Las pymes tienen que hacer frente a un sobrecoste de financiación de 1.270 millones de euros al trimestre, según un informe dado a conocer este lunes por Cepyme. Legalmente, las facturas deben ser pagadas como máximo a los 60 días de su emisión, sin importar si el cliente es público o privado. Pues bien, según el informe, las facturas se liquidaron de media a los 80,2 días; es decir, 20,2 días más tarde de lo que marca la ley. Por ver lo positivo, la morosidad poco a poco va descendiendo, en concreto se paga 1,5 días menos que en el segundo trimestre de 2023 (91,7 días), y 1,3 días si se compara con el mismo periodo de 2021.

Los costes de financiación asociada a la deuda comercial exigen un desembolso global de 2.750 millones de euros, según el estudio trimestral de Cepyme: financiar los 60 días legales implica un desembolso de 1.480 millones de euros al tejido de pymes españolas, pero la morosidad, es decir la financiación de esos 20,2 días de retraso, implica un sobrecoste de 1.270 millones de euros.

El estudio de la patronal de pymes incorporada a la CEOE hace cierto el dicho de que el pez grande se come al chico, pues mientras mayor tamaño, más impunidad a la hora de abonar las facturas. Así, las micropymes pagan de media a los 74,5 días (4,7 menos que el mismo trimestre de 2023); las pequeñas 78,7 (2,1 días de reducción); las medianas 85,2 (0,9 días de aumento) y las grandes 90,5 días (3,5 días más que en el segundo trimestre de 2023).

Por territorios

Catalunya es de las comunidades con menor morosidad. Si en el conjunto de España se paga a 80,2 días, en Catalunya a 74,3 días (con una reducción de 0,6 días respecto al segundo trimestre de 2023). Con plazos más cortos están Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León (la mínima, con 70,5 días de media), Extremadura y Navarra. El máximo plazo se da en Murcia, donde las facturas se pagan a los 92,6 días, y después Madrid, 90,1 días.

El período medio de pago se redujo en trece comunidades autónomas en el segundo trimestre de 2024, entre ellas Catalunya. Destacan los descensos en Baleares (-7,6 días), Andalucía (-4,4 días) y Murcia (-3,7 días). Entre los descensos del PMP también se encuentra el de Galicia, con un recorte de 1,9 días, superior a la reducción media de todo el país (1,5 días), poniendo fin a una serie de ocho trimestres consecutivos con incrementos.

Por el contrario, La Rioja registra tres trimestres seguidos de incrementos interanuales, el último de 6,5 días. Las otras dos comunidades cuyos PMP aumentaron fueron Cantabria y Castilla y León (0,9 y 0,2 días, respectivamente).

“Elevada morosidad”

El Observatorio trimestral de Morosidad de Cepyme considera que, pese a un “exiguo descenso estacional de 1,5 días respecto al año anterior”, el periodo medio de pago (PMP) se mantiene 20 días por encima del plazo máximo legal. Ante esta elevada morosidad, las asumen un alto esfuerzo financiero asociado a la deuda comercial. Un esfuerzo financiero se une al incremento de costes de todo tipo que sufren las empresas, lo que supone una menor disponibilidad de recursos y de liquidez. El esfuerzo financiero vinculado con la deuda comercial equivalió al 0,21% de las ventas de las pymes en ese mismo período, dos décimas más que el año anterior y la proporción más elevada desde 2015.

Entre los cuatro grandes sectores económicos, el PMP solo subió en la industria, situándose en 80,7 días, 3,2 más que en el mismo período del año anterior. En la construcción, el periodo medio de pago se redujo en 9,8 días, aunque con 94,9 días, se mantiene en valores muy por encima de la media. En los servicios, el plazo de pago bajó en 2,7 días, hasta los 71,2 días, y en el sector agroalimentario, la reducción del período medio de pago fue de 4,5 días, situándose en 68,7 días.

Venta a plazos

En cuanto al índice de morosidad en ventas a plazo (IMFVP) del Observatorio de Morosidad de CEPYME, que analiza la tendencia de las empresas a recurrir a acuerdos de aplazamientos del pago de facturas en sus relaciones comerciales, este mantuvo la tendencia de descenso de los dos trimestres anteriores, situándose en 45,4 puntos, el nivel más bajo desde septiembre de 2022.

Por tamaño de empresa, el índice de morosidad en las ventas a plazo retrocedió por tercer trimestre consecutivo tanto en las empresas pequeñas (-15,3%, hasta 37,3 puntos) como en las medianas (-22,9%, hasta 58,4 puntos). En las microempresas, el IMFVP bajó un 10,6% interanual, rompiendo una serie de ocho aumentos consecutivos, situándose en 76,9 puntos.

En el caso de las grandes empresas, este indicador sufre una fuerte volatilidad que, unida a un efecto base, lo sitúa en 675,1 puntos. Otorgando un valor de 100 a la tasa de morosidad promedio del conjunto de España en las ventas a plazo, las grandes empresas muestran la peor situación relativa, con un índice de 466,4, según el estudio de Cepyme.

A mucha distancia, aunque también por encima de la media nacional, están las microempresas, con 152,5 puntos. En cambio, las empresas pequeñas sobrellevan una morosidad en las ventas a plazo que es un poco más baja que la media general (95,6 puntos), mientras que las firmas medianas presentan la mejor situación relativa con un índice de 74,6 puntos.