El gobierno de Pedro Sánchez ha querido correr y, antes de celebrar las elecciones del próximo domingo, 23 de julio, cumplir con las promesas de cara al personal de la administración pública. Por una parte, ofertando contratación a la administración con cifras históricas de récord en los últimos tiempos, con un incremento del 200% y más de 180.000 plazas en los últimos cinco años, doblándose la del periodo anterior de Mariano Rajoy. Por la otra, actualizando los importes por gastos de desplazamiento y dietas que no se revisaban desde el 2005 a los trabajadores públicos.
Esta demanda, por lo tanto, llega in extremis, pero era necesaria si se tiene en cuenta que hacía prácticamente veinte años que no se actualizaban los precios y, en un contexto actual, de inflación. El año 1999, el precio para dietas y desplazamiento en coche estaba en 24 pesetas; en el 2004 se subió a 0,17 euros; y desde el 2005, a 0,19 euros. Con la nueva actualización se llega a 0,26 euros.
El incremento es de un 35% después de una congelación de precios que los sindicatos habían denunciado y el mismo Consejo General de Economistas daba la razón que esta cifra estaba demasiado por debajo de lo que correspondía. A pesar de todo, las coincidencias no son casuales. La revisión se abrió en diciembre del 2022 y Hacienda informó de que ya había empezado a trabajar. Pero no ha sido hasta este lunes, 17 de julio, que se ha acabado oficializando a través del BOE.
Coste de los combustibles
El presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha argumentado que el coste de la gasolina y el diésel se ha incrementado un 230% y un 240% respectivamente, desde la última revisión. Esta situación ha sido tildada de una situación que puede considerarse de "tratamiento ilícito para favorecer la propia administración, ya que son los mismos funcionarios públicos quienes están afrontando los gastos que le corresponden a la administración".
Si entramos en el paralelismo con el sector privado, este tampoco está exento de polémicas. Muchos de ellos, se han actualizado con las revisiones de los últimos convenios firmados entre patronales y sindicatos, aunque también ha sido un tema de debate en muchos sectores.