria, que son algo más de 4.600. Es decir, unos 3.800. El sector del vapeo en España está formado por 500 empresas, que son todas pymes, micropymes y autónomos, sumando a los fabricantes y 450 tiendas.
La situación es especialmente grave en Catalunya, una de las comunidades autónomas con más tiendas y la principal productora, pues cuatro de los cinco fabricantes de líquidos para el vapeo en Espanya son catalanes. “Se estima que entre un tercio y un 80% de la pérdida de valor añadido y empleos de la industria del vapeo se concentraría exclusivamente en Catalunya”, según el sector, por lo que hablamos de unas 3.000 personas.
Restricciones inéditas en los países de nuestro entorno
El sector ha levantado la voz contra Sanidad y su ministra, Mónica García, de MásMadrid, porque considera demasiado restrictivo el real decreto que regula su actividad, y no solo en lo que respecta al vapeo, sino también a las bolsas de nicotina y las hierbas para calentar. Denuncia, de hecho, que tales prohibiciones “no existen en ningún país de nuestro entorno” y que los impuestos se situarían entre los más altos de Europa, más que triplicando la media de la UE.
Respecto al vapeo, la medida es, según el sector, prácticamente letal para el mismo, pues prohíben los sabores para el vapeo, que suponen el 87% del mercado. “Nació con el objetivo de proteger la salud de los menores y, en el proceso, ha perdido el foco, atacando únicamente a nuestros productos y sin llegar al quid de la cuestión: la venta en canales no regulados a los que pueden acceder los menores”, denuncia Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios de Vapeo (UPEV).
Ribes asegura que ataca a las pymes: “De los más de 50 millones de vapers desechables que se venden anualmente en España, se venden 3 millones de botes de líquido de vapers. El texto ataca directamente a ese segmento, que no representa ni el 10% del total y que está gestionado por pymes y autónomos nacionales, no por multinacionales ni empresas de terceros países, como China”.
El sector también denuncia que perjudica a los consumidores, porque “los sabores frutales han ayudado al 71% de los vapeadores a dejar el tabaquismo o reducir considerablemente su consumo y son, de hecho, los más adquiridos por el consumidor”, lamenta Ribes, que recuerda una encuesta de Sigma Dos según la cual, tres de cada cuatro consumidores rechazan la prohibición y el 42,5% afirma que los buscaría en el mercado ilegal, “ajeno al control de las autoridades sanitarias”.
“En definitiva, este Real Decreto va en contra de alternativas menos tóxicas que han permitido a países como Suecia ser el primer país libre de humo del mundo (menos del 5% de fumadores). Sin embargo, en España estamos con una tasa de prevalencia mayor del 30% y no creemos que esta medida vaya a ayudar. Tememos que muchos recaerán en el tabaco de combustión”, lamenta el presidente de la UPEV.
“Prohibición de facto” de las bolsas
Por lo que respecta a las bolsas de nicotina, Sanidad quiere prohibir la venta de bolsas con más de 0,99 miligramos, lo que “se trata de una prohibición de facto, dado que no se comercializan bolsas de nicotina con estos niveles”, explica Mónica Andrade, portavoz del Global Institute for Novel Nicotine (GINN). Por ello, en el resto de países de Europa permiten la venta de bolsas, en algunos casos, de hasta 20 mg. “En mercados donde este producto está regulado, los niveles parten de 5 mg por unidad, una cantidad ajustada a las necesidades de los consumidores adultos”, añade Andrade.
Según una encuesta de IPSOS, en Dinamarca el 50% de usuarios de bolsas aseguró que recurriría al mercado negro, y el 20% que volvería a fumar, si se prohibían las bolsas de menos de 9 miligramos, nueve veces más que el máximo en España.
“La nueva normativa tendrá un impacto a todos los niveles, pero el efecto más directo y alarmante es el alza del mercado ilícito, con la consecuente comercialización de productos no regulados, lo que impacta negativamente tanto en los minoristas, como estancos y tiendas especializadas, como en consumidores adultos, que consumen productos sin estándares de calidad, lo que pone en riesgo su salud”, valora Andrade.
A nivel fiscal, el producto también estará muy castigado con el nuevo real decreto, pues con la propuesta de 100 euros por kilo, pasará a ser el país que más grava las bolsas de nicotina tras Finlandia, Letonia, Estonia y Dinamarca. El precio de la lata, que es como se vende este producto, pasaría de los 5 euros a los 7,75 euros, otro freno a su comercialización.
Desde el sector lamentan los efectos de estas medidas a la industria, pero advierten que también impactará en los estancos, pues las bolsas, los productos de calentamiento y los vapers son lo que está haciendo aguantar al sector ante la bajada de las ventas de cigarrillos. Actualmente, hay unos 13.000 estancos en España.
Las medidas del real decreto son, para el sector, contrarias a la legalidad, porque atentan contra el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea y la libertad de empresa. Aseguran, de hecho, que el Gobierno no puede imponer todas estas restricciones vía real decreto saltándose la voluntad popular y al Parlamento, pues no están regulados por ninguna ley en España. Si quieren regularlo, que sigan los procedimientos legales vigentes y no impongan su voluntad por Decreto.