¿Es posible compaginar la salud del sistema público de pensiones con la propia salud de los pensionistas? Con el primer objetivo, muchos países han reformado su sistema público de pensiones y entre las medidas más frecuentes, han ido elevación de la edad legal de jubilación y desincentivando la jubilación anticipada mediante el aumento de la edad mínima de acceso a la pensión. España ha seguido esta tendencia y, de hecho, se ha elevado la edad media de jubilación a algo más de 65 años, un año más que hace una década. Sin embargo, ¿qué efecto tiene para las personas trabajar más años?
Pues nada bueno, según el informe El efecto de retrasar la jubilación sobre la mortandad, dado a conocer este miércoles por el tink tank Fedea. El trabajo concluye que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. El riesgo se concentra especialmente en los sectores y, especialmente, las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad. En este sentido, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cerrado un acuerdo con sindicatos y empresarios, para incluir nuevos sectores y actividades que se puedan abandonar de forma anticipada, sin perder pensión.
El trabajo, elaborado por los estudiosos estudio S. Jiménez (Universidad Pompeu Fabra y Fedea), C. Belles (Universidad de Barcelona) y Han Ye (Universidad de Mannheim), se sustenta en un experimento generado por una reforma de 1967 que modificó la edad de jubilación anticipada en España en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de seguridad social, endureciendo así el acceso a la misma para un subconjunto de cohortes. No obstante, los autores advierten de que la evidencia empírica sobre los efectos de estas políticas sobre la salud y la mortalidad de los trabajadores es limitada y ofrece resultados contrapuestos, referidos con frecuencia a colectivos específicos y a políticas que han facilitado una jubilación más temprana.
Historial de la Seguridad Social
La reforma de 1967 permitía que aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que el resto (con algunas excepciones) tenían que esperar hasta los 65 años. La base de datos es un extenso archivo de datos administrativos sobre historiales laborales de individuos en las cohortes nacidas de 1935 a 1955 que la Seguridad Social ha hecho accesible a los investigadores a través de salas seguras y, recientemente, acceso remoto.
La investigación de Fedea valora los efectos de la citada reforma sobre la edad de salida del mercado de trabajo y los de esta última sobre la mortalidad en edades cercanas a la de jubilación. El estudio presta especial atención a cómo varían los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada. Y los resultados, como queda dicho más arriba, concluyen que alargar un año más la vida laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años.
5.213 de ahorro para el Estado
Con base en estos resultados, los autores calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción jubilación anticipada y muestran que el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales. Usando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, se desprende que un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por individuo. Por otro lado, la reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros, según el trabajo del tink tank económico. Además, puesto que la reforma conlleva una mortalidad temprana, se genera un ahorro para la seguridad social de 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.
En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones (5.213 euros) no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida (8.564 euros), lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social.
Los autores cierran su trabajo señalando que la prolongación de las vidas laborales puede ser un instrumento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero los resultados de la investigación invitan a diseñar con cuidado los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. A tener, especialmente en cuenta, el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones cuando se establezca edades mínimas y legales de jubilación, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.